Archivos mensuales: junio 2016

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El nexo causal en la reclamación civil de daños en el suministro eléctrico

Es habitual, en el ámbito del suministro eléctrico, que los usuarios  aleguen a sus aseguradoras de hogar, la deficiente prestación del servicio eléctrico (por ejemplo una subida de tensión), en orden a justificar averías en electrodomésticos, cuyos daños son objeto de cobertura en las pólizas de hogar.

Dichas reclamaciones, ya sea  basadas en una efectiva alteración del suministro, o en causas ajenas al servicio eléctrico, da lugar a innumerables disputas legales entre aseguradoras y compañías eléctricas, en orden a determinar quién debe soportar el coste del daño sufrido por el consumidor, en ocasiones inferiores a los propios costes generados a razón del litigio.

Recae en este punto, la importancia de probar debida y suficientemente por parte del que reclama,  la existencia del nexo causal entre el daño producido al consumidor y la actuación del agente -la relación de causalidad-, ya que el “como” y el “porque” del daño son indispensables para determinar la causa eficiente del perjuicio y probar o exonerar de responsabilidad a la empresa suministradora.

En beneficio de la eficiente y clara acreditación de la relación de causalidad, se remarca por la jurisprudencia la insuficiencia probatoria de, en ocasiones, mal llamados “informes periciales”,  que se limitan a reproducir la versión de los hechos del perjudicado, sin efectuar comprobación alguna, desde el punto de vista técnico, que permitan acreditar  y probar que los eventuales daños son consecuencia directa de la acción u omisión imputable a la empresa suministradora.

En este sentido, el propio artículo 217 de la LEC hace recaer en la parte actora, la carga de probar la certeza de los hechos que se alegan; y también según la  jurisprudencia “corresponde a la misma acreditar los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección se invoca”.

De igual forma, los tribunales destacan la “esencialidad del nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño, y su necesaria certeza probatoria para poder proceder a la imputación de responsabilidad, siendo la prueba de la causalidad imprescindible”. No serán, pues, admisibles ni suficientes meras especulaciones, deducciones o suposiciones relativas a la producción del daño debido a una deficiente prestación del servicio eléctrico.

Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad “quasi objetiva” que en el ámbito del  suministro de gas y electricidad cabe  apreciar por las previsiones referentes a bienes y servicios defectuosos, contenidos en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios. En tal caso, se produciría la inversión de la carga de la prueba y deberá ser el suministrador quien, para ser exonerado de responsabilidad, deberá probar que el producto no era defectuoso y que cumplía con todas las exigencias, requisitos reglamentariamente establecidos y demás cuidados que exige la naturaleza del servicio.

Pero, en todo caso, la inversión de la carga de la prueba no se produce en la apreciación de la relación de causalidad, que en todo caso corresponderá probar a la parte que reclama.

 

 

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El TS frente al nuevo régimen retributivo de las renovables

En  recientes sentencias de fecha 1 de junio de 2016, el Tribunal Supremo ha desestimado la impugnación del nuevo régimen retributivo de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, fijado en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.

De nuevo, el Tribunal apela al Principio de irretroactividad (artículo 9.3 CE) para  considerar que las normas impugnadas no entran en el ámbito de la retroactividad prohibida, argumentándose en el hecho de que, si bien incide en situaciones jurídicas creadas antes de la entrada en vigor de la norma, no afecta a los derechos patrimoniales previamente consolidados e incorporados al patrimonio de los titulares, ni sobre situaciones jurídicas ya agotadas o consumadas.

Destaca por tanto, la “inviabilidad de la pretensión de que los elementos más favorables estén investidos de permanencia o inalterabilidad frente al ejercicio de una potestad legislativa que obliga a los poderes públicos a la adaptación de dicha regulación a una cambiante realidad económica”.

No cabe -en palabras del TS argumentar que la modificación del régimen retributivo que se examina fuera imprevisible para un “operador económico prudente y diligente” 

Lamentablemente, el TS da una vuelta de tuerca al Principio de seguridad jurídica y confianza legítima, declarando que los mismos no pueden impedir la introducción de modificaciones legislativas repentinas, máxime cuando lo hace el legislador de urgencia.

La noticia positiva es que el maltrato a las renovables, tanto con la modificaciones sucesivas del régimen retributivo anterior, como con la nueva regulación contenida en el Real Decreto 413/2014 y Orden IET /1045/2014 han hecho mella -finalmente- en el seno del propio Tribunal Supremo, lo que se evidencia con los dos votos particulares emitidos en los pronunciamientos del órgano colegiado.

Tres de los magistrados consideran ilegítimo el nuevo régimen retributivo de las renovables, por incurrir en retroactividad prohibida, y por tanto con vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

“Desdichadamente -opina el Magistrado D. Eduardo Espín Templado- se ha dado prevalencia a consideraciones generales ajenas a la estricta interpretación de las normas en juego, por encima del interés legítimo de los sujetos del sistema que han operado en el mismo de conformidad con la regulación que el legislador había puesto en marcha y que ha modificado luego de forma drástica.

Como sea que el nuevo esquema retributivo se aplica a la vida entera regulatoria de cada instalación, tal proyección tienen una proyección retroactiva, lo que “es gravemente atentatoria a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que los ciudadanos tienen en que se les respetará la aplicación efectuada de la legislación que existió en cada momento”.

La noticia aquí no es, por tanto,  el pronunciamiento general contenido en la sentencia -al que ya nos tiene acostumbrados el TS-, sino el planteamiento efectuado por los tres magistrados disidentes.

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