Archivos de la categoría Distribución electricidad

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La actividad de distribución y el reconocimiento de costes

Recaídas las primeras Sentencias en relación con el régimen retributivo de la actividad de distribución, previsto en el Real Decreto 1048/2013, (STS 1784/2016 y STC 120/2016) es hora de comentar el marco regulatorio y pronunciamientos judiciales respecto del reconocimiento de los costes en que puedan incurrir las empresas distribuidoras de energía eléctrica, en el desarrollo de su actividad.

En primer lugar, huelga de decir que las empresas distribuidoras, en el desarrollo de su actividad, se ven afectadas por la imposición de normativas tanto estatales, como autonómicas o locales, y que en el respectivo marco de competencias y atribuciones de las  respectivas Administraciones, éstas imponen y aquellas deben acatar.

Sin embargo, el  Real Decreto 1048/2013 (artículo 13) dispone que no se retribuirán con cargo al sistema eléctrico, los costes en los que incurran las empresas distribuidoras, que no hayan sido exigidos por la normativa básica estatal, ahondando en lo que previamente señala la Ley 24/2013, al disponer que en ningún caso se tendrán en consideración los costes e inversiones que vengan determinados por normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el territorio español.

En un contexto en que la Ley trata de blindar la viabilidad económica del sistema eléctrico nacional, resulta obligado reflexionar sobre si el actual marco normativo permite garantizar a las empresas eléctricas el reconocimiento íntegro de los costes de su actividad.

Vaya por delante que, tratándose de empresas que tienen el carácter de “reguladas”, corresponde al regulador, así como el resto de Administraciones, ya sean estatales, autonómicas o locales, garantizar, en el ejercicio de sus respectivas competencias, que a la empresa se le reconozcan los costes “necesarios” para el desarrollo de la actividad.

En tal caso, es necesario, tal como señala el Tribunal Supremo, analizar si la articulación de los “mecanismos” que corresponde al Estado establecer, resultan adecuados para compensar los eventuales costes  impuestos por la normativa autonómica o local.

Dichos mecanismos se traducen actualmente, sobre en el papel: a) en la “posibilidad”, por parte de las Comunidades Autónomas de establecer “convenios” con las empresas afectadas, para el caso de normativas específicas sobre redes que supongan unos mayores costes en la actividad; y b) en la “posibilidad” de  inclusión de un suplemento territorial en los peajes de acceso que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad autónoma y/o municipio.

Sin embargo, de momento, la realidad demuestra  la inidoneidad de dichos mecanismos:

Primero, porque los suplementos territoriales brillan por su ausencia, incluso después de que, prácticamente tres años, el Gobierno fuera condenado por sentencia firme, a incluir en los peajes, los suplementos territoriales con el fin de compensar los costes derivados de múltiples impuestos autonómicos que gravan las actividades eléctricas.

Segundo, porque a buen seguro, la introducción de suplementos territoriales -que supondría el fin de la tarifa única- tendría un coste político que muchos no están dispuestos a asumir.

Y tercero, porque el establecimiento de convenios, en la medida que se plantea como una posibilidad, es probable que no sea contemplado seriamente por algunas Comunidades Autónomas.

Algo, no obstante, está claro: el hacer recaer sobre la empresa distribuidora unos mayores costes sin percibir retribución alguna por ese sobrecoste, resulta contrario al derecho de las empresas distribuidoras de percibir una retribución adecuada, por lo que es evidente que, en caso de que se impongan sobrecostes derivados de normativas autonómicas o locales, la posibilidad se convierte en obligación, y en consecuencia, las empresas -como empresas reguladas- deben ser oportunamente compensadas.

 

 

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La compensación por uso del local para ubicación del centro de transformación

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En fecha 23 de junio de 2016, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia (publicada en el BOE de fecha 28 de julio de 2016), en el marco del conflicto positivo de competencias número 2304-2014, planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación con determinados artículos del Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

En el marco de dicho conflicto, la sentencia ha declarado inconstitucional y nulo el artículo 26.3 del Real Decreto 1048/2013, relativo a la “Reserva de uso de locales”, que establece la fijación –por Orden ministerial– de: i) la compensación que la empresa distribuidora debe abonar al propietario, cuando haga uso del mencionado local y ii) la compensación que la empresa debe abonar al propietario, por la superior potencia del centro de transformación instalado, con la finalidad de suministrar a otros peticionarios.

En concreto, ambas compensaciones han sido fijadas por el artículo 9 (“Compensación por uso de locales para ubicación de centros de transformación”) de la Orden IET/2660/2015, de valores unitarios.

Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que la determinación de la cuantía concreta de dicha compensación es una tarea ejecutiva que no tiene naturaleza básica, en cuanto que no resulta imprescindible para garantizar el régimen económico único del sector, ni tampoco es precisa para salvaguardar la homogeneidad del régimen común de la actividad de distribución.

Partiendo de la anterior consideración, el TC declara inconstitucional y nulo el inciso “que se establecerá por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia” del artículo 26.3 Real Decreto 1048/2013, por incurrir en extralimitación de las competencias estatales en materia energética.

En consecuencia, la regulación contenida en el artículo 9 de la Orden IET/2660/2015, de valores unitarios debe considerarse asimismo nula, en virtud de la declaración de nulidad efectuada por el Tribunal Constitucional, del artículo 26.3 del Real Decreto 1048/2013.

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La retribución de la inversión en la actividad de distribución

La tasa de retorno de la actividad de distribución de energía electricidad se  fija, a partir del Real Decreto-Ley 9/2013 en base al rendimiento de las obligaciones del Estado a diez años más un diferencial, abandonando la anterior metodología que consistía en el coste medio ponderado del capital (WACC), sistema tenido en cuenta mayoritariamente por los distintos reguladores a nivel europeo.

Con la aprobación, en su momento, de la Orden IET/221/2013, la tasa de retorno del segundo período de 2013 (13/07/2013-31/12/2013),  se fijó en 5,5033% -inferior a la del primer periodo – resultando de la aplicación del bono del Estado a diez años incrementado en 100 puntos básicos.

Se podrá discutir sobre si el establecimiento de la retribución de la distribución en base al rendimiento de las Obligaciones del Estado a 10 años incrementado con un diferencial es o no el mejor método para retribuir una actividad regulada como la actividad de distribución, teniendo en cuenta que no es el método comúnmente aplicado por los distintos reguladores.

Por imposición legal, la actividad de distribución debe tener una “rentabilidad razonable”, concepto que por ser “jurídico indeterminado” tendrá lecturas diferentes en función de quien lo alegue, esto es, la Administración o las empresas que desarrollan la actividad. Desde el punto de vista empresarial, lo lógico es que se retribuya el coste del capital, propio y ajeno. Desde el punto de vista de la Administración es fácil anticipar que la consideración de dicha actividad regulada como de “bajo riesgo” supondrá modular la tasa de retorno de forma restrictiva.

En  recientes sentencias dictadas  en fechas 26 y 27 de Enero de 2016, el Tribunal Supremo ha validado la nueva metodología establecida por el Gobierno,  sobre la base de que no se contraviene la normativa sectorial en lo relativo a la obligación de garantizar una retribución adecuada a las empresas distribuidoras.

Así, en primer lugar, el Tribunal destaca que la autoridad nacional -MINETUR- conserva un amplio margen de apreciación/discreción para priorizar los objetivos regulatorios en aras de garantizar el suministro eléctrico en condiciones equitativas.

Señala asimismo que el establecimiento de la referida tasa de retribución no repercute negativamente, de una forma significativa, en las expectativas a futuro de los  inversores, ya que la diferencia de valores resultantes de aplicar ambas metodologías no es lo suficientemente relevante como para desincentivar la atracción de capital para desarrollar su actividad profesional, de tal forma que se pueda poner en grave riesgo la prestación del servicio en condiciones adecuadas para la seguridad del suministro eléctrico.

El tiempo dirá si los inversores perciben o no el “bajo riesgo” que el legislador predica de la actividad de distribución. Al margen de ello, parece lógico considerar que si la rentabilidad ofrecida es inferior al coste del capital, los inversores buscarán nuevos lares para invertir, por mucho que los Tribunales consideren que la tasa de retorno basada en el rendimiento de las Obligaciones del Estado incrementado con un diferencial, sea adecuado.

 

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