Archivos mensuales: octubre 2015

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Real Decreto de autoconsumo: luces y sombras

Tras varios años de espera, el pasado día 10 de octubre fue publicado el Real Decreto 900/2015, de autoconsumo, concretándose por fin, el marco regulatorio de un sector que se ha venido desarrollando y paradójicamente, paralizando, al albur de la alegalidad.

Las principales novedades del RD, que ha mejorado respecto de los sucesivos borradores de RD, que suscitaron interminables quejas y lamentos por muchísimos agentes, son:

1) Se impone como regla general, el deber de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, cuando existe conexión al sistema eléctrico. Se impone con ello, la obligación de pago de peajes de acceso y  de cargos. Quedan por tanto, fuera de la regulación aquellas instalaciones aisladas de la red. Se incluyen, por otro lado, aquellas instalaciones conectadas en el interior de una red, aunque no viertan energía a la red en ningún momento.

2) Se contempla un régimen simplificado y concreto para pequeños consumidores en baja tensión (potencia no superior a 10 kW):  en concreto, procedimiento simplificado de conexión y exención del pago relativo al cargo transitorio por energía autoconsumida, así como del pago relativo al estudio de acceso y conexión.

3) Se permite la posibilidad de instalar sistemas de almacenamiento de energía, cuyo tratamiento, en los borradores precedentes, había suscitado muchísimas críticas al entenderse que su uso era desincentivado, e incluso penalizado.

4) Se niega la posibilidad de remunerar la energía excedentaria cedida a la red, a los consumidores acogidos a la modalidad de suministro con autoconsumo (modalidad Tipo 1), lo que se respalda técnicamente por la CNMC, por los problemas de seguridad y de sobrecostes al sistema que ocasionan vertidos ocasionales de energía. Con la negativa a remunerar la energía vertida, se desincentiva cualquier sobredimensionamiento de las instalaciones de autoconsumo.

5) Se impide la posibilidad de compartir instalaciones de autoconsumo por parte varios consumidores, lo que se aleja y contradice la figura del “agregador”, potenciada en otros países del entorno europeo.

Mucho se podrá discutir del planteamiento hecho por el Real Decreto y su adecuación a la legalidad, que plantearemos en sucesivos posts. Y aunque la Exposición de Motivos, mucho se esmera en justificar el tratamiento del régimen económico dado al autoconsumo, a buen seguro que el Tribunal Supremo estará entretenido.

¿Qué os parece a vosotros/as la reciente regulación del autoconsumo?

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De fraudes y malvados: posibles soluciones

Recién publicado el “Informe de la CNMC sobre alternativas de regulación en materia de reducción de pérdidas y tratamiento del fraude en el suministro eléctrico”, resulta interesante destacar lo que se desprende y no se ha dicho del mismo.

El nivel de pérdidas de las redes se ha visto incrementado en los últimos años debido a un aumento del fraude en el suministro eléctrico, que ha pasado a ser notorio y profesionalizado.

La lucha contra el fraude resulta necesaria y  obligada con el fin de tutelar los legítimos intereses de los consumidores que cumplen fielmente con sus obligaciones, puesto que con la regulación actual, el coste lo acaba pagando el resto de los consumidores.

Con la normativa actual, no existe un riesgo económico para aquellos que cometen el fraude eléctrico, con lo que se incentiva sin fin las conductas defraudadoras. Por ello, la CNMC destaca la importancia que desde la Administración se regulen los mecanismos destinados a detectar este tipo de actuaciones, así como la tasación adecuada de las sanciones económicas para que no resulte rentable el fraude de energía.

Resulta curioso que países como Austria, Dinamarca, Finlandia Alemania y Noruega atribuyan al distribuidor la responsabilidad de la compra de las pérdidas de su zona, y por el contrario, países como Grecia, Italia, Portugal y España, sea el comercializador quien soporta las pérdidas, que a la postre las recuperará del resto de consumidores.

La falta de precisión de la normativa reguladora del fraude (articulo 87 RD 1955/2000) ha provocado que las actuaciones de las empresas suministradoras adolezcan en ocasiones de la transparencia y rigor necesarios para garantizar los derechos de los consumidores.

Las alternativas regulatorias planteadas por el regulador, a saber, 1) que el distribuidor sea el responsable de la compra de las pérdidas entre las reales y estándares; y 2) que el comercializador siga siendo responsable de la compra de las pérdidas, pero el distribuidor le financia la diferencia de pérdidas entre las reales y las estándares, no deben desviarse del objetivo principal: fomentar una acción conjunta  y armonizada por parte de las Administraciones para la lucha contra el fraude.

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