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Real Decreto-Ley 15/2018: medidas urgentes para la transición energética y protección de consumidores

Con el objetivo de contener el elevado precio de la electricidad y paliar sus consecuencias, el pasado 6 de octubre se publicó en el BOE, el Real Decreto Ley 15/2018 de 5 de octubre de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

El RDL introduce un paquete de medidas mediante modificaciones de la legislación vigente, algunas de carácter provisional a la espera del adecuado desarrollo legislativo.

Cinco son los bloques sobre les cuales pivotan las medidas:  pobreza energética y consumidores vulnerables,  protección de los consumidores, fomento  del autoconsumo,  transición energética y un último bloque relacionado con la fiscalidad para moderar la evolución de precios en el mercado mayorista.

En relación a la pobreza energética y protección de consumidores vulnerables: se amplia  el espectro de consumidores que tienen derecho al bono social eléctrico    (en cuanto a situaciones de dependencia reconocida y familias monoparentales ) así como la ampliación del cálculo del límite de energía sobre que se aplicará el bono social ; a su vez se introduce un nuevo colectivo cuyo suministro es considerado esencial y no puede ser interrumpido (unidad familiar con al menos un menor de 16 años, situación de dependencia en grado II o III, o con discapacidad reconocida igual o superior al 33%).

Se introduce como novedad el “Bono social térmico”, como una ayuda directa  respecto a la energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. La financiación, a diferencia del bono social eléctrico, correrá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

En relación al Bloque de protección a los consumidores:  con la entrada en vigor, la exigencia de revisión de instalaciones de más de 20 años, y solicitud de nuevo boletín se exigirá únicamente para  para incrementos de potencia -no en el supuesto de disminución de potencia- .

Por otra parte, y con el fin de racionalizar la potencia contratada por parte del consumidor de hasta 15 kW de potencia, se le permite contratar la potencia en múltiplos de  múltiplos de 0,1 kW, si dispone de contador con discriminación horaria y telegestión.

En otro orden de cosas,  se prohíbe a las comercializadoras de electricidad y gas realizar campañas de captación de clientes domésticos mediante el sistema “puerta a puerta”, y se limita la posibilidad de las comercializadoras de acceder a la información sobre la empresa comercializadora que actualmente realiza el suministro.

En cuanto al Bloque destinado al Autoconsumo se realiza una redefinición del mismo y a fin de promocionar el mismo, se elimina el mal llamado  “impuesto al sol“, quedando la energía autoconsumida, exenta de todo tipo de cargos y  peajes . El RDL, en cumplimiento de lo que había dictaminado el Tribunal Constitucional, abre la puerta al desarrollo del autoconsumo compartido, incluso de distintas fincas si están conectados al mismo centro transformador.

Estas medidas están sujetas al desarrollo reglamentario de las mismas que deberá tener lugar en el plazo de tres meses.

En cuanto a las medidas para la transición energética y para la integración de renovables, se amplía el plazo de caducidad de los derechos de acceso y conexión otorgados antes de la entrada en vigor de la LSE hasta 31 de marzo de 2020.

A fin de impulsar la movilidad eléctrica, se elimina la figura del Gestor de Cargas, liberalizándose la actividad de recarga energética de vehículos;  solo para el caso en el que no existe interés por parte de la iniciativa privada se permitirá a las empresas distribuidoras ser titulares de último recurso de las infraestructuras para la recarga de vehículos.

Finalmente se introduce un bloque de medidas temporales que afectan a la fiscalidad, cuyo objetivo es moderar la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad. Así, se establece la exoneración durante un semestre del impuesto del valor de producción de energía eléctrica -IVPEE-, mediante una reducción del tipo al 0% (no computando a efectos de la base del impuesto el último trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019).

Y en ultimo termino se introduce una exención sin límite temporal en el Impuesto sobre Hidrocarburos para los productos energéticos destinados a la producción de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de electricidad y calor en centrales combinadas.

El jueves 18 de octubre se verá si se convalida  el Real Decreto-Ley, si se tramita como Proyecto de Ley, para la introducción de enmiendas, o si la geometría parlamentaria juega una mala pasada al Gobierno.

En todo caso, algo que puede pasar desapercibido, pero es sin duda relevante, es la anticipación, por parte del RDL, de un déficit de ingresos del sistema eléctrico para 2018 y 2019, puesto que se contempla (Disp Adic. Primera) que el superávit de ingresos de los años anteriores pueda aplicarse a cubrir los “desajustes temporales” de 2018 y 2019.

 

 

 

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No es “impuesto al sol”, es contribución a los costes del sistema

Dos años después de la aprobación del  Real Decreto 900/2015 de Autoconsumo, el TS en la reciente sentencia de fecha 13 de octubre,  ha bendecido la regulación del autoconsumo, así como  el mal llamado “Impuesto al Sol”, cuya entrada en vigor se rodeó de fuertes críticas.

El TS ha querido matizar, en primer lugar, que ” No hay por tanto y frente a la expresión que ha hecho fortuna, “impuesto al sol” propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso -como es lo habitual-, la consume efectivamente”, por lo que “paga, como el resto de consumidores, por el respaldo del sistema”.

Siguiendo con dicho razonamiento, no existe, según el TS, arbitrariedad alguna, ni inseguridad jurídica,  en el hecho de que, imponiéndose los cargos que el Real Decreto prevé, por los servicios de respaldo del sistema, no se haya aprobado todavía la metodología de cargos, para su determinación.

Adicionalmente, y en remisión a la regulación transitoria efectuada en la LSE (DT14) y el RD 900/2015 (DT1), el Tribunal defiende la existencia de procedimiento -transitorio- de fijación de dichos cargos, lo que permiten excluir las pretensiones de arbitrariedad e inseguridad jurídicas presentadas.

Concluye en consecuencia el Tribunal, que el autoconsumidor abastecido por la electricidad generada por sus instalaciones, pero que sigue conectado al sistema eléctrico, deberá hace frente a los mismos costes que el consumidor ordinario por el respaldo del sistema eléctrico.

Con respecto al régimen de infracciones que el RD contempla, por remisión a la LSE,  y cuyas sanciones pueden oscilar entre 600.001 y 6.000.001,  el TS concluye que las conductas previstas en el RD impugnado, cumplen con las exigencias constitucionales del principio de tipicidad, y la proporcionalidad.

Por último, y en la medida que el RD contempla un  procedimiento de conexión abreviado para las instalaciones de autoconsumo tipo 1 con potencia instalada igual o inferior a 10kW, es suficiente, a ojos del Tribunal, para desestimar la pretensión de resultar contraria al  derecho comunitario.

En consecuencia, la situación  puede resumirse de la siguiente manera: Actualmente, 1) es legal y posible autoconsumir energía, 2) el autoconsumidor, si está conectado a la red, debe  contribuir a los costes del sistema, como el resto de los consumidores, haciendo frente a los peajes y cargos correspondientes 3) el autoconsumo compartido vio levantada su prohibición con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de fecha 25 de mayo de 2017.

Con el tiempo veremos si el autoconsumo empieza a ser una realidad. De momento, el Clean Energy Package, actualmente en tramitación, apuesta por un empoderamiento real del consumidor, contemplado el derecho de los clientes finales a generar, almacenar, consumir y vender electricidad autogenerada en todos los mercados organizados, ya sea individualmente o a través de agregadores.

 

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El TC abre nuevas posibilidades al Autoconsumo compartido

A principios de 2017, la Generalitat de Catalunya, siguiendo los pasos y motivos que ya le llevaron a interponer recurso de inconstitucionalidad contra, entre otros, el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE), promovió un nuevo conflicto positivo de competencia esta vez contra diferentes preceptos del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo (RD 900/2015), dictado en desarrollo del referido artículo 9 de la LSE.

El Tribunal Constitucional, en su reciente celebrada sentencia de fecha 25 de mayo de 2017, anula y declara contrario al orden constitucional de distribución de competencias el apartado 3 del artículo 4.

El artículo 4.3 disponía que “En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores”. A grandes rasgos, con este apartado se bloqueaba el llamado Autoconsumo Compartido, consistente en la implantación de instalaciones comunes de generación de las que pueden beneficiarse varios usuarios y que permiten compartir entre los mismos la energía generada.

Con ello pues, se impedía que los consumidores de comunidades de vecinos, urbanizaciones o grandes bloques de pisos compartieran instalaciones de generación, desincentivándose así la expansión de la generación de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovables como es la energía solar fotovoltaica.

Este bloqueo al Autoconsumo Compartido fue, además, uno de los aspectos más criticados en los trámites de audiencia otorgados durante la tramitación del Real Decreto, ya que argumentaban que esta prohibición, además de ser contraria a las directivas comunitarias en la materia, ignoraba los beneficios que podía aportar el autoconsumo y la generación distribuida a los consumidores.

Así pues, con la anulación de este apartado, el Tribunal Constitucional derriba una de las mayores barreras de entrada con las que se había encontrado el Real Decreto 900/2015. En este sentido, argumenta el TC en su Sentencia, siguiendo la misma línea que el Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya, que en ningún momento de la tramitación del referido Real Decreto “se evidencia razón alguna que justifique la necesidad de imponer una prohibición de este cariz”.

Destaca además el Alto Tribunal que esta prohibición incide en el ámbito de competencias atribuidas a la Generalitat de Catalunya, dificultándose por tanto la implantación y potenciación del autoconsumo, así como la consecución de los objetivos establecidos de eficiencia energética y medioambientales previstos en las Directivas comunitarias.

Por tanto, con estas conclusiones el TC altera el paradigma anterior y abre la posibilidad de que varios usuarios en una misma comunidad puedan aprovecharse de los beneficios que el Autoconsumo compartido puede suponer en sus facturas de consumo de energía eléctrica, así como en el reparto de los costes necesarios para implantar instalaciones de autoconsumo en sus hogares.

Sin embargo, la eliminación de la prohibición del Autoconsumo Compartido genera una situación alegal que precisará de un desarrollo normativo concreto por parte de las diferentes Comunidades Autónomas; por lo que cabrá estar a la regulación e impulso que éstas den al Autoconsumo Compartido, así como al régimen de autorización e implantación de estas instalaciones que, como ya apuntaba el Consejo de Estado en su informe relativo al Proyecto del Real Decreto 900/2015, es el sistema y modelo de generación de electricidad por venir.

La Sentencia del Tribunal Constitucional supone un gran avance para la implantación y expansión del Autoconsumo en España. No obstante, y como recuerda la Propia Comisión Europea, quedan aún muchos aspectos por mejorar en la regulación estatal del Autoconsumo, por lo que al legislador le queda un largo camino todavía por recorrer.

Jordi Sentís

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Adaptación de las instalaciones de autoconsumo al RD 900/2015

El Real Decreto 900/2015 impone a los autoconsumidores determinadas obligaciones, estableciendo para ello un plazo de adaptación de seis meses, de acuerdo con lo previsto en su Disposición adicional tercera, que finaliza el próximo día 11 de abril de 2016.

De esta forma,  los autoconsumidores deben adaptar las instalaciones  a cualquiera de las modalidades previstas en el Real Decreto.

Por otra parte, para acogerse a cualquiera de las modalidades de autoconsumo, deberá suscribirse el correspondiente  contrato de acceso a las redes con la empresa distribuidora, ya sea directamente, o a través de la empresa comercializadora.

Por último, deberá efectuarse la inscripción de la instalación  de autoconsumo, en la modalidad que corresponda, en el Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En todo caso, los consumidores deberán solicitar una nueva conexión a la empresa distribuidora, aun cuando la instalación no fuera a verter energía a la red. Únicamente se exceptúa de este trámite a aquellas instalaciones que ya dispongan del correspondiente  contrato de acceso en vigor.

A la espera de conocer  la formación del nuevo Gobierno y si el Real Decreto pasará o no a mejor vida,  el plazo del 11 de abril se acerca, por lo que si los autoconsumidores no quieren enfrentarse a posibles sanciones, se impone cumplir con las obligaciones correspondientes.

 

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Real Decreto de autoconsumo: luces y sombras

Tras varios años de espera, el pasado día 10 de octubre fue publicado el Real Decreto 900/2015, de autoconsumo, concretándose por fin, el marco regulatorio de un sector que se ha venido desarrollando y paradójicamente, paralizando, al albur de la alegalidad.

Las principales novedades del RD, que ha mejorado respecto de los sucesivos borradores de RD, que suscitaron interminables quejas y lamentos por muchísimos agentes, son:

1) Se impone como regla general, el deber de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, cuando existe conexión al sistema eléctrico. Se impone con ello, la obligación de pago de peajes de acceso y  de cargos. Quedan por tanto, fuera de la regulación aquellas instalaciones aisladas de la red. Se incluyen, por otro lado, aquellas instalaciones conectadas en el interior de una red, aunque no viertan energía a la red en ningún momento.

2) Se contempla un régimen simplificado y concreto para pequeños consumidores en baja tensión (potencia no superior a 10 kW):  en concreto, procedimiento simplificado de conexión y exención del pago relativo al cargo transitorio por energía autoconsumida, así como del pago relativo al estudio de acceso y conexión.

3) Se permite la posibilidad de instalar sistemas de almacenamiento de energía, cuyo tratamiento, en los borradores precedentes, había suscitado muchísimas críticas al entenderse que su uso era desincentivado, e incluso penalizado.

4) Se niega la posibilidad de remunerar la energía excedentaria cedida a la red, a los consumidores acogidos a la modalidad de suministro con autoconsumo (modalidad Tipo 1), lo que se respalda técnicamente por la CNMC, por los problemas de seguridad y de sobrecostes al sistema que ocasionan vertidos ocasionales de energía. Con la negativa a remunerar la energía vertida, se desincentiva cualquier sobredimensionamiento de las instalaciones de autoconsumo.

5) Se impide la posibilidad de compartir instalaciones de autoconsumo por parte varios consumidores, lo que se aleja y contradice la figura del “agregador”, potenciada en otros países del entorno europeo.

Mucho se podrá discutir del planteamiento hecho por el Real Decreto y su adecuación a la legalidad, que plantearemos en sucesivos posts. Y aunque la Exposición de Motivos, mucho se esmera en justificar el tratamiento del régimen económico dado al autoconsumo, a buen seguro que el Tribunal Supremo estará entretenido.

¿Qué os parece a vosotros/as la reciente regulación del autoconsumo?

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