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¿Permitirá el Decreto Ley 16/2019 implementar las instalaciones de energía renovable necesarias para desarrollar la transición energética de Cataluña y cumplir los objetivos en materia de cambio climático?

Las novedades introducidas por el Decreto Ley 16/2019, de forma inevitable, nos llevan a preguntarnos si quedará superada la situación de estancamiento normativo y tramitación administrativa en la implementación de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas.

De entrada, las novedades destacables nos permiten, sobre el papel, dar una respuesta positiva. Tanto las modificaciones en la normativa urbanística como en el procedimiento de autorización se prevén con el objetivo de facilitar la implementación de estas tecnologías.

Toma especial relevancia el hecho de introducir los artículos 9 bis y 48 bis al Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo en tanto que prevén supuestos en los que no será necesario modificar el planeamiento urbanístico para conseguir autorización de la instalación.

En concreto, no será exigible la adecuación del planeamiento urbanístico vigente:

  • Cuando se ubiquen instalaciones de aprovechamiento de energía solar sobre cubiertas de construcciones o en espacios de parcelas no ocupadas por otras construcciones, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos exigidos por el Decreto Ley 16/2016 relativos a la distancia y dimensión de la instalación.
  • Cuando las instalaciones de aprovechamiento de energía solar tengan como objetivo reducir la demanda energética de los edificios.

Por otra parte, se prevén otro conjunto de supuestos donde no será necesario modificar el planeamiento urbanístico o aprobar un plan especial urbanístico autónomo o de desarrollo. Aunque en estos casos será necesario aprobar un proyecto de actuación específico:

  • Cuando el planeamiento no contemple la ubicación de instalaciones de producción de energía derivados de energía solar eólica y solar fotovoltaica.
  • Cuando el planeamiento contemple el emplazamiento de estas instalaciones, pero sin establecer la ordenación detallada.

Por último, atendiendo que el Decreto Ley deroga el Decreto 147/2009 aplicable hasta ahora, quedan desplazadas las limitaciones de superficie y distancia establecidas en el caso de instalaciones fotovoltaicas ubicadas sobre suelo no urbanizable, de tal forma que se elimina así uno de los obstáculos en la implantación de esta tecnología.

Así pues, en lo relativo a la vertiente urbanística, el Decreto Ley 16/2019 establece medidas que tienen como objetivo facilitar la implantación de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas en tanto que el trámite de modificación y aprobación de los correspondientes planeamientos urbanísticos, históricamente, ha sido uno de los retos en el momento de acometer la autorización administrativa de este tipo de instalaciones.

Paralelamente, las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 16/2019 en relación al procedimiento de obtención de dicha autorización se han adoptado con este mismo objetivo.

La gran novedad recae en la creación de un órgano colegiado, llamado Ponencia de energías renovables, que tendrá como principal función la comprobación de la viabilidad de los proyectos que se quieran llevar a cabo con carácter previo a tramitar el procedimiento de autorización.

Si bien podríamos entender que este órgano no facilitará el procedimiento atendiendo que está constituido por diferentes representantes de seis departamentos de la Generalitat de Cataluña competentes en la materia, lo cierto es que no solo evitará que iniciemos un procedimiento de duración considerable con la incerteza de sí, finalmente, el proyecto se autorizara sino que, por otra parte, no impedirá que iniciemos la tramitación si en el espacio de tres meses no se han pronunciado al respecto de la viabilidad del proyecto.

El pronunciamiento favorable de la Ponencia de energías renovables permitirá iniciar el procedimiento de autorización, pero, en ningún caso, el estudio de viabilidad supondrá la obtención de dicha autorización. Deberá seguir el procedimiento establecido por el Decreto Ley 16/2019 y superar los procedimientos de avaluación de impacto ambiental y la tramitación del proyecto.

Todos estos instrumentos normativos se articulan como herramientas jurídicas para dar respuesta a la emergencia climática y poder así alcanzar los objetivos de implantación de energías renovables previstas, tanto en la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, como en el PNIEC.

Los objetivos son claros; contribuir a la transición hacia una sociedad neutra en carbono en el año 2050. El decreto Ley 16/2019, que viene a reconducir el panorama que en Cataluña se puede calificar de desolador, atendiendo que la presencia de energías renovables ha sido testimonial, ha de facilitar el camino.

 

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El TC confirma la constitucionalidad del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica

Desde su entrada en vigor, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) ha estado rodeado de polémica, en parte zanjada (o cerrada) por el reciente Auto del Tribunal Constitucional de fecha 20 de junio de 2018, que  confirma su adecuación a los principios constitucionales.

La configuración del IVPEE, que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico, de energía eléctrica, independientemente de cual sea su fuente de generación,  ha sido bendecida por el TC, que considera es acorde con  los principios constitucionales tributarios del art. 31 CE, esto es, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad.

En cuanto al principio de capacidad económica, el TC considera que  no queda lesionado por el hecho de que el IVPEE grave una manifestación de capacidad económica similar a la del IAE, ni del resto de normas que integran del bloque de constitucionalidad.

El motivo: se está analizando la relación entre un tributo estatal y un tributo local, y por tanto no existe el supuesto de doble imposición prohibido por el artículo 6 de la LOFCA (Ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas), que sí se daría entre un tributo estatal y otro de ámbito autonómico.

De hecho, el TC destaca que la relación entre el IVPEE y el IAE es análoga a la existente desde hace años respecto de otros tributos, por ejemplo: el IAE y el IRPF/IS/IRNR; el IRPF y el IIVTNU; el IRPF y el IBI.

Por el otro lado, en cuanto al principio de no confiscatoriedad, el TC reitera su consolidada doctrina de que su infracción es una cuestión de prueba a cargo de quien la invoca, descartándose tal imputación, al no considerar probada dicha circunstancia.

Así pues, podemos concluir que el TC ya ha confirmado la adecuación del IVPEE a los principios de seguridad jurídica e igualdad previstos en los artículos 9.3 y 14 CE (STC 183/2014) y a los principios constitucionales tributarios del art. 31 CE (Auto TC de fecha 20 de junio de 2018).

A mayor abundamiento, y para continua sorpresa de quienes consideramos que la lógica y la coherencia deberían ser requisitos ineludibles de toda norma, debemos destacar que el TC reitera que carece de cualquier relevancia constitucional la total contradicción entre la Exposición de Motivos del IVPEE, que lo califica de tributo con finalidad extrafiscal medioambiental, y la efectiva configuración material del tributo, que no incluye ni un solo elemento extrafiscal.

Por último,  tras este Auto, existe aún la posibilidad de que el IVPEE sea declarado contrario al Derecho Comunitario como consecuencia del planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece remota, por no decir casi imposible, puesto que el propio TC afirma expresamente su “convicción de que el IVPEE se ajusta al Derecho de la Unión” y por ello descarta el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ciertamente, todavía queda la posibilidad de que algún Tribunal Superior de Justicia la plantee, pero sin duda éstos considerarán el precedente el TC.

Parece, pues, que la industria de la generación eléctrica tiene que asumir el impuesto, sin que el TC haya entrado a abordar en qué grado el IVPEE presenta una finalidad extrafiscal y si ésta predomina o  no sobre su función recaudatoria.

En el horizonte aparece no obstante, la losa de la reconfiguración tributaria si la transición energética ha de ser una realidad: hay que abordar la reforma de la fiscalidad ambiental de los productos energéticos, de tal forma que se mejoren las señales de precio a los consumidores y se internalicen los daños ambientales derivados de las decisiones de producción y consumo de cada producto.

 

 

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