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Penalizaciones para los consumidores por cambio de suministrador de energía eléctrica

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La reciente publicación de la sanción impuesta por la CNMC a una empresa comercializadora de energía eléctrica, imponiéndole una multa de 900.000 € como responsable del incumplimiento de las medidas de protección a los consumidores, ha vuelto a poner sobre la mesa una importante cuestión: las penalizaciones a los consumidores por rescisión anticipada de los contratos, lo que se encuentra estrechamente ligado a los procesos de cambio de comercializador de energía eléctrica.

De inicio, debemos atender al modo en que esta cuestión viene regulada en la normativa eléctrica vigente.  Stricto senso, por los cambios de comercializador no cabe en sí imponer penlización alguna. No obstante, debemos estar a lo dispuesto en el Real Decreto 1435/2002, por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión, que establece expresamente:

1º La duración máxima de un año de los contratos y la posibilidad de que se prorroguen tácitamente por períodos de un año.

2º La posibilidad, en caso de que el consumidor decida rescindir anticipadamente el contrato antes de iniciada la primera prórroga -esto es, únicamente para el primer año- de que el comercializador pueda aplicarle una penalización ¡OJO! únicamente cuando esta rescición le cause daños al comercializador y ¡OJO! fijando como límite que la penalización no exceda del 5% del precio del contrato por la energía estimada pendiente de suministro.

3º La posibilidad de que el consumidor rescinda las prórrogas del contrato, con un preaviso de quince días de antelación, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización por rescisión de contrato.

Más allá de estos límite de aplicación -contratos de energía eléctrica en baja tensión- la normativa no establece regulación alguna, por lo que para los contratos en alta tensión deberá estarse a lo que libremente las partes decidan pactar, en aplicación del principio de autonomía de la voluntad.

Ahora sí, fijados los límites del marco normativo aplicable, cabe destacar las circunstancias relevantes de la sanción impuesta por la CNMC, en tanto que:

  • las penalizaciones contempladas por la comercializadora en sus contratos, objeto del procedimiento sancionador, lo eran por rescisión del contrato iniciadas ya las prórrogas del mismo (lo que ya no resulta amparado por la normativa referida); y además
  • se imponía a los consumidores la obligación de comunicar la voluntad de rescindir el contrato con una antelación mínima de dos meses.

En la fundamentación de su decisión, la CNMC se sirve de un concepto amplio de consumidor. De este modo, considera que las medidas de protección a los consumidores establecidas en el RD 1435/2002 son de aplicación a todos los consumidores que adquieren energía eléctrica en baja tensión, bien sean personas físicas, bien sean personas jurídicas. Además, la Comisión nos recuerda que nos encontramos ante contratos de adhesión, en los que las cláusulas están predispuestas por el comercializador para su adhesión por el consumidor, sin margen de negociación.

Sea como fuere, todo cuanto subyace de fondo es la cuestión de la defensa y fomento de de la competencia; en palabras de la Comisión “impedir que los comercializadores puedan restringir la libertad de elección de los consumidores vinculándolos en contratos con largos períodos de duración o en los que se limiten las facultades del rescisión de los consumidor”.

Algo que, por otro lado, entronca con los perjuicios que realmente pudieran derivarse para las comercializadoras, ante las finalizaciones anticipadas de los contratos de suministro, por cuanto para garantizar el suministro comprometido realizan compras de energía a plazo, con las correspondientes coberturas y garantías.

Sea como fuere, por nuestra parte defendemos la posibilidad de que, en contratos en alta tensión con personas jurídicas (y especialmente en casos de grandes empresas con elevadas demandas de consumo, con mayor capacidad de negociación, en los que una rescisión anticipada puede causar evidentes perjuicios a la comercializadora), puedan preverse estas penalizaciones en los contratos, aún más allá del primer año de duración de los mismos. Siempre y cuando dichas penalizaciones estén bien delimitadas, y la cuantía de las mismas no sea desproporcionada.

Solo de este modo puede garantizarse la convivencia de la defensa de la libre competencia con la adecuada salvaguarda de los intereses de las empresas en el ejercicio de una actividad como es la de comercialización de energía eléctrica.

Sabrina Lavado

Abogada PR Advocats

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Más bono social, A la tercera va la vencida?

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Las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo declarando inaplicable el mecanismo de financiación del coste del bono social previsto en el artículo 45.4 de la Ley del Sector eléctrico, por resultar discriminatorio, han traído, como regalo de Navidad, el nuevo intento del Gobierno -el  tercero- de establecer un mecanismo de financiación respetuoso con la Directiva 2009/72/CE, aprobado mediante el Real Decreto-Ley 7/2016.

Con la nueva regulación, serán las empresas comercializadoras, o las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización, las que deberán asumir el coste, estableciendo el propio RDL -como ley autoaplicativa- los porcentajes de todas y cada una de las empresas, si bien con carácter transitorio, hasta la aprobación de su desarrollo reglamentario que debe efectuarse en el plazo de tres meses.

La justificación del nuevo mecanismo de financiación -impuesto como obligación de servicio público- se razona en el RDL con el argumento de que el bono social, al dirigirse directamente a determinados consumidores y traducirse en el abono de un precio inferior, se encuentra plenamente ligado con la actividad de comercialización.

Si de acuerdo con la Directiva 2009/72/CE las obligaciones de servicio público deben definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas  eléctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones a los consumidores nacionales, más de una duda nos surge respecto de la bondad del RDL 7/2016, y no sólo respecto del mecanismo de financiación sino también sobre el conjunto de medidas de protección al consumidor vulnerable, previstas:

  • La obligación de asumir el coste se impone a todas las empresas comercializadoras, pero en cambio sólo a los comercializadores de referencia (8 empresas) se les permite el acceso a los consumidores vulnerables, lo que puede ser asimismo contrario a la Directiva de electricidad.
  • La contribución de cada empresa se establece en función de la cuota de mercado, esto es del número de clientes a los que suministran. Sin embargo, no se atiende al volumen de negocio, por lo que será inevitable el análisis de la proporcionalidad a los efectos de valorar si concurre arbitrariedad y por ende, puede resultar discriminatorio.
  • Cabría por otra parte pensar que la mayoría de comercializadores trasladarán su coste al resto de consumidores, pero no así los comercializadores de referencia, quienes suministran a precio “regulado” (PVPC) y por tanto, en puridad y desde la perspectiva del desarrollo de la actividad de comercialización, no disponen de tal posibilidad.

Por último y con respecto a la definición de consumidor vulnerable, así como sus categorías y requisitos que deben cumplir, que el RDL delega -de nuevo- a un posterior Reglamento, no podemos dejar de preguntarnos si esta vez se cumplirá con el mandato, puesto que ningún Gobierno ha querido afrontar seriamente el tratamiento de los consumidores vulnerables, ya que la  lógica  fijación de la renta per cápita familiar se ha esfumado desde la creación del bono social en el año 2009.

Irene Bartol

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La compensación por uso del local para ubicación del centro de transformación

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En fecha 23 de junio de 2016, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia (publicada en el BOE de fecha 28 de julio de 2016), en el marco del conflicto positivo de competencias número 2304-2014, planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación con determinados artículos del Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

En el marco de dicho conflicto, la sentencia ha declarado inconstitucional y nulo el artículo 26.3 del Real Decreto 1048/2013, relativo a la “Reserva de uso de locales”, que establece la fijación –por Orden ministerial– de: i) la compensación que la empresa distribuidora debe abonar al propietario, cuando haga uso del mencionado local y ii) la compensación que la empresa debe abonar al propietario, por la superior potencia del centro de transformación instalado, con la finalidad de suministrar a otros peticionarios.

En concreto, ambas compensaciones han sido fijadas por el artículo 9 (“Compensación por uso de locales para ubicación de centros de transformación”) de la Orden IET/2660/2015, de valores unitarios.

Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que la determinación de la cuantía concreta de dicha compensación es una tarea ejecutiva que no tiene naturaleza básica, en cuanto que no resulta imprescindible para garantizar el régimen económico único del sector, ni tampoco es precisa para salvaguardar la homogeneidad del régimen común de la actividad de distribución.

Partiendo de la anterior consideración, el TC declara inconstitucional y nulo el inciso “que se establecerá por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia” del artículo 26.3 Real Decreto 1048/2013, por incurrir en extralimitación de las competencias estatales en materia energética.

En consecuencia, la regulación contenida en el artículo 9 de la Orden IET/2660/2015, de valores unitarios debe considerarse asimismo nula, en virtud de la declaración de nulidad efectuada por el Tribunal Constitucional, del artículo 26.3 del Real Decreto 1048/2013.

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El nexo causal en la reclamación civil de daños en el suministro eléctrico

Es habitual, en el ámbito del suministro eléctrico, que los usuarios  aleguen a sus aseguradoras de hogar, la deficiente prestación del servicio eléctrico (por ejemplo una subida de tensión), en orden a justificar averías en electrodomésticos, cuyos daños son objeto de cobertura en las pólizas de hogar.

Dichas reclamaciones, ya sea  basadas en una efectiva alteración del suministro, o en causas ajenas al servicio eléctrico, da lugar a innumerables disputas legales entre aseguradoras y compañías eléctricas, en orden a determinar quién debe soportar el coste del daño sufrido por el consumidor, en ocasiones inferiores a los propios costes generados a razón del litigio.

Recae en este punto, la importancia de probar debida y suficientemente por parte del que reclama,  la existencia del nexo causal entre el daño producido al consumidor y la actuación del agente -la relación de causalidad-, ya que el “como” y el “porque” del daño son indispensables para determinar la causa eficiente del perjuicio y probar o exonerar de responsabilidad a la empresa suministradora.

En beneficio de la eficiente y clara acreditación de la relación de causalidad, se remarca por la jurisprudencia la insuficiencia probatoria de, en ocasiones, mal llamados “informes periciales”,  que se limitan a reproducir la versión de los hechos del perjudicado, sin efectuar comprobación alguna, desde el punto de vista técnico, que permitan acreditar  y probar que los eventuales daños son consecuencia directa de la acción u omisión imputable a la empresa suministradora.

En este sentido, el propio artículo 217 de la LEC hace recaer en la parte actora, la carga de probar la certeza de los hechos que se alegan; y también según la  jurisprudencia “corresponde a la misma acreditar los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección se invoca”.

De igual forma, los tribunales destacan la “esencialidad del nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño, y su necesaria certeza probatoria para poder proceder a la imputación de responsabilidad, siendo la prueba de la causalidad imprescindible”. No serán, pues, admisibles ni suficientes meras especulaciones, deducciones o suposiciones relativas a la producción del daño debido a una deficiente prestación del servicio eléctrico.

Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad “quasi objetiva” que en el ámbito del  suministro de gas y electricidad cabe  apreciar por las previsiones referentes a bienes y servicios defectuosos, contenidos en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios. En tal caso, se produciría la inversión de la carga de la prueba y deberá ser el suministrador quien, para ser exonerado de responsabilidad, deberá probar que el producto no era defectuoso y que cumplía con todas las exigencias, requisitos reglamentariamente establecidos y demás cuidados que exige la naturaleza del servicio.

Pero, en todo caso, la inversión de la carga de la prueba no se produce en la apreciación de la relación de causalidad, que en todo caso corresponderá probar a la parte que reclama.

 

 

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La necesaria reconfiguración del bono social

El Defensor del Pueblo, en su Informe anual de 2015, recuerda al Gobierno la necesidad de proceder a la revisión de la caracterización del bono social, de forma que tenga en cuenta preferentemente la renta del peticionario.

El Defensor del Pueblo lamenta que el Gobierno aún no haya procedido a la modificación de los requisitos de concesión del bono social, que debe tener en cuenta la renta del peticionario, lo que ha llevado a que consumidores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, quedan excluidos del derecho a percibir la prestación.

La normativa actual que regula el bono social,  reserva la prestación a favor de determinados colectivos como pensionistas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro, y viviendas con potencia contratada inferior a 3 kW, sin considerar el nivel de renta de la unidad familiar.

El Real Decreto-Ley 9/2013, estableció con carácter provisional, las características que debían cumplir los consumidores para ser considerados vulnerables y así tener derecho al bono social, a la espera del desarrollo reglamentario de dichos requisitos. La reconfiguración del bono social debía haberse hecho antes de 1 de julio de 2014.

Por tanto, hasta que el Gobierno no priorice el cumplimiento del mandato legal y desarrolle reglamentariamente el mandato que impone a la Administración la obligación de proceder a la revisión de la caracterización del bono social, dicha prestación se seguirá concediendo al margen de la insuficiencia de recursos y de la renta per cápita de las familias.

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Los contadores inteligentes y la protección de la confidencialidad del consumidor

La reciente aprobación del Real Decreto 1074/2015,  de  27  de  noviembre,  por el  que  se  modifican  distintas  disposiciones en  el  sector  eléctrico, ha introducido un cambio sustantivo en relación con el tratamiento de los datos de los consumidores y, en particular, los relativos a la curva de carga horaria.

Así, esta norma “elimina la posibilidad de que los datos relativos a la curva de carga horaria de los puntos de suministro para los que el distribuidor disponga de ella aparezcan en el Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS), garantizando de este modo la confidencialidad de los datos de los consumidores”.

A partir de ahora, sólo tendrán acceso a la información ofrecida por la curva de carga horaria de cada consumidor el comercializador con contrato vigente, a través de los cauces establecidos en los procedimientos que regulan los protocolos de intercambio de información, de seguridad y de confidencialidad, mientras que, por lo que respecta al resto de comercializadoras, únicamente podrán acceder a estos datos si el consumidor lo ha autorizado de manera expresa, siempre y cuando dicho consentimiento sea renovado cada dos años.

A tal efecto, el comercializador será plenamente responsable de garantizar la confidencialidad de la información sobre la curva de carga horaria de sus clientes, conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, sin que dicha responsabilidad pueda delegarse ni transferirse a terceros.

Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también se verá afectada con la nueva normativa, ya que al igual que las comercializadoras, el regulador ya no tendrá acceso a los datos identificativos de los consumidores.

La adopción de estas medidas por el Gobierno, responde a las exigencias establecidas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que en su Informe referente al Proyecto de Real Decreto 1074/2015, mantuvo al respecto que ‘’la exención legal del consentimiento del interesado supone una limitación de su derecho fundamental’’ toda vez que la información relativa a la curva de carga horaria ‘’implica una intromisión en su esfera privada y una restricción de su poder de disposición’’.

En este sentido, tanto la AEPD como el Grupo de Autoridades de Protección de datos de la Comisión Europea han mantenido al respecto que cualquier cesión a terceros de los datos de consumo horario ha de quedar sometida al previo consentimiento del interesado, resultando además justificado que ese consentimiento sea expreso, “habida cuenta de lo invasivo de la cesión de los mencionados datos”.

Si bien no es fácil lograr el equilibrio entre la protección de la privacidad de los consumidores y el acceso de los comercializadores a determinada información, lo cierto es que mediante la aprobación del Real Decreto 1074/2015 el Gobierno ha conseguido su conciliación, preservando sólo aquellos datos que por ser ‘’especialmente sensibles’’ deben quedar sometidos al previo consentimiento del interesado.

 

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