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Real Decreto-Ley 15/2018: medidas urgentes para la transición energética y protección de consumidores

Con el objetivo de contener el elevado precio de la electricidad y paliar sus consecuencias, el pasado 6 de octubre se publicó en el BOE, el Real Decreto Ley 15/2018 de 5 de octubre de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

El RDL introduce un paquete de medidas mediante modificaciones de la legislación vigente, algunas de carácter provisional a la espera del adecuado desarrollo legislativo.

Cinco son los bloques sobre les cuales pivotan las medidas:  pobreza energética y consumidores vulnerables,  protección de los consumidores, fomento  del autoconsumo,  transición energética y un último bloque relacionado con la fiscalidad para moderar la evolución de precios en el mercado mayorista.

En relación a la pobreza energética y protección de consumidores vulnerables: se amplia  el espectro de consumidores que tienen derecho al bono social eléctrico    (en cuanto a situaciones de dependencia reconocida y familias monoparentales ) así como la ampliación del cálculo del límite de energía sobre que se aplicará el bono social ; a su vez se introduce un nuevo colectivo cuyo suministro es considerado esencial y no puede ser interrumpido (unidad familiar con al menos un menor de 16 años, situación de dependencia en grado II o III, o con discapacidad reconocida igual o superior al 33%).

Se introduce como novedad el “Bono social térmico”, como una ayuda directa  respecto a la energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. La financiación, a diferencia del bono social eléctrico, correrá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

En relación al Bloque de protección a los consumidores:  con la entrada en vigor, la exigencia de revisión de instalaciones de más de 20 años, y solicitud de nuevo boletín se exigirá únicamente para  para incrementos de potencia -no en el supuesto de disminución de potencia- .

Por otra parte, y con el fin de racionalizar la potencia contratada por parte del consumidor de hasta 15 kW de potencia, se le permite contratar la potencia en múltiplos de  múltiplos de 0,1 kW, si dispone de contador con discriminación horaria y telegestión.

En otro orden de cosas,  se prohíbe a las comercializadoras de electricidad y gas realizar campañas de captación de clientes domésticos mediante el sistema “puerta a puerta”, y se limita la posibilidad de las comercializadoras de acceder a la información sobre la empresa comercializadora que actualmente realiza el suministro.

En cuanto al Bloque destinado al Autoconsumo se realiza una redefinición del mismo y a fin de promocionar el mismo, se elimina el mal llamado  “impuesto al sol“, quedando la energía autoconsumida, exenta de todo tipo de cargos y  peajes . El RDL, en cumplimiento de lo que había dictaminado el Tribunal Constitucional, abre la puerta al desarrollo del autoconsumo compartido, incluso de distintas fincas si están conectados al mismo centro transformador.

Estas medidas están sujetas al desarrollo reglamentario de las mismas que deberá tener lugar en el plazo de tres meses.

En cuanto a las medidas para la transición energética y para la integración de renovables, se amplía el plazo de caducidad de los derechos de acceso y conexión otorgados antes de la entrada en vigor de la LSE hasta 31 de marzo de 2020.

A fin de impulsar la movilidad eléctrica, se elimina la figura del Gestor de Cargas, liberalizándose la actividad de recarga energética de vehículos;  solo para el caso en el que no existe interés por parte de la iniciativa privada se permitirá a las empresas distribuidoras ser titulares de último recurso de las infraestructuras para la recarga de vehículos.

Finalmente se introduce un bloque de medidas temporales que afectan a la fiscalidad, cuyo objetivo es moderar la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad. Así, se establece la exoneración durante un semestre del impuesto del valor de producción de energía eléctrica -IVPEE-, mediante una reducción del tipo al 0% (no computando a efectos de la base del impuesto el último trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019).

Y en ultimo termino se introduce una exención sin límite temporal en el Impuesto sobre Hidrocarburos para los productos energéticos destinados a la producción de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de electricidad y calor en centrales combinadas.

El jueves 18 de octubre se verá si se convalida  el Real Decreto-Ley, si se tramita como Proyecto de Ley, para la introducción de enmiendas, o si la geometría parlamentaria juega una mala pasada al Gobierno.

En todo caso, algo que puede pasar desapercibido, pero es sin duda relevante, es la anticipación, por parte del RDL, de un déficit de ingresos del sistema eléctrico para 2018 y 2019, puesto que se contempla (Disp Adic. Primera) que el superávit de ingresos de los años anteriores pueda aplicarse a cubrir los “desajustes temporales” de 2018 y 2019.

 

 

 

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El TC confirma la constitucionalidad del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica

Desde su entrada en vigor, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) ha estado rodeado de polémica, en parte zanjada (o cerrada) por el reciente Auto del Tribunal Constitucional de fecha 20 de junio de 2018, que  confirma su adecuación a los principios constitucionales.

La configuración del IVPEE, que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico, de energía eléctrica, independientemente de cual sea su fuente de generación,  ha sido bendecida por el TC, que considera es acorde con  los principios constitucionales tributarios del art. 31 CE, esto es, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad.

En cuanto al principio de capacidad económica, el TC considera que  no queda lesionado por el hecho de que el IVPEE grave una manifestación de capacidad económica similar a la del IAE, ni del resto de normas que integran del bloque de constitucionalidad.

El motivo: se está analizando la relación entre un tributo estatal y un tributo local, y por tanto no existe el supuesto de doble imposición prohibido por el artículo 6 de la LOFCA (Ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas), que sí se daría entre un tributo estatal y otro de ámbito autonómico.

De hecho, el TC destaca que la relación entre el IVPEE y el IAE es análoga a la existente desde hace años respecto de otros tributos, por ejemplo: el IAE y el IRPF/IS/IRNR; el IRPF y el IIVTNU; el IRPF y el IBI.

Por el otro lado, en cuanto al principio de no confiscatoriedad, el TC reitera su consolidada doctrina de que su infracción es una cuestión de prueba a cargo de quien la invoca, descartándose tal imputación, al no considerar probada dicha circunstancia.

Así pues, podemos concluir que el TC ya ha confirmado la adecuación del IVPEE a los principios de seguridad jurídica e igualdad previstos en los artículos 9.3 y 14 CE (STC 183/2014) y a los principios constitucionales tributarios del art. 31 CE (Auto TC de fecha 20 de junio de 2018).

A mayor abundamiento, y para continua sorpresa de quienes consideramos que la lógica y la coherencia deberían ser requisitos ineludibles de toda norma, debemos destacar que el TC reitera que carece de cualquier relevancia constitucional la total contradicción entre la Exposición de Motivos del IVPEE, que lo califica de tributo con finalidad extrafiscal medioambiental, y la efectiva configuración material del tributo, que no incluye ni un solo elemento extrafiscal.

Por último,  tras este Auto, existe aún la posibilidad de que el IVPEE sea declarado contrario al Derecho Comunitario como consecuencia del planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece remota, por no decir casi imposible, puesto que el propio TC afirma expresamente su “convicción de que el IVPEE se ajusta al Derecho de la Unión” y por ello descarta el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ciertamente, todavía queda la posibilidad de que algún Tribunal Superior de Justicia la plantee, pero sin duda éstos considerarán el precedente el TC.

Parece, pues, que la industria de la generación eléctrica tiene que asumir el impuesto, sin que el TC haya entrado a abordar en qué grado el IVPEE presenta una finalidad extrafiscal y si ésta predomina o  no sobre su función recaudatoria.

En el horizonte aparece no obstante, la losa de la reconfiguración tributaria si la transición energética ha de ser una realidad: hay que abordar la reforma de la fiscalidad ambiental de los productos energéticos, de tal forma que se mejoren las señales de precio a los consumidores y se internalicen los daños ambientales derivados de las decisiones de producción y consumo de cada producto.

 

 

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Transición energética y cambio climático

La Comisión de Expertos sobre Transición Energética presentó el pasado día 2 de abril el informe con propuestas para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La definición de una hoja de ruta para una economía hipocarbónica requerirá, según la Comisión de expertos, de un esfuerzo “colosal”  de todos los agentes: ciudadanos, actores económicos y gobiernos. Nos enfrentamos, por tanto, a un gran reto que exige una profunda reflexión, para encarar los tres vértices sobre los que gira la transición: emisiones, renovables y  eficiencia energética.

Resulta esencial, desde la óptica de los expertos, el establecimiento de señales  correctas de precio para consumidores, lo que exigiría reflexionar sobre la adecuada formación de precios en los mercados, la instrumentación de una verdadera fiscalidad ambiental, el correcto diseño de los peajes y la voluntad de otorgar un papel activo del consumidor.

En el ámbito de la fiscalidad,  se contempla que el eje vertebrador de la reforma debe ser la internalización de los costes medioambientales asociados a cada producto energético, lo que implicaría alinear la estructura fiscal con el objetivo pretendido, esto es, la descarbonización. El Informe  resulta concluyente al señalar que el sistema tributario actual, en lo que al   sector energético se refiere, adolece de problemas de consistencia y de falta de uniformidad.

Se plantea por ello que la reforma que deba acometerse evite la deslocalización geográfica de las industrias con presencia en el mercado internacional, que no suponga una pérdida de recaudación para las Administraciones Públicas y que no dé lugar a un incremento de la presión fiscal. Casi nada.

En cuanto al diseño de los peajes de acceso, se sugieren una serie de actuaciones para promover la asignación eficiente de los recursos energéticos.

En concreto, los costes relacionados con el suministro proporcionales a la capacidad que se desee disponer, deben recuperarse a través del término de potencia, mientras que aquellos proporcionales al volumen de energía consumida, deben  recuperarse a través del término variable.

Por otra parte, los costes no relacionados con el suministro deberían financiarse desde los Presupuestos generales del Estado, como serían aquellas relacionados con la protección de consumidores vulnerables. Y también deberían financiarse a través de las arcas públicas, los costes relacionados con el suministro pasado, como es la anualidad del déficit histórico.

Respecto al funcionamiento del Mercado eléctrico, el Informe destaca la necesidad de diseñar un nuevo mecanismo de capacidad, el impulso de la participación de la demanda, bien directamente, bien mediante agregadores, en los servicios de ajuste del sistema, y el rediseño del servicio de interrumpibilidad, para garantizar el equilibrio del sistema con distintos plazos y al menor coste posible.

En cuanto a la movilidad sostenible, se apunta que el mayor potencial de descarbonización vendrá impulsado por el transporte eléctrico, mientras que desde la óptica de la eficiencia energética, la Comisión se decanta por considerar que el apoyo público debería dirigirse a actuaciones de información, y no tanto basadas en ayudas económicas.

Finalmente, en un escenario de transición energética, se pone en valor el  papel de las redes, concluyendo que los escenarios energéticos presentes y futuros, en cualquier caso, demandan de las redes seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad.

De esta forma, las redes de distribución unidireccionales tendrán que pasar a ser bidireccionales como consecuencia del nivel de desarrollo que pueda alcanzar la generación distribuida o el autoconsumo, en combinación con los grandes centros de generación centralizada y con sistemas de almacenamiento conectados en muchos casos a redes de distribución.   Ello hará que las redes sean más flexibles e inteligentes y que cuenten con un nivel de desarrollo y fiabilidad compatible con las nuevas prestaciones que les sean requeridas.

Así pues, la Comisión de expertos ha hecho el trabajo que se le encomendó. Es un primer paso -importante- para abrir el debate, analizar las opciones y valorar las propuestas con el fin de tomar las decisiones adecuadas para impulsar el cambio de modelo energético. En todo caso, convendría articularse mediante un Pacto de Estado, y amplio consenso  de los agentes implicados.

 

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