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El TC confirma la constitucionalidad del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica

Desde su entrada en vigor, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) ha estado rodeado de polémica, en parte zanjada (o cerrada) por el reciente Auto del Tribunal Constitucional de fecha 20 de junio de 2018, que  confirma su adecuación a los principios constitucionales.

La configuración del IVPEE, que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico, de energía eléctrica, independientemente de cual sea su fuente de generación,  ha sido bendecida por el TC, que considera es acorde con  los principios constitucionales tributarios del art. 31 CE, esto es, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad.

En cuanto al principio de capacidad económica, el TC considera que  no queda lesionado por el hecho de que el IVPEE grave una manifestación de capacidad económica similar a la del IAE, ni del resto de normas que integran del bloque de constitucionalidad.

El motivo: se está analizando la relación entre un tributo estatal y un tributo local, y por tanto no existe el supuesto de doble imposición prohibido por el artículo 6 de la LOFCA (Ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas), que sí se daría entre un tributo estatal y otro de ámbito autonómico.

De hecho, el TC destaca que la relación entre el IVPEE y el IAE es análoga a la existente desde hace años respecto de otros tributos, por ejemplo: el IAE y el IRPF/IS/IRNR; el IRPF y el IIVTNU; el IRPF y el IBI.

Por el otro lado, en cuanto al principio de no confiscatoriedad, el TC reitera su consolidada doctrina de que su infracción es una cuestión de prueba a cargo de quien la invoca, descartándose tal imputación, al no considerar probada dicha circunstancia.

Así pues, podemos concluir que el TC ya ha confirmado la adecuación del IVPEE a los principios de seguridad jurídica e igualdad previstos en los artículos 9.3 y 14 CE (STC 183/2014) y a los principios constitucionales tributarios del art. 31 CE (Auto TC de fecha 20 de junio de 2018).

A mayor abundamiento, y para continua sorpresa de quienes consideramos que la lógica y la coherencia deberían ser requisitos ineludibles de toda norma, debemos destacar que el TC reitera que carece de cualquier relevancia constitucional la total contradicción entre la Exposición de Motivos del IVPEE, que lo califica de tributo con finalidad extrafiscal medioambiental, y la efectiva configuración material del tributo, que no incluye ni un solo elemento extrafiscal.

Por último,  tras este Auto, existe aún la posibilidad de que el IVPEE sea declarado contrario al Derecho Comunitario como consecuencia del planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece remota, por no decir casi imposible, puesto que el propio TC afirma expresamente su “convicción de que el IVPEE se ajusta al Derecho de la Unión” y por ello descarta el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ciertamente, todavía queda la posibilidad de que algún Tribunal Superior de Justicia la plantee, pero sin duda éstos considerarán el precedente el TC.

Parece, pues, que la industria de la generación eléctrica tiene que asumir el impuesto, sin que el TC haya entrado a abordar en qué grado el IVPEE presenta una finalidad extrafiscal y si ésta predomina o  no sobre su función recaudatoria.

En el horizonte aparece no obstante, la losa de la reconfiguración tributaria si la transición energética ha de ser una realidad: hay que abordar la reforma de la fiscalidad ambiental de los productos energéticos, de tal forma que se mejoren las señales de precio a los consumidores y se internalicen los daños ambientales derivados de las decisiones de producción y consumo de cada producto.

 

 

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Acuerdo para la Propuesta de Directiva sobre Energías Renovables

En la madrugada del 14  de Junio, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre la Propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre Energías Renovables, con un objetivo vinculante a nivel europeo para que el 32% de la energía consumida tenga origen en fuentes renovables en el 2030.

Ello constituye un punto de encuentro entre  el 27%, propuesto inicialmente por la Comisión y apoyado inicialmente por una mayoría del Consejo, y el ambicioso 35% defendido por el Parlamento. Sin duda los recientes cambios en los Gobiernos de España e Italia han facilitado el consenso entre ambas instituciones. El mencionado objetivo del 32% será revisado a la alza en 2023. Al ser el 32% un objetivo a nivel europeo, cada Estado Miembro puede aumentar libremente el porcentaje.

Además se fija un objetivo del 14% para las renovables en el transporte , estableciendo un límite máximo para  los biocombustibles de primera generación hasta 2030.

Otro importante aspecto a destacar es la apuesta por el autoconsumo  en esta Directiva que exime a las instalaciones con capacidad hasta 25kW del pago de cualquier cargo –, que en España resulta de de aplicación a las instalaciones con potencia superior a 10 kW. También es cierto que se prevé la posibilidad de imponer un peaje para autoconsumos de capacidad superior a 25kW a partir de 2023.

El compromiso alcanzado en la Directiva de  Renovables facilita el camino en la negociación y posible acuerdo en la Directiva de Eficiencia Energética  y que no fue posible conseguir en el Consejo de Ministros del pasado lunes 11 de Junio por diferencias en el objetivo – de nuevo el 27% fue propuesto por la Comisión mientras que el Parlamento reclama el 35%- . De nuevo esta Directiva se someterá a debate a finales de mes como último intento por parte de la Presidencia Búlgara del Consejo para alcanzar un acuerdo.

Si éste se consigue, podemos ser optimistas que el Paquete de Energía Limpia para todos los europeos de la Comisión Europea se finalice como está previsto a finales de este año bajo la Presidencia Austríaca de la Unión que comienza el próximo 1 de Julio. En su agenda está el acuerdo en la Directiva y Reglamento de electricidad y los Reglamentos ACER y de Gobernanza, que no es poco.

Desde aquí les deseamos unas muy fructíferas negociaciones.

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Transición energética y cambio climático

La Comisión de Expertos sobre Transición Energética presentó el pasado día 2 de abril el informe con propuestas para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La definición de una hoja de ruta para una economía hipocarbónica requerirá, según la Comisión de expertos, de un esfuerzo “colosal”  de todos los agentes: ciudadanos, actores económicos y gobiernos. Nos enfrentamos, por tanto, a un gran reto que exige una profunda reflexión, para encarar los tres vértices sobre los que gira la transición: emisiones, renovables y  eficiencia energética.

Resulta esencial, desde la óptica de los expertos, el establecimiento de señales  correctas de precio para consumidores, lo que exigiría reflexionar sobre la adecuada formación de precios en los mercados, la instrumentación de una verdadera fiscalidad ambiental, el correcto diseño de los peajes y la voluntad de otorgar un papel activo del consumidor.

En el ámbito de la fiscalidad,  se contempla que el eje vertebrador de la reforma debe ser la internalización de los costes medioambientales asociados a cada producto energético, lo que implicaría alinear la estructura fiscal con el objetivo pretendido, esto es, la descarbonización. El Informe  resulta concluyente al señalar que el sistema tributario actual, en lo que al   sector energético se refiere, adolece de problemas de consistencia y de falta de uniformidad.

Se plantea por ello que la reforma que deba acometerse evite la deslocalización geográfica de las industrias con presencia en el mercado internacional, que no suponga una pérdida de recaudación para las Administraciones Públicas y que no dé lugar a un incremento de la presión fiscal. Casi nada.

En cuanto al diseño de los peajes de acceso, se sugieren una serie de actuaciones para promover la asignación eficiente de los recursos energéticos.

En concreto, los costes relacionados con el suministro proporcionales a la capacidad que se desee disponer, deben recuperarse a través del término de potencia, mientras que aquellos proporcionales al volumen de energía consumida, deben  recuperarse a través del término variable.

Por otra parte, los costes no relacionados con el suministro deberían financiarse desde los Presupuestos generales del Estado, como serían aquellas relacionados con la protección de consumidores vulnerables. Y también deberían financiarse a través de las arcas públicas, los costes relacionados con el suministro pasado, como es la anualidad del déficit histórico.

Respecto al funcionamiento del Mercado eléctrico, el Informe destaca la necesidad de diseñar un nuevo mecanismo de capacidad, el impulso de la participación de la demanda, bien directamente, bien mediante agregadores, en los servicios de ajuste del sistema, y el rediseño del servicio de interrumpibilidad, para garantizar el equilibrio del sistema con distintos plazos y al menor coste posible.

En cuanto a la movilidad sostenible, se apunta que el mayor potencial de descarbonización vendrá impulsado por el transporte eléctrico, mientras que desde la óptica de la eficiencia energética, la Comisión se decanta por considerar que el apoyo público debería dirigirse a actuaciones de información, y no tanto basadas en ayudas económicas.

Finalmente, en un escenario de transición energética, se pone en valor el  papel de las redes, concluyendo que los escenarios energéticos presentes y futuros, en cualquier caso, demandan de las redes seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad.

De esta forma, las redes de distribución unidireccionales tendrán que pasar a ser bidireccionales como consecuencia del nivel de desarrollo que pueda alcanzar la generación distribuida o el autoconsumo, en combinación con los grandes centros de generación centralizada y con sistemas de almacenamiento conectados en muchos casos a redes de distribución.   Ello hará que las redes sean más flexibles e inteligentes y que cuenten con un nivel de desarrollo y fiabilidad compatible con las nuevas prestaciones que les sean requeridas.

Así pues, la Comisión de expertos ha hecho el trabajo que se le encomendó. Es un primer paso -importante- para abrir el debate, analizar las opciones y valorar las propuestas con el fin de tomar las decisiones adecuadas para impulsar el cambio de modelo energético. En todo caso, convendría articularse mediante un Pacto de Estado, y amplio consenso  de los agentes implicados.

 

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La actividad de comercialización y el IAE

La Comisión de Expertos  para la revisión del modelo de financiación local, concluyó en su Informe de julio de 2017 que el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) se adapta de forma deficiente a los principios tributarios rectores de un sistema fiscal moderno, generando distorsiones económicas y alterando decisiones fundamentales sobre la ubicación y organización de las actividades económicas.

La actividad de comercialización de energía eléctrica, concretamente las empresas que no están vinculadas a los grandes grupos empresariales del sector eléctrico, son un claro ejemplo de cómo esta regulación inadecuada está dañando la competencia en el sector.

Las Tarifas del IAE se diseñaron en el año 1990, cuando aún no existía la obligación de separación de actividades reguladas y liberalizadas. Pero a pesar de haber pasado ya casi una década (2009) desde que la comercialización se efectúa en exclusiva por compañías comercializadoras, esta situación aún no se ha plasmado en la regulación de los epígrafes del IAE, que se presenta a día de hoy completamente obsoleta.

La falta de un epígrafe específico para la actividad de comercialización de energía eléctrica  está generando  un problema para la competencia efectiva en el sector de la comercialización.

Así, la aplicación del epígrafe 659.9 correspondiente al comercio al por menor, al ser la actividad a la que por su naturaleza más se asemeja, determina la obligación de hacer frente una cuota municipal en aquel municipio donde tengan locales y/o clientes (ni que sea uno),  según se ha pronunciado la Dirección General de Tributos, siendo por otra parte el criterio seguido por  muchas Corporaciones locales y reiterada jurisprudencia.

Ello no obstante, debe reflexionarse si tal planteamiento,  además de poder resultar contrario a los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), puede resultar contrario a la competencia.

A propósito de ello, la CNMC, en dos informes recientes, ha propuesto equiparar la comercialización de energía eléctrica a otra actividad que tenga establecida una cuota nacional y, singularmente, a la de distribución de electricidad. Y aunque la Comisión no considera se produzca una eventual discriminación para los comercializadores entrantes (pues valora que la falta de epígrafe afecta a todos los comercializadores por igual), sí que aprecia la vulneración del principio de simplificación de cargas.

Al margen de lo anterior, lo más determinante es que la propia CNMC concluye que el planteamiento que evite a las comercializadoras satisfacer una cuota por cada municipio en que dispongan de un cliente, tendría efectos favorables en la competencia, y en particular mejoraría la capacidad de los operadores para competir, al poder hacerlo, sin limitación en todos los municipios del territorio nacional.

Otra alternativa, según una Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pamplona de 10 de marzo de 2017,   sería tributar por el epígrafe 663.9, referente a otras actividades de comercialización sin establecimiento permanente. A su juicio, las comercializadoras al por menor utilizan la red de distribución para el desarrollo de la misma y por consiguiente entiende que la citada actividad no se ejerce en local determinado.

Sea como sea, si lo que quiere en fomentar la competencia en el sector y otorgar al consumidor un derecho efectivo a la posibilidad de elegir suministrador, la solución debería plantearse seriamente, ya sea mediante la actualización de los epígrafes del IAE, ya sea mediante la interpretación de equiparar la actividad de comercialización a otra actividad con cuota nacional, resolviendo con ello definitivamente los problemas estructurales manifestados en su aplicación.

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La Comisión Europea aprueba el régimen de apoyo a las renovables, en España

El pasado mes de noviembre 2017, la Comisión Europea (CE) ha dictaminado en una reciente Resolución (State aid SA-40348), que el régimen español de apoyo a la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad y residuos es conforme con la normativa europea sobre ayudas estatales.

Tras evaluar las compensaciones que las instalaciones reciben a lo largo de su vida útil, la Comisión Europea ha decidido no formular objeciones puesto que el régimen aumentará el porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, de conformidad con el TFUE (Tratado de Funcionamiento de la UE) y los objetivos medioambientales de la UE, sin falseamientos indebidos de la competencia en el mercado único.

La problemática y disfunción recaía en el  hecho de que España implementara dicho régimen antes de notificarlo a la CE, infringiendo el artículo 108.3 del TFUE. La ayuda concedida, por lo tanto, hasta la adopción de esta decisión ha sido una ayuda indebida. Sin embargo, la CE ha decidido subsumir la antigua ayuda dada “régimen económico primado” bajo el presente nuevo régimen aprobado.

En virtud del “régimen retributivo específico”, fijado actualmente en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y que se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado y de los ingresos del sector eléctrico vía peajes y cargos, los beneficiarios reciben apoyo mediante una prima por encima del precio de mercado de la electricidad, de modo que deben reaccionar ante las señales del mercado.

El “régimen retributivo específico” tiene por objeto ayudar a estas instalaciones a compensar los costes que no puedan ser recuperados mediante la venta de electricidad y a obtener un margen de beneficio razonable de la inversión hecha en tecnologías medioambientalmente favorables.

El régimen está vigente desde 2014 y, a pesar de que su duración es indeterminada, no se aplicará más allá de 2024 sin la aprobación de la CE. Durante el primer período regulatorio que comprende hasta 2019, el régimen se aplica a los nuevos beneficiarios, así como a las centrales que se acogían al régimen anterior “régimen económico primado”.

Desde 2016, las ayudas a nuevas centrales se conceden a través de subastas competitivas. Diferentes tecnologías han competido entre sí en las últimas subastas de mayo de 2017 y de julio de 2017. En total, se adjudicaron ayudas a algo más de 8 gigavatios de capacidad, sobre todo a parques eólicos y solares. A raíz de estas subastas, los beneficiarios recibirán compensaciones únicamente si el precio de mercado cae en los próximos años a niveles muy inferiores a los precios de mercado actuales.

La Comisión europea considera que el régimen de soporte contribuirá a conseguir los objetivos de eficiencia y energía renovable fijados para el año 2020, a la vez que ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con ello, la Comisión reputa las ayudas a las renovables, necesarias, proporcionadas y apropiadas para conseguir el objetivo marcado.

Un alivio, sin duda, para el Estado español, ya que en caso de que la Comisión hubiera votado desfavorablemente, el sector habría quedado definitivamente tocado.

 

 

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No es “impuesto al sol”, es contribución a los costes del sistema

Dos años después de la aprobación del  Real Decreto 900/2015 de Autoconsumo, el TS en la reciente sentencia de fecha 13 de octubre,  ha bendecido la regulación del autoconsumo, así como  el mal llamado “Impuesto al Sol”, cuya entrada en vigor se rodeó de fuertes críticas.

El TS ha querido matizar, en primer lugar, que ” No hay por tanto y frente a la expresión que ha hecho fortuna, “impuesto al sol” propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso -como es lo habitual-, la consume efectivamente”, por lo que “paga, como el resto de consumidores, por el respaldo del sistema”.

Siguiendo con dicho razonamiento, no existe, según el TS, arbitrariedad alguna, ni inseguridad jurídica,  en el hecho de que, imponiéndose los cargos que el Real Decreto prevé, por los servicios de respaldo del sistema, no se haya aprobado todavía la metodología de cargos, para su determinación.

Adicionalmente, y en remisión a la regulación transitoria efectuada en la LSE (DT14) y el RD 900/2015 (DT1), el Tribunal defiende la existencia de procedimiento -transitorio- de fijación de dichos cargos, lo que permiten excluir las pretensiones de arbitrariedad e inseguridad jurídicas presentadas.

Concluye en consecuencia el Tribunal, que el autoconsumidor abastecido por la electricidad generada por sus instalaciones, pero que sigue conectado al sistema eléctrico, deberá hace frente a los mismos costes que el consumidor ordinario por el respaldo del sistema eléctrico.

Con respecto al régimen de infracciones que el RD contempla, por remisión a la LSE,  y cuyas sanciones pueden oscilar entre 600.001 y 6.000.001,  el TS concluye que las conductas previstas en el RD impugnado, cumplen con las exigencias constitucionales del principio de tipicidad, y la proporcionalidad.

Por último, y en la medida que el RD contempla un  procedimiento de conexión abreviado para las instalaciones de autoconsumo tipo 1 con potencia instalada igual o inferior a 10kW, es suficiente, a ojos del Tribunal, para desestimar la pretensión de resultar contraria al  derecho comunitario.

En consecuencia, la situación  puede resumirse de la siguiente manera: Actualmente, 1) es legal y posible autoconsumir energía, 2) el autoconsumidor, si está conectado a la red, debe  contribuir a los costes del sistema, como el resto de los consumidores, haciendo frente a los peajes y cargos correspondientes 3) el autoconsumo compartido vio levantada su prohibición con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de fecha 25 de mayo de 2017.

Con el tiempo veremos si el autoconsumo empieza a ser una realidad. De momento, el Clean Energy Package, actualmente en tramitación, apuesta por un empoderamiento real del consumidor, contemplado el derecho de los clientes finales a generar, almacenar, consumir y vender electricidad autogenerada en todos los mercados organizados, ya sea individualmente o a través de agregadores.

 

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Fondo Nacional de Eficiencia Energética vs certificados de ahorro energético

La Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE del Parlamento y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética en el entorno de la Unión Europea, estableciendo los objetivos de ahorro acumulado en el periodo 2014-2020,  imponiendo a los Estados Miembros la obligación de justificar una objetivo de ahorro acumulado.

La transposición de la referida Directiva en España, supuso la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), creado por la Ley 18/2014, teniendo como finalidad la financiación de mecanismos de apoyo económico, financiero, asistencia técnica, formación, información u otras medidas, con el fin de aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores consumidores de energía.

El sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, materializado en el FNEE, comporta la asignación de una cuota anual de ahorro energético, que se traduce en una obligación de una contribución financiera anual por parte de los sujetos obligados: comercializadores de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gas licuados de petróleo al por mayor.

Hasta el momento, se ha descartado, la implantación de un sistema de certificados de ahorro energético, ya que aunque la Ley 18/2014 lo apuntaba, en línea con lo previsto en la Directiva 2012/27/UE, se ha dejado pasar la oportunidad de permitir a los agentes participar activamente en la consecución de objetivos de eficiencia energética, promocionando iniciativas que redunden en un ahorro de energía al consumidor final, sin posibilidad de reducir el importe de la aportaciones al Fondo.

Si ello es acorde o no con lo previsto en la Directiva 2012/27/UE lo acabará acordando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la decisión que se adopte en su momento a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, respecto a:

– Si es compatible con la Directiva una regulación nacional que contempla la posibilidad de cumplir las obligaciones de ahorro energético cuyo cumplimiento consiste en una contribución financiera anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

– Si es compatible con la Directiva una regulación anual que contempla la posibilidad de cumplir las obligaciones de ahorro energético mediante la acreditación del ahorro conseguido como una alternativa a la contribución financiera a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

-En caso de respuesta afirmativa, si la previsión de esta alternativa, es compatible con la Directiva, cuando su efectiva existencia depende de que el Gobierno la desarrolle discrecionalmente por vía reglamentaria.

– Si es compatible con la Directiva, una normativa de un Estado Miembro con un método de reparto de la financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que considera partes sujetas a las obligaciones de ahorro energético, únicamente a empresas comercializadoras de energía eléctrica y no a empresas distribuidoras de la misma.

Algo sin embargo está claro: Con independencia de lo que decida el TJUE, el objetivo de la Directiva es precisamente incrementar la eficiencia energética en la Unión Europea, como medio para superar determinados retos, como limitar el cambio climático y minimizar la dependencia de importaciones de energía.

Por lo tanto, no deberían frenarse iniciativas empresariales que vayan encaminadas de forma activa a conseguir un ahorro y eficiencia energética a nivel de usuarios finales, lo que en última instancia, nos lleva a defender la creación de un sistema de certificados de eficiencia energética.

Irene Bartol

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El TC abre nuevas posibilidades al Autoconsumo compartido

A principios de 2017, la Generalitat de Catalunya, siguiendo los pasos y motivos que ya le llevaron a interponer recurso de inconstitucionalidad contra, entre otros, el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE), promovió un nuevo conflicto positivo de competencia esta vez contra diferentes preceptos del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo (RD 900/2015), dictado en desarrollo del referido artículo 9 de la LSE.

El Tribunal Constitucional, en su reciente celebrada sentencia de fecha 25 de mayo de 2017, anula y declara contrario al orden constitucional de distribución de competencias el apartado 3 del artículo 4.

El artículo 4.3 disponía que “En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores”. A grandes rasgos, con este apartado se bloqueaba el llamado Autoconsumo Compartido, consistente en la implantación de instalaciones comunes de generación de las que pueden beneficiarse varios usuarios y que permiten compartir entre los mismos la energía generada.

Con ello pues, se impedía que los consumidores de comunidades de vecinos, urbanizaciones o grandes bloques de pisos compartieran instalaciones de generación, desincentivándose así la expansión de la generación de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovables como es la energía solar fotovoltaica.

Este bloqueo al Autoconsumo Compartido fue, además, uno de los aspectos más criticados en los trámites de audiencia otorgados durante la tramitación del Real Decreto, ya que argumentaban que esta prohibición, además de ser contraria a las directivas comunitarias en la materia, ignoraba los beneficios que podía aportar el autoconsumo y la generación distribuida a los consumidores.

Así pues, con la anulación de este apartado, el Tribunal Constitucional derriba una de las mayores barreras de entrada con las que se había encontrado el Real Decreto 900/2015. En este sentido, argumenta el TC en su Sentencia, siguiendo la misma línea que el Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya, que en ningún momento de la tramitación del referido Real Decreto “se evidencia razón alguna que justifique la necesidad de imponer una prohibición de este cariz”.

Destaca además el Alto Tribunal que esta prohibición incide en el ámbito de competencias atribuidas a la Generalitat de Catalunya, dificultándose por tanto la implantación y potenciación del autoconsumo, así como la consecución de los objetivos establecidos de eficiencia energética y medioambientales previstos en las Directivas comunitarias.

Por tanto, con estas conclusiones el TC altera el paradigma anterior y abre la posibilidad de que varios usuarios en una misma comunidad puedan aprovecharse de los beneficios que el Autoconsumo compartido puede suponer en sus facturas de consumo de energía eléctrica, así como en el reparto de los costes necesarios para implantar instalaciones de autoconsumo en sus hogares.

Sin embargo, la eliminación de la prohibición del Autoconsumo Compartido genera una situación alegal que precisará de un desarrollo normativo concreto por parte de las diferentes Comunidades Autónomas; por lo que cabrá estar a la regulación e impulso que éstas den al Autoconsumo Compartido, así como al régimen de autorización e implantación de estas instalaciones que, como ya apuntaba el Consejo de Estado en su informe relativo al Proyecto del Real Decreto 900/2015, es el sistema y modelo de generación de electricidad por venir.

La Sentencia del Tribunal Constitucional supone un gran avance para la implantación y expansión del Autoconsumo en España. No obstante, y como recuerda la Propia Comisión Europea, quedan aún muchos aspectos por mejorar en la regulación estatal del Autoconsumo, por lo que al legislador le queda un largo camino todavía por recorrer.

Jordi Sentís

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Fin de la disyuntiva sobre el precio de alquiler de los contadores inteligentes

El Tribunal Constitucional, en su reciente Sentencia de 2 de febrero de 2017, ha dado un giro inesperado en la controversia sobre el precio aplicable al alquiler de los contadores con capacidad de telemedida y telegestión, declarando que el cobro por la instalación de los nuevos contadores no depende de la efectiva integración del equipo.

Haciendo una retrospectiva, en 2006, el RD 1634/2006 estableció la obligación de sustituir los contadores analógicos, existentes hasta el momento, por contadores electrónicos en todos los puntos de suministro de energía eléctrica hasta una potencia contratada de 15 kW, de acuerdo con el plan de substitución de contadores aprobado por la CNMC. La instalación de los llamados “contadores inteligentes” empezó en 2010 y está previsto que todos los hogares cuenten con uno antes del 2019.

Del mismo modo, quedó fijado reglamentariamente el precio de alquiler de los referidos contadores, hasta la aprobación del precio definitivo, estableciendo para los antiguos contadores analógicos monofásicos sin discriminación horaria y sin telegestión el precio de 0,54 euros/mes (más IVA) y para los contadores electrónicos monofásicos con discriminación horaria y con posibilidad de telegestión para consumidores domésticos  0,81 euros/mes (más IVA).

No obstante, la normativa no distingue en ningún precepto el precio de alquiler de aquellos contadores con capacidad de telemedida y telegestión “efectivamente integrados”, cuyas funcionalidades quedan a disposición de los usuarios, de aquellos “no  efectivamente integrados”, es decir, no habilitados con las prestaciones propias de la telegestión.

La omisión de tal distinción de precio, provocó la disyuntiva entre si era justo o no el cobro del alquiler de los contadores no efectivamente integrados del precio establecido para aquellos contadores con la totalidad de funcionalidades.

Las soluciones adoptadas por los distintos organismos fueron dispares. Así es, que en 2014 la CNMC, en un informe solicitado por la Secretaria de Estado de Energía, señaló que se estaba aplicando una Tarifa “indebida” a aquellos usuarios que no se estaban beneficiando de las funcionalidades de la telegestión, como la discriminación horaria, la lectura remota y la disponibilidad de información referente a su consumo.  La CNMC ha mantenido su posición en diversas ocasiones frente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, sosteniendo que el precio que se debería cobrar por el alquiler de contadores monofásicos no efectivamente integrados es el correspondiente a los antiguos contadores analógicos monofásicos (0,54 €/mes). Igualmente, este mismo criterio ha sido sostenido por diversas Administraciones Públicas Autonómicas, así como por Asociaciones de Consumidores y Usuarios, habiéndose incoado numerosos expedientes sancionadores a aquellas empresas distribuidoras que hubiesen efectuado cobros por el alquiler de contadores no estando plenamente operativos.

Recientemente, en contraposición al criterio de la CNMC, el Tribunal Constitucional ha declarado, en el marco de un proceso de conflicto de competencias, que el precio medio del alquiler de contadores telegestionados “incluye, no solo el precio del propio equipo, sino también los costes asociados a su instalación y verificación, así como la operación y el mantenimiento” y que la “falta de integración efectiva de los contadores en los sistemas de telegestión y telemedida no afecta a ninguna de las partidas mencionadas”.

La pronunciación del Alto Tribunal da una clara respuesta a la expresada disyuntiva, estableciendo que se deberá realizar el mismo cobro para el alquiler de todos los nuevos contadores, independientemente de la total integridad efectiva de los mismo, ya que “los parámetros considerados para establecer el precio no incluyen la circunstancia de estar o no estar efectivamente integrados en el sistema de telemedida y telegestión”, lo que implica que “el precio de alquiler de los equipos de medida debe determinarse en función de los costes en que incurren las empresas distribuidoras para su instalación y gestión”.

Consecuentemente, la decisión del Constitucional debería conllevar que los cobros en concepto de alquiler de contadores telegestionados efectuados por las empresas distribuidoras, en aquellos casos en que los equipos no se encontraran “efectivamente integrados”, se considerasen legítimos y por tanto, debidos.

 

Marta Campos

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El margen de comercialización fijo en el pvpc: metodologías, precios y provisionalidades

El Tribunal Supremo ha vuelto a llamar la atención al Gobierno, por haber fijado nuevamente el margen de comercialización fijo (MCF) de las comercializadoras de referencia (COR) para el suministro de energía a precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) sin disponer previamente de una metodología de cálculo.

No es la primera vez que el Gobierno recibe la advertencia del Tribunal Supremo, ya que en fecha  3 de noviembre de 2015, el Tribunal declaraba nulo el valor de 4€/kW fijado en el RD 216/2014, por haberse fijado sin la previa aprobación de la necesaria metodología de cálculo. Consecuentemente, condenaba al Gobierno aprobar una metodología para fijar este margen y regularizar las cantidades derivadas de la actividad de comercialización de conformidad con el valor así resultante, desde el 1 de abril de 2014.

No obstante, haciendo caso omiso a la obligación impuesta por el Tribunal Supremo, el MINETAD volvía a instaurar el mismo margen comercial anulado en la referida Sentencia, de manera provisional, en la Orden IET/2735/2015 hasta que no hubieran entrado en vigor las disposiciones relativas a la metodología y fijación del valor del MCF.

Consecuencia de esta reiteración y al aplicar una clausula declarada nula, el mismo Tribunal, ha vuelto a dictar Sentencia el 17 de abril de 2017, anulando por segunda vez la disposición y volviendo a advertir de la indispensable aprobación de la metodología de cálculo, para que dicho margen comercial sea acorde con la normativa eléctrica y preserve los principios de objetividad, trasparencia, racionalidad e interdicción de la arbitrariedad.

El Tribunal fundamenta la anulación en que la fijación del precio de la electricidad que deben abonar los clientes finales, se debe basar en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, con el fin de asegurar un mercado de electricidad competitivo, eficiente, seguro, equitativo, accesible y sostenible.

Es cierto que a finales del año pasado, el MINETAD decidió avanzarse y en orden a dar cumplimiento al referido mandato, dictó el RD 469/2016, que establece la metodología para el cálculo de los costes de comercialización de las COR a incluir en el PVPC, así como la Orden que desarrolla el referido cálculo, que se encuentran actualmente en vigor.

Finalmente, a pesar de la aprobación del método de cálculo que asegura la transparencia  del margen de comercialización fijo, el Gobierno no ha podido esquivar otra advertencia del Tribunal Supremo.

 

Marta Campos

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