Winter Package “Clean Energy for all Europeans”

El pasado 30 de Noviembre la Comisión Europea publicó su  tan esperado “Winter Package” ´. Bajo el título “Clean Energy for all Europeans” se recogen ocho  propuestas legislativas, con la intención de llevar a cabo una verdadera transformación del sistema energético europeo. Las propuestas incluyen la revisión de las Directivas de Electricidad, Eficiencia Energética  Eficiencia Energética de los edificios y Energías Renovables, el Reglamento de Electricidad, el Reglamento de seguridad del suministro de electricidad, el Reglamento de la Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores  de Energía y el Reglamento de Gobernanza.

Su objetivo es asegurar la transición desde un modelo de sistema energético centralizado y basado en combustibles fósiles hacia un sistema descentralizado y dinámico en el que los Estados Miembros cooperen y se apoyen los unos a los otros y en el que los consumidores desempeñen un rol activo gestionando su consumo energético, gracias a los contadores inteligentes y demás posibilidades que estos ofrecen, así como a través de la autogeneración de electricidad renovable a la vez que obtienen una remuneración por el excedente de electricidad producida y vendida a la red.

La propuesta comunitaria incrementa, con carácter vinculante, el objetivo de eficiencia energética del 27% al 30% para el año 2030. Se obligará a los Estados Miembros a presentar a partir del año 2018  sus Planes nacionales de energía y clima para alcanzar el objetivo comunitario.

Asimismo Bruselas propone terminar con las subvenciones a las energías renovables, las cuales  deberán paulatinamente integrarse y competir en el mercado junto a otras tecnologías con el fin de minimizar posibles distorsiones en los mercados. También se limita para las nuevas instalaciones y en función de su potencia el derecho del que gozaban de prioridad en el despacho.

La Comisión  permitirá a los Estados Miembros hacer uso de los llamados “mecanismos de capacidad” pero únicamente como último recurso y en cumplimiento de principios europeos basados en reglas de mercado, tecnológicamente neutros y abiertos a la participación transfronteriza, todo ello con el fin de evitar que dichos mecanismos se conviertan en una puerta abierta a subsidios para combustibles fósiles.

Con este paquete legislativo se  pretende conseguir una gestión  más flexible de las redes de electricidad por parte de los operadores de redes y los comercializadores de energía de forma que sea posible una mayor integración de las energías renovables en el sistema energético. Se destaca el prominente rol de los gestores de la red de distribución en esta transición energética en la que las redes locales adquirirán una mayor relevancia y se proponen criterios y principios para modernizar la estructura para la remuneración de estos agentes con el fin de incentivar la innovación y una gestión más activa y eficiente de la red.

Se inician a partir de ahora las negociaciones en el Parlamento Europeo y en el Consejo hasta la adopción de este paquete legislativo, proceso que bien podría  durar unos dos años.

Carmen Gimeno

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El IAE y las comercializadoras de energía eléctrica: nuevas tormentas locales

En los últimos meses muchas empresas comercializadoras de energía eléctrica están recibiendo requerimientos de Ayuntamientos en cuyos municipios comercializan electricidad, exigiéndoles el pago de la cuota del IAE, pese a no disponer de local en su municipio.

El argumento dado por los Ayuntamientos, siguiendo a la Dirección General de Tributos, es el siguiente: a falta de epígrafe específico relativo a la actividad de comercialización de energía eléctrica, procede aplicar aplicar epígrafes de actividades no clasificadas en otras partes (n.c.o.p). En concreto, el epígrafe 619.9 para el comercio al por mayor de energía eléctrica y el epígrafe 659.9 para el comercio al por menor de energía eléctrica (RDLeg 1175/1990). Ambos referidos, exclusivamente, a cuotas municipales, sin prever la posibilidad de tributar por cuota provincial o estatal.

Si tenemos en cuenta que los márgenes de comercialización cada vez son más reducidos, las consecuencias pueden ser nefastas para comercializadoras con escasa presencia en un municipio, hasta el punto de que la cuota a pagar podría exceder del beneficio obtenido en dicho municipio.  O sea, con pocos clientes en un municipio concreto, y poco margen comercial, puede que ejercer la actividad de comercialización de energía eléctrica cueste dinero, es decir, que se trate de una actividad a pérdida.

Surge la duda (o no) de si en este caso el IAE se estaría convirtiendo en un impuesto confiscatorio, que agota la renta gravable, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva. Cierto que la Constitución de 1978 se refiere a la no confiscatoriedad del sistema tributario español, y no a la de un impuesto en concreto, pero en cualquier caso, esto no parece razonable. Y trascendiendo del ámbito tributario, los efectos también serían perniciosos para fomentar la libre competencia, ya que de facto muchos ciudadanos dejarían de tener acceso a comercializadoras de fuera de su zona, que rechazarían tenerlos como clientes por no poder obtener ningún beneficio con ellos, por mínimo que fuese.

Quizá si la normativa  reguladora del IAE (en este caso, el RDLeg 1175/1990) se hubiese actualizado, tomando en consideración que desde 1997 (Ley 54/1997) la comercialización de energía eléctrica es una actividad diferenciada, este conflicto habría podido evitarse.

Una vez más, nos toca esperar las resoluciones de los Tribunales de Justicia, que sabemos que llegarán puesto que ya hay procedimientos en curso. Pero tardarán. Y en todo caso, ¿no sería mejor una normativa actualizada, que diese respuesta a todas las circunstancias en las que pueden encontrarse las empresas comercializadoras, permitiendo el libre ejercicio de su actividad en cualquier municipio?

Isabel Bassas, Abogada y Profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra

 

 

 

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El Gobierno tropieza de nuevo con el bono social

El Tribunal Supremo ha vuelto a declarar inaplicable el mecanismo de financiación del Bono Social, actualmente previsto en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico (LSE), en ocasión de los recursos interpuestos por dos eléctricas contra el ‘’Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. ’’

Para obtener la declaración de inaplicación del mecanismo de financiación, la cuestión ha tenido que llegar al Tribunal Supremo, pues no olvidemos que la Audiencia Nacional, contra todo pronóstico, optó por validar el régimen de financiación del Bono Social establecido en el art. 45 LSE, hoy declarado nulo.

A estos efectos, debe matizarse que dicha declaración de inaplicación por parte del Tribunal Supremo no afecta a la prestación del Bono Social en sí misma –la cual se mantiene a favor de los colectivos que tienen derecho al mismo-, sino únicamente a su régimen de financiación.

Siendo sinceros hemos de decir que poco nos sorprende esta decisión ya que la configuración actual del bono social, así como el mecanismo de reparto de su coste -establecido en el Real Decreto-Ley 9/2013 y el art. 45 de la LSE-, resulta prácticamente idéntico al sistema de financiación que en su día recogía el Decreto-Ley 6/2009 y que fue declarado nulo por el mismo Tribunal Supremo en su Sentencia de 7 de febrero de 2012.

La única diferencia es que en el RDL 6/2009 la asunción del coste del bono social se hacía recaer en exclusiva sobre las grandes empresas de generación de energía eléctrica, mientras que en el RDL 9/2013 dicha obligación se imponía a las ‘’matrices de las sociedades o grupos de sociedades que realicen simultáneamente actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica’’.

Sin embargo, el hecho de haber ampliado –con carácter limitado–  los sujetos obligados a financiar el Bono Social no ha servido, a efectos de discriminación, para contar con una justificación razonable y suficiente que justifique un tratamiento diferenciado entre empresas.

En esta ocasión, La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado la inaplicación del mecanismo de financiación del Bono Social establecido en el art. 45.4 LSE, por ser contrario a la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que establece que “las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales”.

A estos efectos, el Supremo ha considerado que vulnera el principio de proporcionalidad, “en cuanto que hace recaer la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria”.

De esta forma, ha concluido la Sala, que el sistema de financiación del Bono Social  es discriminatorio y desproporcionado en la medida en que se hace recaer sobre determinados agentes del sistema eléctrico, ‘’algunos de ellos con muy escaso peso específico en el conjunto del sector’, eximiendo de dicha carga a otras entidades o grupos empresariales que pueden estar en mejores condiciones para asumir aquel coste, sea por su volumen de negocios o por su importancia relativa en algunos de los sectores de actividad.

Pues bien, sobre la base se dicha argumentación, el Tribunal Supremo ha declarado la inaplicabilidad del régimen de financiación del Bono Social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, así como de los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, reconociendo el derecho de las recurrentes a ser indemnizadas por las cantidades abonadas en concepto de Bono Social en aplicación del mencionado Real Decreto.

Es de destacar que, para resolver ambos recursos, el Tribunal Supremo se ha sustentado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recogida en la reciente Sentencia de 7 de septiembre de 2016 (Asunto C121/15, Anode), haciendo una extrapolación al sector eléctrico de las consideraciones efectuadas por el TJUE con respecto al artículo 3.2 de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, en lo que se refiere a la necesaria observancia del principio de proporcionalidad como las relativas a la exigencia de que las obligaciones de servicio público sean claramente definidas, transparentes, no discriminatorias y controlables.

Tras este varapalo del Tribunal Supremo, sólo nos queda esperar como resolverá el Gobierno, esta vez, la cuestión del mecanismo de financiación del Bono Social.

Quizás sea una pista que el propio Tribunal Supremo apunte que ‘’el legislador podría configurar la financiación del bono social como coste del sistema eléctrico, y, también, podría prever su financiación mediante la creación de un fondo social a cargo de los Presupuestos del Estado’’.

Olga Majoral Bustos                                                                                                                                             Abogada

 

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La actividad de distribución y el reconocimiento de costes

Recaídas las primeras Sentencias en relación con el régimen retributivo de la actividad de distribución, previsto en el Real Decreto 1048/2013, (STS 1784/2016 y STC 120/2016) es hora de comentar el marco regulatorio y pronunciamientos judiciales respecto del reconocimiento de los costes en que puedan incurrir las empresas distribuidoras de energía eléctrica, en el desarrollo de su actividad.

En primer lugar, huelga de decir que las empresas distribuidoras, en el desarrollo de su actividad, se ven afectadas por la imposición de normativas tanto estatales, como autonómicas o locales, y que en el respectivo marco de competencias y atribuciones de las  respectivas Administraciones, éstas imponen y aquellas deben acatar.

Sin embargo, el  Real Decreto 1048/2013 (artículo 13) dispone que no se retribuirán con cargo al sistema eléctrico, los costes en los que incurran las empresas distribuidoras, que no hayan sido exigidos por la normativa básica estatal, ahondando en lo que previamente señala la Ley 24/2013, al disponer que en ningún caso se tendrán en consideración los costes e inversiones que vengan determinados por normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el territorio español.

En un contexto en que la Ley trata de blindar la viabilidad económica del sistema eléctrico nacional, resulta obligado reflexionar sobre si el actual marco normativo permite garantizar a las empresas eléctricas el reconocimiento íntegro de los costes de su actividad.

Vaya por delante que, tratándose de empresas que tienen el carácter de “reguladas”, corresponde al regulador, así como el resto de Administraciones, ya sean estatales, autonómicas o locales, garantizar, en el ejercicio de sus respectivas competencias, que a la empresa se le reconozcan los costes “necesarios” para el desarrollo de la actividad.

En tal caso, es necesario, tal como señala el Tribunal Supremo, analizar si la articulación de los “mecanismos” que corresponde al Estado establecer, resultan adecuados para compensar los eventuales costes  impuestos por la normativa autonómica o local.

Dichos mecanismos se traducen actualmente, sobre en el papel: a) en la “posibilidad”, por parte de las Comunidades Autónomas de establecer “convenios” con las empresas afectadas, para el caso de normativas específicas sobre redes que supongan unos mayores costes en la actividad; y b) en la “posibilidad” de  inclusión de un suplemento territorial en los peajes de acceso que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad autónoma y/o municipio.

Sin embargo, de momento, la realidad demuestra  la inidoneidad de dichos mecanismos:

Primero, porque los suplementos territoriales brillan por su ausencia, incluso después de que, prácticamente tres años, el Gobierno fuera condenado por sentencia firme, a incluir en los peajes, los suplementos territoriales con el fin de compensar los costes derivados de múltiples impuestos autonómicos que gravan las actividades eléctricas.

Segundo, porque a buen seguro, la introducción de suplementos territoriales -que supondría el fin de la tarifa única- tendría un coste político que muchos no están dispuestos a asumir.

Y tercero, porque el establecimiento de convenios, en la medida que se plantea como una posibilidad, es probable que no sea contemplado seriamente por algunas Comunidades Autónomas.

Algo, no obstante, está claro: el hacer recaer sobre la empresa distribuidora unos mayores costes sin percibir retribución alguna por ese sobrecoste, resulta contrario al derecho de las empresas distribuidoras de percibir una retribución adecuada, por lo que es evidente que, en caso de que se impongan sobrecostes derivados de normativas autonómicas o locales, la posibilidad se convierte en obligación, y en consecuencia, las empresas -como empresas reguladas- deben ser oportunamente compensadas.

 

 

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La compensación por uso del local para ubicación del centro de transformación

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En fecha 23 de junio de 2016, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia (publicada en el BOE de fecha 28 de julio de 2016), en el marco del conflicto positivo de competencias número 2304-2014, planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación con determinados artículos del Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

En el marco de dicho conflicto, la sentencia ha declarado inconstitucional y nulo el artículo 26.3 del Real Decreto 1048/2013, relativo a la “Reserva de uso de locales”, que establece la fijación –por Orden ministerial– de: i) la compensación que la empresa distribuidora debe abonar al propietario, cuando haga uso del mencionado local y ii) la compensación que la empresa debe abonar al propietario, por la superior potencia del centro de transformación instalado, con la finalidad de suministrar a otros peticionarios.

En concreto, ambas compensaciones han sido fijadas por el artículo 9 (“Compensación por uso de locales para ubicación de centros de transformación”) de la Orden IET/2660/2015, de valores unitarios.

Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que la determinación de la cuantía concreta de dicha compensación es una tarea ejecutiva que no tiene naturaleza básica, en cuanto que no resulta imprescindible para garantizar el régimen económico único del sector, ni tampoco es precisa para salvaguardar la homogeneidad del régimen común de la actividad de distribución.

Partiendo de la anterior consideración, el TC declara inconstitucional y nulo el inciso “que se establecerá por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia” del artículo 26.3 Real Decreto 1048/2013, por incurrir en extralimitación de las competencias estatales en materia energética.

En consecuencia, la regulación contenida en el artículo 9 de la Orden IET/2660/2015, de valores unitarios debe considerarse asimismo nula, en virtud de la declaración de nulidad efectuada por el Tribunal Constitucional, del artículo 26.3 del Real Decreto 1048/2013.

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El impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica llega al TC

Algo se mueve en el Tribunal Supremo: En un reciente Auto de fecha 14 de junio de 2016, el TS ha planteado al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad relativa al Impuesto sobre la producción de energía eléctrica del 7%. Sin duda, se trata de una buena noticia para todos aquellos que hace tiempo que venimos cuestionando su legalidad y por ende, su constitucionalidad.

Sin ánimo de echar las campanas al vuelo (juicios tengas y los ganes), y pendientes todavía de su admisión a trámite, nos surgen las siguientes reflexiones.

  1. En cuanto a los posibles motivos de inconstitucionalidad. El TS expone con el debido detalle que, a su juicio, la posible inconstitucionalidad de este impuesto sería exclusivamente por eventual oposición al principio de capacidad económica del art. 31.1 CE. Con ello justifica que no existe una disparidad de criterios respecto de lo dispuesto en la STC 183/2014, de 6 de noviembre, puesto que en esta última lo que se descartó fue la inconstitucionalidad del impuesto por infracción del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE o por gravar hechos imponibles ya gravados por las Comunidades Autónomas contraviniendo el art. 6.2 LOFCA.
  1. En cuanto a quién debería asumir el coste económico de tener que devolver el impuesto a quienes tengan derecho su devolución. Si tenemos en cuenta que la recaudación de este impuesto se satisface a la Hacienda Pública, pero que posteriormente se considera un ingreso más del sistema eléctrico, no está claro quien debería asumir el coste de esta devolución. Podría ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, incrementado el déficit público ya existente (por cierto, por el que Bruselas quiere sancionarnos por incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del TFUE), o ir a cargo del sistema eléctrico, con el riesgo de que éste abandone la senda del superávit y se incumpla el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.
  1. En cuanto a quienes podrían resultar beneficiados de esta declaración de inconstitucionalidad. Si finalmente se confirmase la inconstitucionalidad de este impuesto, no hay duda de que las empresas integrantes de UNESA, como parte demandante de este procedimiento, se beneficiarían de la devolución de las cuotas soportadas. Asimismo, cabe esperar el mismo resultado para las empresas que tengan procesos judiciales pendientes sobre el mismo objeto procesal.

No obstante, es muy probable que quienes no hayan interpuesto todavía recurso al respecto ya no puedan beneficiarse de la devolución del impuesto soportado hasta la fecha, teniendo en cuenta la doctrina del propio TC, según la cual las situaciones consolidadas no son susceptibles de ser revisadas como consecuencia de una nulidad por declaración de inconstitucionalidad.

Sólo nos cabe esperar, impacientes, la resolución del Tribunal Constitucional …

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El nexo causal en la reclamación civil de daños en el suministro eléctrico

Es habitual, en el ámbito del suministro eléctrico, que los usuarios  aleguen a sus aseguradoras de hogar, la deficiente prestación del servicio eléctrico (por ejemplo una subida de tensión), en orden a justificar averías en electrodomésticos, cuyos daños son objeto de cobertura en las pólizas de hogar.

Dichas reclamaciones, ya sea  basadas en una efectiva alteración del suministro, o en causas ajenas al servicio eléctrico, da lugar a innumerables disputas legales entre aseguradoras y compañías eléctricas, en orden a determinar quién debe soportar el coste del daño sufrido por el consumidor, en ocasiones inferiores a los propios costes generados a razón del litigio.

Recae en este punto, la importancia de probar debida y suficientemente por parte del que reclama,  la existencia del nexo causal entre el daño producido al consumidor y la actuación del agente -la relación de causalidad-, ya que el “como” y el “porque” del daño son indispensables para determinar la causa eficiente del perjuicio y probar o exonerar de responsabilidad a la empresa suministradora.

En beneficio de la eficiente y clara acreditación de la relación de causalidad, se remarca por la jurisprudencia la insuficiencia probatoria de, en ocasiones, mal llamados “informes periciales”,  que se limitan a reproducir la versión de los hechos del perjudicado, sin efectuar comprobación alguna, desde el punto de vista técnico, que permitan acreditar  y probar que los eventuales daños son consecuencia directa de la acción u omisión imputable a la empresa suministradora.

En este sentido, el propio artículo 217 de la LEC hace recaer en la parte actora, la carga de probar la certeza de los hechos que se alegan; y también según la  jurisprudencia “corresponde a la misma acreditar los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección se invoca”.

De igual forma, los tribunales destacan la “esencialidad del nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño, y su necesaria certeza probatoria para poder proceder a la imputación de responsabilidad, siendo la prueba de la causalidad imprescindible”. No serán, pues, admisibles ni suficientes meras especulaciones, deducciones o suposiciones relativas a la producción del daño debido a una deficiente prestación del servicio eléctrico.

Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad “quasi objetiva” que en el ámbito del  suministro de gas y electricidad cabe  apreciar por las previsiones referentes a bienes y servicios defectuosos, contenidos en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios. En tal caso, se produciría la inversión de la carga de la prueba y deberá ser el suministrador quien, para ser exonerado de responsabilidad, deberá probar que el producto no era defectuoso y que cumplía con todas las exigencias, requisitos reglamentariamente establecidos y demás cuidados que exige la naturaleza del servicio.

Pero, en todo caso, la inversión de la carga de la prueba no se produce en la apreciación de la relación de causalidad, que en todo caso corresponderá probar a la parte que reclama.

 

 

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El TS frente al nuevo régimen retributivo de las renovables

En  recientes sentencias de fecha 1 de junio de 2016, el Tribunal Supremo ha desestimado la impugnación del nuevo régimen retributivo de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, fijado en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.

De nuevo, el Tribunal apela al Principio de irretroactividad (artículo 9.3 CE) para  considerar que las normas impugnadas no entran en el ámbito de la retroactividad prohibida, argumentándose en el hecho de que, si bien incide en situaciones jurídicas creadas antes de la entrada en vigor de la norma, no afecta a los derechos patrimoniales previamente consolidados e incorporados al patrimonio de los titulares, ni sobre situaciones jurídicas ya agotadas o consumadas.

Destaca por tanto, la “inviabilidad de la pretensión de que los elementos más favorables estén investidos de permanencia o inalterabilidad frente al ejercicio de una potestad legislativa que obliga a los poderes públicos a la adaptación de dicha regulación a una cambiante realidad económica”.

No cabe -en palabras del TS argumentar que la modificación del régimen retributivo que se examina fuera imprevisible para un “operador económico prudente y diligente” 

Lamentablemente, el TS da una vuelta de tuerca al Principio de seguridad jurídica y confianza legítima, declarando que los mismos no pueden impedir la introducción de modificaciones legislativas repentinas, máxime cuando lo hace el legislador de urgencia.

La noticia positiva es que el maltrato a las renovables, tanto con la modificaciones sucesivas del régimen retributivo anterior, como con la nueva regulación contenida en el Real Decreto 413/2014 y Orden IET /1045/2014 han hecho mella -finalmente- en el seno del propio Tribunal Supremo, lo que se evidencia con los dos votos particulares emitidos en los pronunciamientos del órgano colegiado.

Tres de los magistrados consideran ilegítimo el nuevo régimen retributivo de las renovables, por incurrir en retroactividad prohibida, y por tanto con vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

“Desdichadamente -opina el Magistrado D. Eduardo Espín Templado- se ha dado prevalencia a consideraciones generales ajenas a la estricta interpretación de las normas en juego, por encima del interés legítimo de los sujetos del sistema que han operado en el mismo de conformidad con la regulación que el legislador había puesto en marcha y que ha modificado luego de forma drástica.

Como sea que el nuevo esquema retributivo se aplica a la vida entera regulatoria de cada instalación, tal proyección tienen una proyección retroactiva, lo que “es gravemente atentatoria a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que los ciudadanos tienen en que se les respetará la aplicación efectuada de la legislación que existió en cada momento”.

La noticia aquí no es, por tanto,  el pronunciamiento general contenido en la sentencia -al que ya nos tiene acostumbrados el TS-, sino el planteamiento efectuado por los tres magistrados disidentes.

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Cumplimos un año!

Cumplimos un año. En el primer aniversario de nuestro Blog, os animamos a seguir leyendo nuestros posts sobre Energía.

Para nosotros, es un placer compartir con los visitantes y seguidores del Blog, nuestras reflexiones y análisis sobre los asuntos de actualidad en el sector de la Energía, a nivel nacional e internacional.

Os invitamos, por otra parte,  a comentar nuestros artículos, ya que vuestras aportaciones, son también objeto de celebración.

Gracias por acompañarnos!!

 

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SIPS y la referencia a la empresa comercializadora que realiza el suministro

El SIPS (Sistema de información de puntos de suministro) gestionado por las empresas distribuidoras de energía eléctrica, es una herramienta que se introdujo con el Real Decreto 1435/2002, para incentivar una mayor competencia en el mercado minorista de electricidad.

Dicha norma introdujo la obligación de las empresas distribuidoras de energía eléctrica de disponer de una base de datos referidos a todos los puntos de suministro conectados a sus redes, posibilitando a todas las empresas comercializadoras, mediante el acceso a la información de los suministros, dirigirse a los consumidores y efectuar, adecuando y particularizando, las correspondientes ofertas de suministro.

La implantación de dicho instrumento permite, y de hecho ha permitido, la implantación de operadores entrantes en el sector, favoreciendo la competencia y rompiendo la hegemonía y ventaja competitiva de los grandes grupos empresariales.

En un reciente Auto dictado en fecha 24 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo ha adoptado la medida cautelar consistente en suspender la incorporación al SIPS, de la referencia a la “empresa comercializadora que actualmente realiza el suministro”, que se había introducido por mandato del Real Decreto 1074/2015.

Mediante la suspensión acordada, el Tribunal viene a reconocer que la incorporación al SIPS de la información relativa a la empresa que actualmente realiza el suministro, puede conllevar efectos anticompetitivos, por el hecho de que la puesta a disposición de dicho dato permitiría monitorizar y disciplinar a las tres grandes compañías suministradoras, que copan el 67% del mercado,  lo que podría posibilitar el diseño de estrategias selectivas para capturar la cartera de clientes de los pequeños comercializadores, provocando en última instancia, su  expulsión del mercado.

Se aprecia por tanto, por parte del Tribunal los tres requisitos necesarios para acordar la medida cautelar: fumus boni iuris (apariencia de buen derecho), periculum in mora (posible pérdida de la finalidad legítima del proceso),  y la ponderación de intereses. 

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