Archivos de la categoría Fiscalidad energética

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Aportaciones al sistema eléctrico con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 2016

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 prevé las siguientes aportaciones al sistema eléctrico para dicho año (Ley 48/2015, Disp. Adic. Undécima).

Primero, la previsión de recaudación derivada de la aplicación de los tributos para la sostenibilidad energética (Ley 15/2012). Sin embargo, la afectación de estos ingresos al sistema eléctrico no está prevista respecto del total de recaudación efectiva anual, sino sólo de la estimación inicial recogida en la LPG de cada año (Disp. Adicional 2º Ley 15/2012). Entendemos que esta previsión asciende a 2.704.510,25 miles de euros, porque este es el límite que se fija para calcular la aportación adicional, que comentaremos a continuación.

Segundo, una aportación adicional de hasta un máximo de 240.500 miles de euros, que sólo se ingresará al sistema eléctrico si la recaudación efectiva global derivada de los tributos de la Ley 15/2012, en el año 2016, supera los 2.704.510,25 miles de euros

O sea, según estas previsiones, el máximo de aportación al sistema eléctrico que podría producirse con cargo a PGE 2016 ascendería a 2.945.010,25 miles de euros (2.704.510,25 + 240.500).

No obstante, estas previsiones no coinciden con las de la CNMC, que prevé una aportación inferior de 2.853.719,00 miles de euros (Informe sobre la propuesta de orden por la que se aprueba la previsión de la evolución de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema eléctrico para el periodo 2015-2020.”, de 21 de mayo de 2015). Asimismo, hay que destacar que en este Informe la CNMC recoge una previsión de ingresos por este concepto para los años 2017 – 2020, con una reducción significativa de los mismos, que oscila entre un 2,13% y un 17,13%.

En cualquier caso, de acuerdo con la normativa vigente, se entiende que si se produce una mayor recaudación de la inicialmente prevista, la diferencia no queda per se afecta a la financiación del sistema eléctrico. Y, en caso de que la recaudación efectiva fuera inferior a la inicialmente prevista, parece que la aportación mínima con cargo a PGE quedaría garantizada.

¿Realmente si los ingresos derivados de la aplicación de la Ley 15/2012 fueran inferiores a la previsión presupuestaria inicial, se aportaría la totalidad de la previsión inicial al sistema eléctrico?

¿Y si la recaudación efectiva supera a los ingresos previstos inicialmente, este exceso no debería destinarse en su totalidad a financiar el sistema eléctrico?

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Los suplementos territoriales del año 2013: legales, pero inconstitucionales. ¿Y los del futuro?

Tras la modificación de la Ley 54/1997 por el RDL 20/2012, la aplicación de los denominados suplementos territoriales sobre los peajes de acceso a redes eléctricas, para el año 2013, pasó a ser una obligación legal en todos aquellos casos en los que las actividades o instalaciones eléctricas hubiesen sido gravadas por tributos autonómicos o recargos sobre tributos estatales. Sin embargo, ni la Orden IEAT/221/2013 ni la Orden 1491/2013, por las que se regulaban los peajes de acceso para ese año, previó su aplicación.

Ante el incumplimiento de este mandato legal, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2014 (RO 102/2013) declaró la nulidad del art. 9.1 Orden IET/221/2013. Todo hacía suponer que idéntico pronunciamiento habría recaído respecto de la Orden 1491/2013.

Parecía, pues, que las empresas iban a poder recuperar los costes tributarios autonómicos soportados en relación con sus actividades o instalaciones eléctricas. Cuestión nada baladí en un contexto de crisis económica, con consolidación de la reducción de las retribuciones reguladas y menores ingresos de las actividades con retribución libre.

Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 136/2015 ha declarado inconstitucional la introducción de esta obligación legal utilizando la vía del Real Decreto-Ley. El TC considera que no se cumplen los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad exigidos en el art. 861 CE para poder acudir al Decreto-Ley.

No obstante, resulta paradójico que el TC, en este caso, considere que no concurre la extraordinaria y urgente necesidad. Sobre todo teniendo en cuenta la multitud de Reales Decretos-Leyes que han sido aprobados en los últimos años para modificar la legislación sectorial eléctrica y que este mismo Tribunal ha avalado.

Es decir, por un lado, el TC ha confirmado el uso del RDL para regular situaciones consolidadas a lo largo de los años. Por ejemplo, regular el déficit tarifario o recortar retribuciones reguladas ya aprobadas y publicadas en el BOE. Decisiones todas ellas con impacto negativo en las cuentas de resultados de las empresas.

Sin embargo, por otro lado, en esta ocasión, en la que excepcionalmente la modificación legislativa implicaba un efecto positivo sobre dichas cuentas de resultados, el Tribunal Constitucional ha considerado que no se cumplían los requisitos para superar el canon.

No querríamos llegar a la conclusión de que la extraordinaria y urgente necesidad se interpreta de forma distinta cuando afecta a las actuaciones de la Administración o a las empresas privadas.

Todo ello sin perjuicio de que, en nuestra opinión, existen dudas más que razonables sobre la constitucionalidad de la configuración legal de los suplementos territoriales recogida en la vigente LSE, aunque sean de aplicación potestativa. No nos parece que la previsión establecida en la LSE de repercutir los costes tributarios sobre los consumidores se adecúe al reparto de competencias financieras previsto en el bloque de constitucionalidad (Constitución, LOFCA y Estatutos de Autonomía). O sea, no está nada claro que el legislador estatal pueda decidir quién debe soportar finalmente la carga tributaria de tributos autonómicos. O más bien parece que, directamente, no podría.

A mayor abundamiento, téngase en cuenta que todavía está pendiente de concretar qué tributos, y recargos sobre tributos estatales, podrían ser considerados a estos efectos, así como los mecanismos necesarios para su gestión y liquidación.

Todo ello nos lleva a plantearnos las siguientes dudas.

¿Se decidirá algún día finalmente la aplicación efectiva de los suplementos territoriales sobre los peajes de acceso?

¿Superarían los suplementos territoriales, configurados conforme a la legalidad vigente, el canon de constitucionalidad marcado por el reparto de competencias financieras previsto en el bloque de constitucionalidad?

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