Archivos de la categoría Política energética

Clean Energy Package: Concluyen dos largos años de negociaciones

Con el acuerdo final alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo en el dossier sobre “Diseño del Mercado Energético” (Directiva y Reglamento de Electricidad), concluyó el pasado 18 de Diciembre la negociación de la propuesta de la Comisión Europea “Clean Energy Package” publicado casi dos años antes, el 30 de Noviembre de 2016. Una propuesta ambiciosa formada por 4 propuestas de Directiva – Renovables, Eficiencia Energética, Eficiencia Energética de los Edificios y Electricidad y 4 propuestas de Reglamento – ACER, Seguridad del suministro eléctrico, Gobernanza y Electricidad.

Este acuerdo político deberá ser debidamente ratificado por ambas instituciones y entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante, DO) – lo que puede tardar algunos meses. Mientras que el Reglamento de Electricidad es de inmediata aplicación en todos los Estados Miembros, la Directiva de Electricidad deberá transponerse en la legislación nacional en un plazo de 18 meses.

A su vez las Directivas de Renovables y Eficiencia Energética, así como el Reglamento para la Gobernanza entraron en vigor el pasado 24 de Diciembre tras su publicación en el DO del 21 de diciembre de 2018.

Destacamos a continuación algunos de los puntos más relevantes del acuerdo alcanzado en la Directiva y Reglamento de electricidad, a la espera de tener más detalles una vez se publiquen los textos. Los dos temas más controvertidos en esta negociación han sido sin duda, la limitación de los mecanismos de capacidad y su supervisión por la Unión Europea – de hecho, el Consejo liderado por Polonia se opuso firmemente a limitar o suprimir las subvenciones a los combustibles fósiles -y, la supresión de los precios regulados.

  • El nuevo diseño del mercado energético pone un límite a las subvenciones al carbón introduciendo un estándar de rendimiento de emisiones de CO2 de 550g/Kwh en todas las nuevas centrales eléctricas. La regla 550 es la piedra angular del acuerdo y descarta efectivamente la ayuda estatal para el carbón. El estándar se exigirá también a partir del 1 de julio de 2025 a las instalaciones de generación hoy ya existentes.
  • Precios regulados: en este caso Francia lideró la oposición llegando a amenazar con bloquear el acuerdo. Finalmente, el acuerdo es mucho menos ambicioso que la propuesta de la Comisión y recoge el principio de que los precios regulados deberán ser eliminados progresivamente sin fecha límite. Sin embargo, en consonancia con el Reglamento de gobernanza, los Estados miembros deberán informar periódicamente a la Comisión sobre la necesidad de mantener los precios regulados. En 2025, la Comisión evaluará los progresos realizados y, caso de ser necesario, hará una propuesta para la eliminación gradual de los mismos.
  • Prioridad de Despacho: será obligatorio para las pequeñas instalaciones renovables y proyectos de demostración previa aprobación de la autoridad reguladora. Seguirá siendo opcional para la cogeneración de alta eficiencia. El umbral de potencia será de hasta 400kW bajando a 200kW en 2026. Los Estados miembros podrán eliminar progresivamente el derecho de prioridad de despacho si cumplen los requisitos de acceso a los mercados para las energías renovables y la agregación o si la generación de electricidad a partir de energías renovables alcanza el 50% del consumo total de electricidad en el país.
  • Comunidades Energéticas Ciudadanas (CECs) – Comunidades Energéticas Locales según la propuesta de Directiva-: Las CECs participarán en igualdad de condiciones y normativa de acceso en todas las áreas del mercado de la electricidad. Las CECs también podrán compartir energía y suministro de energía renovable local y tienen derecho a obtener su energía renovable en el mercado manteniendo el derecho de despacho prioritario para las pequeñas instalaciones de energías renovables. Se deja a los Estados miembros la decisión sobre si autorizar o no a las CECs a poseer, construir, comprar o arrendar redes de distribución y gestionarlas autónomamente. En caso de que lo hagan, las CECs deberán cumplir con todas la normativa aplicable a otros distribuidores. Las CECs tendrán que contribuir adecuadamente a los costes de la red.
  • Establecimiento de una entidad para la cooperación de los distribuidores (DSOs) de electricidad en Europa – EU DSO entity: todos los distribuidores – con independencia de su tamaño- tienen el derecho a convertirse en miembros de la nueva entidad “EU DSO entity”. Dicha entidad tendrá como función principal el desarrollo de códigos de red en materia de distribución en cooperación con la entidad de transportistas europeos de electricidad, ENTSOE.
  • Se establecen principios generales sobre las tarifas de la red de distribución: las tarifas deberán incentivar a los distribuidores a innovar; promover la reflectividad de los costes; promover el desarrollo de servicios nuevos y competitivos; promover la respuesta a la demanda, la generación distribuida y un consumo energético más eficiente.
  • Los Estados Miembros deberán incentivar a los distribuidores para que obtengan servicios de flexibilidad, incluida la gestión de la congestión en su área de servicio para mejorar la eficiencia en las redes de distribución.
  • Las empresas de distribución de electricidad no podrán ser propietarias, construir, operar ni gestionar infraestructura de recarga de vehículo eléctrico ni instalaciones de almacenamiento de energía. Excepcionalmente podrán hacerlo previa autorización del regulador y únicamente si tras el correspondiente proceso de licitación no existen agentes del mercado interesados en ofrecer el servicio. La autorización concedida será revisada cada cinco años.
  • Gestión de datos: los Estados miembros desarrollaran un modelo para la gestión de los datos que respetará los principios recogidos en la directiva para garantizar que los datos puedan ser accesibles a todos los agentes del mercado sin discriminación para facilitar el desarrollo de nuevos servicios a la vez que se garantice la protección de los mismos.
  • Interoperabilidad: Se establecerán requisitos para facilitar la plena interoperabilidad de los datos para el desarrollo de servicios energéticos dentro de la UE.
  • Los sistemas de telegestión inteligente de nueva instalación y los que substituyan a otros, deberán cumplir con las funcionalidades y requisitos establecidos en la comunicación CE 2014/C 200/01. Los contadores inteligentes ya instalados podrán permanecer en funcionamiento durante un período transitorio de 12 años desde la entrada en vigor de la Directiva, tras el cual deberán adaptarse o substituirse para cumplir con los anteriores requisitos.
  • Se distinguen entre dos tipos de datos que se comunican desde el contador inteligente al cliente: «datos históricos de consumo validados» (después de ser procesados) y «datos de consumo casi en tiempo real no validados» (leídos directamente del contador).
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Acuerdo provisional en el Reglamento Europeo sobre la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)

Con el acuerdo provisional alcanzado en el Reglamento sobre ACER, seis de las ocho propuestas legislativas del “Clean Energy Package” de la Comisión Europea han sido ya acordadas políticamente por los colegisladores, entre éstas el Reglamento para la Gobernanza de la Unión de la Energía, las Directivas de Eficiencia Energética, Energía Renovable y Rendimiento Energético en Edificios así como el Reglamento sobre la Preparación de Riesgos. Ya sólo cabe esperar que la próxima semana se obtenga un acuerdo en la Directiva y el Reglamento de electricidad – los dosieres políticamente más comprometidos- para concluir la adopción del paquete antes de finalizar la Presidencia Austríaca de la Unión el próximo 31 de Diciembre.

El Reglamento dota a la Agencia de Cooperación de Reguladores de Energía, ACER con sede en Liubliana de un papel más importante en el mercado de la energía y en particular en cuanto a la seguridad del suministro. El Reglamento adapta las competencias de la Agencia a los nuevos retos del sector eléctrico.

La función principal de ACER actualmente se limita a la coordinación, el asesoramiento y el seguimiento de las respectivas acciones de los reguladores nacionales de energía, siendo el encargado de la supervisión regulatoria en situaciones dónde más de un Estado miembro se ve involucrado. Con el Reglamento acordado se han asignado a ACER competencias adicionales en aquellas áreas donde las decisiones nacionales individuales en temas de relevancia transfronteriza podrían causar problemas para el mercado interior de la energía. Por ejemplo, ACER supervisará los futuros «Centros de Coordinación Regional» que crearán los transportistas europeos (TSOs), donde los TSOs implicados podrán decidir sobre aquellos temas en los que las acciones nacionales fragmentadas y no coordinadas podrían afectar negativamente al mercado y a los consumidores. El enfoque propuesto también agilizará los procedimientos regulatorios -al introducir la aprobación directa por parte de ACER-, en lugar de aprobaciones separadas por todos los reguladores nacionales. Los reguladores nacionales, no obstante, continuarán participando plenamente en el proceso, al decidir a través de la votación en ACER por mayoría del 60% frente a la anterior exigencia de unanimidad en los acuerdos.

También se atribuyen a ACER funciones de supervisión de las entidades europeas de transportistas de electricidad y gas ENTSOE y ENTSOG así como de la nueva entidad para la coordinación de los distribuidores europeos de electricidad, EU DSO. También se ha reforzado la obligación de ACER de reportar al Parlamento Europeo.

Tras este acuerdo político provisional, el texto del Reglamento deberá ser aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo, para su posterior publicación en los próximos meses en el Diario Oficial de la Unión y entrada en vigor, siendo vinculante de inmediato para los Estados Miembros al tratarse de un Reglamento.

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Acuerdo para la Propuesta de Directiva sobre Energías Renovables

En la madrugada del 14  de Junio, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre la Propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre Energías Renovables, con un objetivo vinculante a nivel europeo para que el 32% de la energía consumida tenga origen en fuentes renovables en el 2030.

Ello constituye un punto de encuentro entre  el 27%, propuesto inicialmente por la Comisión y apoyado inicialmente por una mayoría del Consejo, y el ambicioso 35% defendido por el Parlamento. Sin duda los recientes cambios en los Gobiernos de España e Italia han facilitado el consenso entre ambas instituciones. El mencionado objetivo del 32% será revisado a la alza en 2023. Al ser el 32% un objetivo a nivel europeo, cada Estado Miembro puede aumentar libremente el porcentaje.

Además se fija un objetivo del 14% para las renovables en el transporte , estableciendo un límite máximo para  los biocombustibles de primera generación hasta 2030.

Otro importante aspecto a destacar es la apuesta por el autoconsumo  en esta Directiva que exime a las instalaciones con capacidad hasta 25kW del pago de cualquier cargo –, que en España resulta de de aplicación a las instalaciones con potencia superior a 10 kW. También es cierto que se prevé la posibilidad de imponer un peaje para autoconsumos de capacidad superior a 25kW a partir de 2023.

El compromiso alcanzado en la Directiva de  Renovables facilita el camino en la negociación y posible acuerdo en la Directiva de Eficiencia Energética  y que no fue posible conseguir en el Consejo de Ministros del pasado lunes 11 de Junio por diferencias en el objetivo – de nuevo el 27% fue propuesto por la Comisión mientras que el Parlamento reclama el 35%- . De nuevo esta Directiva se someterá a debate a finales de mes como último intento por parte de la Presidencia Búlgara del Consejo para alcanzar un acuerdo.

Si éste se consigue, podemos ser optimistas que el Paquete de Energía Limpia para todos los europeos de la Comisión Europea se finalice como está previsto a finales de este año bajo la Presidencia Austríaca de la Unión que comienza el próximo 1 de Julio. En su agenda está el acuerdo en la Directiva y Reglamento de electricidad y los Reglamentos ACER y de Gobernanza, que no es poco.

Desde aquí les deseamos unas muy fructíferas negociaciones.

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Transición energética y cambio climático

La Comisión de Expertos sobre Transición Energética presentó el pasado día 2 de abril el informe con propuestas para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La definición de una hoja de ruta para una economía hipocarbónica requerirá, según la Comisión de expertos, de un esfuerzo «colosal»  de todos los agentes: ciudadanos, actores económicos y gobiernos. Nos enfrentamos, por tanto, a un gran reto que exige una profunda reflexión, para encarar los tres vértices sobre los que gira la transición: emisiones, renovables y  eficiencia energética.

Resulta esencial, desde la óptica de los expertos, el establecimiento de señales  correctas de precio para consumidores, lo que exigiría reflexionar sobre la adecuada formación de precios en los mercados, la instrumentación de una verdadera fiscalidad ambiental, el correcto diseño de los peajes y la voluntad de otorgar un papel activo del consumidor.

En el ámbito de la fiscalidad,  se contempla que el eje vertebrador de la reforma debe ser la internalización de los costes medioambientales asociados a cada producto energético, lo que implicaría alinear la estructura fiscal con el objetivo pretendido, esto es, la descarbonización. El Informe  resulta concluyente al señalar que el sistema tributario actual, en lo que al   sector energético se refiere, adolece de problemas de consistencia y de falta de uniformidad.

Se plantea por ello que la reforma que deba acometerse evite la deslocalización geográfica de las industrias con presencia en el mercado internacional, que no suponga una pérdida de recaudación para las Administraciones Públicas y que no dé lugar a un incremento de la presión fiscal. Casi nada.

En cuanto al diseño de los peajes de acceso, se sugieren una serie de actuaciones para promover la asignación eficiente de los recursos energéticos.

En concreto, los costes relacionados con el suministro proporcionales a la capacidad que se desee disponer, deben recuperarse a través del término de potencia, mientras que aquellos proporcionales al volumen de energía consumida, deben  recuperarse a través del término variable.

Por otra parte, los costes no relacionados con el suministro deberían financiarse desde los Presupuestos generales del Estado, como serían aquellas relacionados con la protección de consumidores vulnerables. Y también deberían financiarse a través de las arcas públicas, los costes relacionados con el suministro pasado, como es la anualidad del déficit histórico.

Respecto al funcionamiento del Mercado eléctrico, el Informe destaca la necesidad de diseñar un nuevo mecanismo de capacidad, el impulso de la participación de la demanda, bien directamente, bien mediante agregadores, en los servicios de ajuste del sistema, y el rediseño del servicio de interrumpibilidad, para garantizar el equilibrio del sistema con distintos plazos y al menor coste posible.

En cuanto a la movilidad sostenible, se apunta que el mayor potencial de descarbonización vendrá impulsado por el transporte eléctrico, mientras que desde la óptica de la eficiencia energética, la Comisión se decanta por considerar que el apoyo público debería dirigirse a actuaciones de información, y no tanto basadas en ayudas económicas.

Finalmente, en un escenario de transición energética, se pone en valor el  papel de las redes, concluyendo que los escenarios energéticos presentes y futuros, en cualquier caso, demandan de las redes seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad.

De esta forma, las redes de distribución unidireccionales tendrán que pasar a ser bidireccionales como consecuencia del nivel de desarrollo que pueda alcanzar la generación distribuida o el autoconsumo, en combinación con los grandes centros de generación centralizada y con sistemas de almacenamiento conectados en muchos casos a redes de distribución.   Ello hará que las redes sean más flexibles e inteligentes y que cuenten con un nivel de desarrollo y fiabilidad compatible con las nuevas prestaciones que les sean requeridas.

Así pues, la Comisión de expertos ha hecho el trabajo que se le encomendó. Es un primer paso -importante- para abrir el debate, analizar las opciones y valorar las propuestas con el fin de tomar las decisiones adecuadas para impulsar el cambio de modelo energético. En todo caso, convendría articularse mediante un Pacto de Estado, y amplio consenso  de los agentes implicados.

 

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Winter Package «Clean Energy for all Europeans»

El pasado 30 de Noviembre la Comisión Europea publicó su  tan esperado “Winter Package” ´. Bajo el título “Clean Energy for all Europeans” se recogen ocho  propuestas legislativas, con la intención de llevar a cabo una verdadera transformación del sistema energético europeo. Las propuestas incluyen la revisión de las Directivas de Electricidad, Eficiencia Energética  Eficiencia Energética de los edificios y Energías Renovables, el Reglamento de Electricidad, el Reglamento de seguridad del suministro de electricidad, el Reglamento de la Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores  de Energía y el Reglamento de Gobernanza.

Su objetivo es asegurar la transición desde un modelo de sistema energético centralizado y basado en combustibles fósiles hacia un sistema descentralizado y dinámico en el que los Estados Miembros cooperen y se apoyen los unos a los otros y en el que los consumidores desempeñen un rol activo gestionando su consumo energético, gracias a los contadores inteligentes y demás posibilidades que estos ofrecen, así como a través de la autogeneración de electricidad renovable a la vez que obtienen una remuneración por el excedente de electricidad producida y vendida a la red.

La propuesta comunitaria incrementa, con carácter vinculante, el objetivo de eficiencia energética del 27% al 30% para el año 2030. Se obligará a los Estados Miembros a presentar a partir del año 2018  sus Planes nacionales de energía y clima para alcanzar el objetivo comunitario.

Asimismo Bruselas propone terminar con las subvenciones a las energías renovables, las cuales  deberán paulatinamente integrarse y competir en el mercado junto a otras tecnologías con el fin de minimizar posibles distorsiones en los mercados. También se limita para las nuevas instalaciones y en función de su potencia el derecho del que gozaban de prioridad en el despacho.

La Comisión  permitirá a los Estados Miembros hacer uso de los llamados “mecanismos de capacidad” pero únicamente como último recurso y en cumplimiento de principios europeos basados en reglas de mercado, tecnológicamente neutros y abiertos a la participación transfronteriza, todo ello con el fin de evitar que dichos mecanismos se conviertan en una puerta abierta a subsidios para combustibles fósiles.

Con este paquete legislativo se  pretende conseguir una gestión  más flexible de las redes de electricidad por parte de los operadores de redes y los comercializadores de energía de forma que sea posible una mayor integración de las energías renovables en el sistema energético. Se destaca el prominente rol de los gestores de la red de distribución en esta transición energética en la que las redes locales adquirirán una mayor relevancia y se proponen criterios y principios para modernizar la estructura para la remuneración de estos agentes con el fin de incentivar la innovación y una gestión más activa y eficiente de la red.

Se inician a partir de ahora las negociaciones en el Parlamento Europeo y en el Consejo hasta la adopción de este paquete legislativo, proceso que bien podría  durar unos dos años.

Carmen Gimeno

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