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Fondo Nacional de Eficiencia Energética vs certificados de ahorro energético

La Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE del Parlamento y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética en el entorno de la Unión Europea, estableciendo los objetivos de ahorro acumulado en el periodo 2014-2020,  imponiendo a los Estados Miembros la obligación de justificar una objetivo de ahorro acumulado.

La transposición de la referida Directiva en España, supuso la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), creado por la Ley 18/2014, teniendo como finalidad la financiación de mecanismos de apoyo económico, financiero, asistencia técnica, formación, información u otras medidas, con el fin de aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores consumidores de energía.

El sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, materializado en el FNEE, comporta la asignación de una cuota anual de ahorro energético, que se traduce en una obligación de una contribución financiera anual por parte de los sujetos obligados: comercializadores de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gas licuados de petróleo al por mayor.

Hasta el momento, se ha descartado, la implantación de un sistema de certificados de ahorro energético, ya que aunque la Ley 18/2014 lo apuntaba, en línea con lo previsto en la Directiva 2012/27/UE, se ha dejado pasar la oportunidad de permitir a los agentes participar activamente en la consecución de objetivos de eficiencia energética, promocionando iniciativas que redunden en un ahorro de energía al consumidor final, sin posibilidad de reducir el importe de la aportaciones al Fondo.

Si ello es acorde o no con lo previsto en la Directiva 2012/27/UE lo acabará acordando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la decisión que se adopte en su momento a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, respecto a:

– Si es compatible con la Directiva una regulación nacional que contempla la posibilidad de cumplir las obligaciones de ahorro energético cuyo cumplimiento consiste en una contribución financiera anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

– Si es compatible con la Directiva una regulación anual que contempla la posibilidad de cumplir las obligaciones de ahorro energético mediante la acreditación del ahorro conseguido como una alternativa a la contribución financiera a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

-En caso de respuesta afirmativa, si la previsión de esta alternativa, es compatible con la Directiva, cuando su efectiva existencia depende de que el Gobierno la desarrolle discrecionalmente por vía reglamentaria.

– Si es compatible con la Directiva, una normativa de un Estado Miembro con un método de reparto de la financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que considera partes sujetas a las obligaciones de ahorro energético, únicamente a empresas comercializadoras de energía eléctrica y no a empresas distribuidoras de la misma.

Algo sin embargo está claro: Con independencia de lo que decida el TJUE, el objetivo de la Directiva es precisamente incrementar la eficiencia energética en la Unión Europea, como medio para superar determinados retos, como limitar el cambio climático y minimizar la dependencia de importaciones de energía.

Por lo tanto, no deberían frenarse iniciativas empresariales que vayan encaminadas de forma activa a conseguir un ahorro y eficiencia energética a nivel de usuarios finales, lo que en última instancia, nos lleva a defender la creación de un sistema de certificados de eficiencia energética.

Irene Bartol

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Las Empresas de servicios energéticos y la titularidad del contrato de suministro

La Empresa de Servicios Energéticos (ESE), figura introducida con el RDL 6/2010, tiene como fin generar negocio a base de conseguir una mejora de la eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario, proporcionando al cliente y la propia ESE la posibilidad de obtener un beneficio económico, con la optimización del consumo energético.

Tratándose de un sector de reciente creación en España, que va en línea con el fomento de la eficiencia energética,  las ESE están siendo fomentadas por la Administración Pública, a través de normativas, planes y programas, siendo el propio sector público el principal cliente, si bien las ESE están empezando a focalizarse en el sector industrial.

Sin embargo, el principal problema que se plantea con las ESE, es el de si las mismas pueden o no suscribir el contrato de suministro eléctrico del que se ha de beneficiar su cliente.

De acuerdo con el artículo 79.3 Real Decreto 1955/2000, el contrato de suministro eléctrico es un contrato de tipo personal cuyo titular debe ser el efectivo usuario de la energía. Ello implica que el titular en cuestión no puede utilizar la energía en un lugar distinto para el que fue contratada, ni tampoco cederla o venderla a terceros, hecho que colisiona con la figura de las denominadas ESE y, en particular, con la posibilidad de que las mismas desarrollen un conjunto de prestaciones que incluyan la realización de los suministros necesarios para optimizar la calidad y la reducción de los costes energéticos.

La regulación actual no resuelve dicha cuestión, si bien la extinta Comisión Nacional de la Energía expuso su criterio al respecto mediante sus Informes de fecha 24 de marzo de 2011 y 27 de octubre de 2011.

Así pues, la CNE planteó la posibilidad de considerar que el efectivo usuario de la energía es la propia empresa de servicios energéticos, la cual no vende ni cede esta energía sino que la transforma en un producto global más eficiente, lo que la facultaría para firmar el correspondiente contrato de suministro con el comercializador correspondiente.

Pese a los informes emitidos en su momento por la CNE, lo cierto es que el asunto, no está en absoluto resuelto. El criterio del regulador puede ser objeto de diversas interpretaciones por lo que sería conveniente que estas consideraciones fueran precisadas en el marco de un posible desarrollo normativo de la figura de la empresa de servicios energéticos introducida por el Real Decreto-ley 6/2010.

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