Archivos mensuales: diciembre 2016

Más bono social, A la tercera va la vencida?

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Las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo declarando inaplicable el mecanismo de financiación del coste del bono social previsto en el artículo 45.4 de la Ley del Sector eléctrico, por resultar discriminatorio, han traído, como regalo de Navidad, el nuevo intento del Gobierno -el  tercero- de establecer un mecanismo de financiación respetuoso con la Directiva 2009/72/CE, aprobado mediante el Real Decreto-Ley 7/2016.

Con la nueva regulación, serán las empresas comercializadoras, o las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización, las que deberán asumir el coste, estableciendo el propio RDL -como ley autoaplicativa- los porcentajes de todas y cada una de las empresas, si bien con carácter transitorio, hasta la aprobación de su desarrollo reglamentario que debe efectuarse en el plazo de tres meses.

La justificación del nuevo mecanismo de financiación -impuesto como obligación de servicio público- se razona en el RDL con el argumento de que el bono social, al dirigirse directamente a determinados consumidores y traducirse en el abono de un precio inferior, se encuentra plenamente ligado con la actividad de comercialización.

Si de acuerdo con la Directiva 2009/72/CE las obligaciones de servicio público deben definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas  eléctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones a los consumidores nacionales, más de una duda nos surge respecto de la bondad del RDL 7/2016, y no sólo respecto del mecanismo de financiación sino también sobre el conjunto de medidas de protección al consumidor vulnerable, previstas:

  • La obligación de asumir el coste se impone a todas las empresas comercializadoras, pero en cambio sólo a los comercializadores de referencia (8 empresas) se les permite el acceso a los consumidores vulnerables, lo que puede ser asimismo contrario a la Directiva de electricidad.
  • La contribución de cada empresa se establece en función de la cuota de mercado, esto es del número de clientes a los que suministran. Sin embargo, no se atiende al volumen de negocio, por lo que será inevitable el análisis de la proporcionalidad a los efectos de valorar si concurre arbitrariedad y por ende, puede resultar discriminatorio.
  • Cabría por otra parte pensar que la mayoría de comercializadores trasladarán su coste al resto de consumidores, pero no así los comercializadores de referencia, quienes suministran a precio “regulado” (PVPC) y por tanto, en puridad y desde la perspectiva del desarrollo de la actividad de comercialización, no disponen de tal posibilidad.

Por último y con respecto a la definición de consumidor vulnerable, así como sus categorías y requisitos que deben cumplir, que el RDL delega -de nuevo- a un posterior Reglamento, no podemos dejar de preguntarnos si esta vez se cumplirá con el mandato, puesto que ningún Gobierno ha querido afrontar seriamente el tratamiento de los consumidores vulnerables, ya que la  lógica  fijación de la renta per cápita familiar se ha esfumado desde la creación del bono social en el año 2009.

Irene Bartol

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Winter Package “Clean Energy for all Europeans”

El pasado 30 de Noviembre la Comisión Europea publicó su  tan esperado “Winter Package” ´. Bajo el título “Clean Energy for all Europeans” se recogen ocho  propuestas legislativas, con la intención de llevar a cabo una verdadera transformación del sistema energético europeo. Las propuestas incluyen la revisión de las Directivas de Electricidad, Eficiencia Energética  Eficiencia Energética de los edificios y Energías Renovables, el Reglamento de Electricidad, el Reglamento de seguridad del suministro de electricidad, el Reglamento de la Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores  de Energía y el Reglamento de Gobernanza.

Su objetivo es asegurar la transición desde un modelo de sistema energético centralizado y basado en combustibles fósiles hacia un sistema descentralizado y dinámico en el que los Estados Miembros cooperen y se apoyen los unos a los otros y en el que los consumidores desempeñen un rol activo gestionando su consumo energético, gracias a los contadores inteligentes y demás posibilidades que estos ofrecen, así como a través de la autogeneración de electricidad renovable a la vez que obtienen una remuneración por el excedente de electricidad producida y vendida a la red.

La propuesta comunitaria incrementa, con carácter vinculante, el objetivo de eficiencia energética del 27% al 30% para el año 2030. Se obligará a los Estados Miembros a presentar a partir del año 2018  sus Planes nacionales de energía y clima para alcanzar el objetivo comunitario.

Asimismo Bruselas propone terminar con las subvenciones a las energías renovables, las cuales  deberán paulatinamente integrarse y competir en el mercado junto a otras tecnologías con el fin de minimizar posibles distorsiones en los mercados. También se limita para las nuevas instalaciones y en función de su potencia el derecho del que gozaban de prioridad en el despacho.

La Comisión  permitirá a los Estados Miembros hacer uso de los llamados “mecanismos de capacidad” pero únicamente como último recurso y en cumplimiento de principios europeos basados en reglas de mercado, tecnológicamente neutros y abiertos a la participación transfronteriza, todo ello con el fin de evitar que dichos mecanismos se conviertan en una puerta abierta a subsidios para combustibles fósiles.

Con este paquete legislativo se  pretende conseguir una gestión  más flexible de las redes de electricidad por parte de los operadores de redes y los comercializadores de energía de forma que sea posible una mayor integración de las energías renovables en el sistema energético. Se destaca el prominente rol de los gestores de la red de distribución en esta transición energética en la que las redes locales adquirirán una mayor relevancia y se proponen criterios y principios para modernizar la estructura para la remuneración de estos agentes con el fin de incentivar la innovación y una gestión más activa y eficiente de la red.

Se inician a partir de ahora las negociaciones en el Parlamento Europeo y en el Consejo hasta la adopción de este paquete legislativo, proceso que bien podría  durar unos dos años.

Carmen Gimeno

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