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El “European Green Deal” de la nueva Comisión Europea

El pasado 11 de diciembre, la reciente estrenada Comisión Europea presidida por la alemana Ursula von der Leyen, presentó una Comunicación muy esperada sobre el “European Green Deal” (Acuerdo Verde Europeo) Según palabras de la Presidenta al Parlamento Europeo, el “European Green Deal” es “la nueva estrategia de crecimiento de la UE, que pretende posicionar a los europeos como líderes en tecnologías limpias y financiación verde”.

La Comunicación viene con una hoja de ruta para la acción que contiene 50 pasos prácticos para el logro de su ambicioso objetivo climático para hacer de Europa el primer continente sin emisiones en 2050. Establece ambiciones en varias áreas políticas, que incluyen entre otras clima, energía, transporte, industria, agricultura y medio ambiente.

La nueva Comisión cree firmemente que una mayor descarbonización es fundamental para alcanzar los objetivos climáticos de la UE en 2030 y 2050. Para ello la Dirección General para el Clima, liderada por el Vice-Presidente primero de la Comisión Europea y Comisario para el Clima, el holandés Frans Timmermans, está trabajando en una propuesta de “Ley Climática Europea” – la primera a nivel europeo – cuya publicación se espera el próximo 26 de Febrero de 2020. Dicha norma consagrará el objetivo de neutralidad climática para 2050. Seguidamente la Comisión propondrá antes del verano de 2020 un plan integral para aumentar el objetivo climático de la UE para el 2030 –y pasar del 40% acordado al 50% como mínimo con miras de llegar al 55%, en comparación con los niveles de 1990.

La Comunicación sostiene la importancia de priorizar la eficiencia energética (el objetivo europeo cuyo cumplimiento está más lejos de ser alcanzado ya para este año 2020), junto con preparar el sector eléctrico para basarse en fuentes de energía renovables, todo ello combinado con la eliminación del carbón y la descarbonización del gas. A su vez y para para garantizar la seguridad del suministro, la Comisión subraya la importancia de integrar, interconectar y digitalizar completamente el mercado energético europeo, respetando al mismo tiempo la neutralidad tecnológica, todo ello involucrando y para beneficio de los consumidores.  Paralelamente, la Comisión prevé una revisión del marco regulador de las infraestructuras energéticas, ya que las infraestructuras inteligentes son necesarias para la transición a la neutralidad climática. Según la Comunicación, el marco regulatorio debería «fomentar el despliegue de tecnologías e infraestructura innovadoras, tales como redes inteligentes, redes de hidrógeno o captura, almacenamiento y utilización de carbono, almacenamiento de energía, que también permitan la integración de sectores«.  En términos de acciones concretas, la Comisión apunta en su Comunicación, entre otras, la publicación en el transcurso de 2020 de una estrategia para la integración inteligente de los sectores energéticos – supuestamente incluirá el llamado “paquete de gas” y el diseño de un mercado competitivo para el gas descarbonizado-, una iniciativa de renovación para el sector de la construcción y los edificios y una estrategia sobre la energía eólica marina.

En el sector del transporte -que contribuye a un cuarto de las emisiones de CO2 de la UE- se necesita una reducción de las emisiones en un 90% en 2050. Para ello, la Comunicación anuncia la propuesta de una estrategia para la movilidad sostenible e inteligente, y financiación para apoyar el despliegue de puntos públicos de recarga y reabastecimiento de combustible como parte de la infraestructura de combustibles alternativos. La Comisión estima que en 2025 serán necesarios 1 millón de puntos de recarga para abastecer los 13 millones de vehículos con cero o bajas emisiones que circularán por las carreteras europeas.

Asimismo la Comisión evaluará en Junio de 2020, los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) revisados y presentados por los distintos Estados Miembros a final de 2019, proponiendo si es necesario, medidas de seguimiento para ampliar el nivel de ambición.  También se anuncia la intención de revisar, cuando sea necesario, la legislación energética relevante para conseguir los objetivos de neutralidad climática señalando entre otras normas las recientes Directivas de Renovables y Eficiencia Energética, así como la Directiva sobre la imposición de la energía. Movilizar la investigación y fomentar la innovación es también una de las prioridades recogidas en la Comunicación, para mantener la ventaja competitiva de la UE en tecnologías limpias. Al menos el 35% del presupuesto del “Horizon Europe” financiará nuevas soluciones para el clima, relevantes para la implementación del “Green Deal”, respaldando entre otras, la investigación y la innovación en el transporte, incluyendo las baterías y el hidrógeno limpio, así como involucrará a las comunidades locales en el camino hacia un futuro más sostenible, en iniciativas que combinen el impulso social y el impulso tecnológico.

La Comunicación remarca que la transición hacia la descarbonización “tiene que funcionar para todos y ser justa, o no funcionará en absoluto” y, por lo tanto, una parte crucial en el “European Green Deal” es la ambición de movilizar 100.000 millones de euros y destinarlos a las regiones y sectores más vulnerables y que se verán afectados en mayor medida por los nuevos objetivos.

Por último, reiterar que la Comunicación tiene una visión amplia y también propone medidas por la biodiversidad y los bosques, la agricultura y la alimentación, las ciudades verdes y el desarrollo de la economía circular.

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Fondo Nacional de Eficiencia Energética vs certificados de ahorro energético

La Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE del Parlamento y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética en el entorno de la Unión Europea, estableciendo los objetivos de ahorro acumulado en el periodo 2014-2020,  imponiendo a los Estados Miembros la obligación de justificar una objetivo de ahorro acumulado.

La transposición de la referida Directiva en España, supuso la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), creado por la Ley 18/2014, teniendo como finalidad la financiación de mecanismos de apoyo económico, financiero, asistencia técnica, formación, información u otras medidas, con el fin de aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores consumidores de energía.

El sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, materializado en el FNEE, comporta la asignación de una cuota anual de ahorro energético, que se traduce en una obligación de una contribución financiera anual por parte de los sujetos obligados: comercializadores de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gas licuados de petróleo al por mayor.

Hasta el momento, se ha descartado, la implantación de un sistema de certificados de ahorro energético, ya que aunque la Ley 18/2014 lo apuntaba, en línea con lo previsto en la Directiva 2012/27/UE, se ha dejado pasar la oportunidad de permitir a los agentes participar activamente en la consecución de objetivos de eficiencia energética, promocionando iniciativas que redunden en un ahorro de energía al consumidor final, sin posibilidad de reducir el importe de la aportaciones al Fondo.

Si ello es acorde o no con lo previsto en la Directiva 2012/27/UE lo acabará acordando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la decisión que se adopte en su momento a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, respecto a:

– Si es compatible con la Directiva una regulación nacional que contempla la posibilidad de cumplir las obligaciones de ahorro energético cuyo cumplimiento consiste en una contribución financiera anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

– Si es compatible con la Directiva una regulación anual que contempla la posibilidad de cumplir las obligaciones de ahorro energético mediante la acreditación del ahorro conseguido como una alternativa a la contribución financiera a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

-En caso de respuesta afirmativa, si la previsión de esta alternativa, es compatible con la Directiva, cuando su efectiva existencia depende de que el Gobierno la desarrolle discrecionalmente por vía reglamentaria.

– Si es compatible con la Directiva, una normativa de un Estado Miembro con un método de reparto de la financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que considera partes sujetas a las obligaciones de ahorro energético, únicamente a empresas comercializadoras de energía eléctrica y no a empresas distribuidoras de la misma.

Algo sin embargo está claro: Con independencia de lo que decida el TJUE, el objetivo de la Directiva es precisamente incrementar la eficiencia energética en la Unión Europea, como medio para superar determinados retos, como limitar el cambio climático y minimizar la dependencia de importaciones de energía.

Por lo tanto, no deberían frenarse iniciativas empresariales que vayan encaminadas de forma activa a conseguir un ahorro y eficiencia energética a nivel de usuarios finales, lo que en última instancia, nos lleva a defender la creación de un sistema de certificados de eficiencia energética.

Irene Bartol

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Las Empresas de servicios energéticos y la titularidad del contrato de suministro

La Empresa de Servicios Energéticos (ESE), figura introducida con el RDL 6/2010, tiene como fin generar negocio a base de conseguir una mejora de la eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario, proporcionando al cliente y la propia ESE la posibilidad de obtener un beneficio económico, con la optimización del consumo energético.

Tratándose de un sector de reciente creación en España, que va en línea con el fomento de la eficiencia energética,  las ESE están siendo fomentadas por la Administración Pública, a través de normativas, planes y programas, siendo el propio sector público el principal cliente, si bien las ESE están empezando a focalizarse en el sector industrial.

Sin embargo, el principal problema que se plantea con las ESE, es el de si las mismas pueden o no suscribir el contrato de suministro eléctrico del que se ha de beneficiar su cliente.

De acuerdo con el artículo 79.3 Real Decreto 1955/2000, el contrato de suministro eléctrico es un contrato de tipo personal cuyo titular debe ser el efectivo usuario de la energía. Ello implica que el titular en cuestión no puede utilizar la energía en un lugar distinto para el que fue contratada, ni tampoco cederla o venderla a terceros, hecho que colisiona con la figura de las denominadas ESE y, en particular, con la posibilidad de que las mismas desarrollen un conjunto de prestaciones que incluyan la realización de los suministros necesarios para optimizar la calidad y la reducción de los costes energéticos.

La regulación actual no resuelve dicha cuestión, si bien la extinta Comisión Nacional de la Energía expuso su criterio al respecto mediante sus Informes de fecha 24 de marzo de 2011 y 27 de octubre de 2011.

Así pues, la CNE planteó la posibilidad de considerar que el efectivo usuario de la energía es la propia empresa de servicios energéticos, la cual no vende ni cede esta energía sino que la transforma en un producto global más eficiente, lo que la facultaría para firmar el correspondiente contrato de suministro con el comercializador correspondiente.

Pese a los informes emitidos en su momento por la CNE, lo cierto es que el asunto, no está en absoluto resuelto. El criterio del regulador puede ser objeto de diversas interpretaciones por lo que sería conveniente que estas consideraciones fueran precisadas en el marco de un posible desarrollo normativo de la figura de la empresa de servicios energéticos introducida por el Real Decreto-ley 6/2010.

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