Archivos mensuales: marzo 2016

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Adaptación de las instalaciones de autoconsumo al RD 900/2015

El Real Decreto 900/2015 impone a los autoconsumidores determinadas obligaciones, estableciendo para ello un plazo de adaptación de seis meses, de acuerdo con lo previsto en su Disposición adicional tercera, que finaliza el próximo día 11 de abril de 2016.

De esta forma,  los autoconsumidores deben adaptar las instalaciones  a cualquiera de las modalidades previstas en el Real Decreto.

Por otra parte, para acogerse a cualquiera de las modalidades de autoconsumo, deberá suscribirse el correspondiente  contrato de acceso a las redes con la empresa distribuidora, ya sea directamente, o a través de la empresa comercializadora.

Por último, deberá efectuarse la inscripción de la instalación  de autoconsumo, en la modalidad que corresponda, en el Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En todo caso, los consumidores deberán solicitar una nueva conexión a la empresa distribuidora, aun cuando la instalación no fuera a verter energía a la red. Únicamente se exceptúa de este trámite a aquellas instalaciones que ya dispongan del correspondiente  contrato de acceso en vigor.

A la espera de conocer  la formación del nuevo Gobierno y si el Real Decreto pasará o no a mejor vida,  el plazo del 11 de abril se acerca, por lo que si los autoconsumidores no quieren enfrentarse a posibles sanciones, se impone cumplir con las obligaciones correspondientes.

 

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Los arbitrajes internacionales sobre la reforma energética española, ¿la esperanza perdida?

Hace algunas semanas se publicó el laudo arbitral No.: 062/2012, dictado por Tribunal Arbitral adscrito al Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, con sede en Madrid.

El Tribunal Arbitral resolvió que la reforma de la legislación eléctrica aprobada en el año 2010, que supuso una disminución significativa de las primas a la generación de energía eléctrica fotovoltaica, es conforme al Tratado sobre la Carta de la Energía, de 17 de diciembre de 1994, rechazando en su totalidad las pretensiones de la demandante.

Según el Tribunal Arbitral, la reforma es conforme a derecho porque no se han violado las expectativas legítimas de los inversores, ya que no existía un compromiso de España de mantener el régimen retributivo de las inversiones. De hecho, se han mantenido las características básicas de la regulación anterior, la vida útil de las instalaciones y las horas anuales elegibles a la tarifa.

La duda que surge a continuación es si esta decisión puede considerarse un precedente, más o menos vinculante, que condicione la resolución de los demás arbitrajes internacionales pendientes de resolver sobre esta misma materia, por ejemplo, el del CIADI o el de Suiza.

La respuesta no parece sencilla. De algún modo, el propio Tribunal Arbitral parece anticiparla al señalar expresamente que para apreciar si la evolución del marco regulatorio supone una inestabilidad regulatoria contraria a derecho se requiere, “en efecto, examinar el conjunto de los cambios normativos introducidos hasta la fecha”.

En primer lugar, porque el objeto del presente laudo se ha limitado a analizar las llamadas “normas de 2010”, el RD 1565/2010 y el RDL 14/2010. Es decir, no se ha analizado el impacto de las normas sucesivas que han reducido todavía más el régimen retributivo de la fotovoltaica, por ejemplo, la Ley 2/2011, el RDL 1/2012, el RDL 9/2013, la Ley 24/2013 o la Orden IET/1045/2014. En segundo lugar, porque probablemente en los arbitrajes pendientes de resolución se están invocando otras normas de derecho internacional, distintas del Tratado sobre la Carta de la Energía.

En cualquier caso, no cabe sino esperar la resolución de los arbitrajes internacionales pendientes, que van a analizar la reforma legislativa en su conjunto.

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La necesaria reconfiguración del bono social

El Defensor del Pueblo, en su Informe anual de 2015, recuerda al Gobierno la necesidad de proceder a la revisión de la caracterización del bono social, de forma que tenga en cuenta preferentemente la renta del peticionario.

El Defensor del Pueblo lamenta que el Gobierno aún no haya procedido a la modificación de los requisitos de concesión del bono social, que debe tener en cuenta la renta del peticionario, lo que ha llevado a que consumidores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, quedan excluidos del derecho a percibir la prestación.

La normativa actual que regula el bono social,  reserva la prestación a favor de determinados colectivos como pensionistas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro, y viviendas con potencia contratada inferior a 3 kW, sin considerar el nivel de renta de la unidad familiar.

El Real Decreto-Ley 9/2013, estableció con carácter provisional, las características que debían cumplir los consumidores para ser considerados vulnerables y así tener derecho al bono social, a la espera del desarrollo reglamentario de dichos requisitos. La reconfiguración del bono social debía haberse hecho antes de 1 de julio de 2014.

Por tanto, hasta que el Gobierno no priorice el cumplimiento del mandato legal y desarrolle reglamentariamente el mandato que impone a la Administración la obligación de proceder a la revisión de la caracterización del bono social, dicha prestación se seguirá concediendo al margen de la insuficiencia de recursos y de la renta per cápita de las familias.

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