El “European Green Deal” de la nueva Comisión Europea

El pasado 11 de diciembre, la reciente estrenada Comisión Europea presidida por la alemana Ursula von der Leyen, presentó una Comunicación muy esperada sobre el “European Green Deal” (Acuerdo Verde Europeo) Según palabras de la Presidenta al Parlamento Europeo, el “European Green Deal” es “la nueva estrategia de crecimiento de la UE, que pretende posicionar a los europeos como líderes en tecnologías limpias y financiación verde”.

La Comunicación viene con una hoja de ruta para la acción que contiene 50 pasos prácticos para el logro de su ambicioso objetivo climático para hacer de Europa el primer continente sin emisiones en 2050. Establece ambiciones en varias áreas políticas, que incluyen entre otras clima, energía, transporte, industria, agricultura y medio ambiente.

La nueva Comisión cree firmemente que una mayor descarbonización es fundamental para alcanzar los objetivos climáticos de la UE en 2030 y 2050. Para ello la Dirección General para el Clima, liderada por el Vice-Presidente primero de la Comisión Europea y Comisario para el Clima, el holandés Frans Timmermans, está trabajando en una propuesta de “Ley Climática Europea” – la primera a nivel europeo – cuya publicación se espera el próximo 26 de Febrero de 2020. Dicha norma consagrará el objetivo de neutralidad climática para 2050. Seguidamente la Comisión propondrá antes del verano de 2020 un plan integral para aumentar el objetivo climático de la UE para el 2030 –y pasar del 40% acordado al 50% como mínimo con miras de llegar al 55%, en comparación con los niveles de 1990.

La Comunicación sostiene la importancia de priorizar la eficiencia energética (el objetivo europeo cuyo cumplimiento está más lejos de ser alcanzado ya para este año 2020), junto con preparar el sector eléctrico para basarse en fuentes de energía renovables, todo ello combinado con la eliminación del carbón y la descarbonización del gas. A su vez y para para garantizar la seguridad del suministro, la Comisión subraya la importancia de integrar, interconectar y digitalizar completamente el mercado energético europeo, respetando al mismo tiempo la neutralidad tecnológica, todo ello involucrando y para beneficio de los consumidores.  Paralelamente, la Comisión prevé una revisión del marco regulador de las infraestructuras energéticas, ya que las infraestructuras inteligentes son necesarias para la transición a la neutralidad climática. Según la Comunicación, el marco regulatorio debería «fomentar el despliegue de tecnologías e infraestructura innovadoras, tales como redes inteligentes, redes de hidrógeno o captura, almacenamiento y utilización de carbono, almacenamiento de energía, que también permitan la integración de sectores«.  En términos de acciones concretas, la Comisión apunta en su Comunicación, entre otras, la publicación en el transcurso de 2020 de una estrategia para la integración inteligente de los sectores energéticos – supuestamente incluirá el llamado “paquete de gas” y el diseño de un mercado competitivo para el gas descarbonizado-, una iniciativa de renovación para el sector de la construcción y los edificios y una estrategia sobre la energía eólica marina.

En el sector del transporte -que contribuye a un cuarto de las emisiones de CO2 de la UE- se necesita una reducción de las emisiones en un 90% en 2050. Para ello, la Comunicación anuncia la propuesta de una estrategia para la movilidad sostenible e inteligente, y financiación para apoyar el despliegue de puntos públicos de recarga y reabastecimiento de combustible como parte de la infraestructura de combustibles alternativos. La Comisión estima que en 2025 serán necesarios 1 millón de puntos de recarga para abastecer los 13 millones de vehículos con cero o bajas emisiones que circularán por las carreteras europeas.

Asimismo la Comisión evaluará en Junio de 2020, los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) revisados y presentados por los distintos Estados Miembros a final de 2019, proponiendo si es necesario, medidas de seguimiento para ampliar el nivel de ambición.  También se anuncia la intención de revisar, cuando sea necesario, la legislación energética relevante para conseguir los objetivos de neutralidad climática señalando entre otras normas las recientes Directivas de Renovables y Eficiencia Energética, así como la Directiva sobre la imposición de la energía. Movilizar la investigación y fomentar la innovación es también una de las prioridades recogidas en la Comunicación, para mantener la ventaja competitiva de la UE en tecnologías limpias. Al menos el 35% del presupuesto del “Horizon Europe” financiará nuevas soluciones para el clima, relevantes para la implementación del “Green Deal”, respaldando entre otras, la investigación y la innovación en el transporte, incluyendo las baterías y el hidrógeno limpio, así como involucrará a las comunidades locales en el camino hacia un futuro más sostenible, en iniciativas que combinen el impulso social y el impulso tecnológico.

La Comunicación remarca que la transición hacia la descarbonización “tiene que funcionar para todos y ser justa, o no funcionará en absoluto” y, por lo tanto, una parte crucial en el “European Green Deal” es la ambición de movilizar 100.000 millones de euros y destinarlos a las regiones y sectores más vulnerables y que se verán afectados en mayor medida por los nuevos objetivos.

Por último, reiterar que la Comunicación tiene una visión amplia y también propone medidas por la biodiversidad y los bosques, la agricultura y la alimentación, las ciudades verdes y el desarrollo de la economía circular.

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¿Permitirá el Decreto Ley 16/2019 implementar las instalaciones de energía renovable necesarias para desarrollar la transición energética de Cataluña y cumplir los objetivos en materia de cambio climático?

Las novedades introducidas por el Decreto Ley 16/2019, de forma inevitable, nos llevan a preguntarnos si quedará superada la situación de estancamiento normativo y tramitación administrativa en la implementación de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas.

De entrada, las novedades destacables nos permiten, sobre el papel, dar una respuesta positiva. Tanto las modificaciones en la normativa urbanística como en el procedimiento de autorización se prevén con el objetivo de facilitar la implementación de estas tecnologías.

Toma especial relevancia el hecho de introducir los artículos 9 bis y 48 bis al Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo en tanto que prevén supuestos en los que no será necesario modificar el planeamiento urbanístico para conseguir autorización de la instalación.

En concreto, no será exigible la adecuación del planeamiento urbanístico vigente:

  • Cuando se ubiquen instalaciones de aprovechamiento de energía solar sobre cubiertas de construcciones o en espacios de parcelas no ocupadas por otras construcciones, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos exigidos por el Decreto Ley 16/2016 relativos a la distancia y dimensión de la instalación.
  • Cuando las instalaciones de aprovechamiento de energía solar tengan como objetivo reducir la demanda energética de los edificios.

Por otra parte, se prevén otro conjunto de supuestos donde no será necesario modificar el planeamiento urbanístico o aprobar un plan especial urbanístico autónomo o de desarrollo. Aunque en estos casos será necesario aprobar un proyecto de actuación específico:

  • Cuando el planeamiento no contemple la ubicación de instalaciones de producción de energía derivados de energía solar eólica y solar fotovoltaica.
  • Cuando el planeamiento contemple el emplazamiento de estas instalaciones, pero sin establecer la ordenación detallada.

Por último, atendiendo que el Decreto Ley deroga el Decreto 147/2009 aplicable hasta ahora, quedan desplazadas las limitaciones de superficie y distancia establecidas en el caso de instalaciones fotovoltaicas ubicadas sobre suelo no urbanizable, de tal forma que se elimina así uno de los obstáculos en la implantación de esta tecnología.

Así pues, en lo relativo a la vertiente urbanística, el Decreto Ley 16/2019 establece medidas que tienen como objetivo facilitar la implantación de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas en tanto que el trámite de modificación y aprobación de los correspondientes planeamientos urbanísticos, históricamente, ha sido uno de los retos en el momento de acometer la autorización administrativa de este tipo de instalaciones.

Paralelamente, las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 16/2019 en relación al procedimiento de obtención de dicha autorización se han adoptado con este mismo objetivo.

La gran novedad recae en la creación de un órgano colegiado, llamado Ponencia de energías renovables, que tendrá como principal función la comprobación de la viabilidad de los proyectos que se quieran llevar a cabo con carácter previo a tramitar el procedimiento de autorización.

Si bien podríamos entender que este órgano no facilitará el procedimiento atendiendo que está constituido por diferentes representantes de seis departamentos de la Generalitat de Cataluña competentes en la materia, lo cierto es que no solo evitará que iniciemos un procedimiento de duración considerable con la incerteza de sí, finalmente, el proyecto se autorizara sino que, por otra parte, no impedirá que iniciemos la tramitación si en el espacio de tres meses no se han pronunciado al respecto de la viabilidad del proyecto.

El pronunciamiento favorable de la Ponencia de energías renovables permitirá iniciar el procedimiento de autorización, pero, en ningún caso, el estudio de viabilidad supondrá la obtención de dicha autorización. Deberá seguir el procedimiento establecido por el Decreto Ley 16/2019 y superar los procedimientos de avaluación de impacto ambiental y la tramitación del proyecto.

Todos estos instrumentos normativos se articulan como herramientas jurídicas para dar respuesta a la emergencia climática y poder así alcanzar los objetivos de implantación de energías renovables previstas, tanto en la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, como en el PNIEC.

Los objetivos son claros; contribuir a la transición hacia una sociedad neutra en carbono en el año 2050. El decreto Ley 16/2019, que viene a reconducir el panorama que en Cataluña se puede calificar de desolador, atendiendo que la presencia de energías renovables ha sido testimonial, ha de facilitar el camino.

 

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Imagen de marca y prohibición de confusión a los consumidores, en el suministro eléctrico

Recientemente, el Regulador energético, la CNMC ha puesto el ojo en la imagen de marca de las empresas  comercializadoras de último recurso y las empresas distribuidoras -que afecta a los grandes grupos empresariales-, imponiendo determinadas medidas encaminadas a prohibir la confusión de marca e imagen de marca, de cara a los consumidores.

¿Ha apreciado alguna que otra modificación de color en la factura de suministro?, ¿Ha observado el  cambio de nombre de su empresa suministradora?

Estas modificaciones, operadas a través de la  factura de la luz son el resultado de una serie de medidas que desde el pasado año la CNMC ha obligado  a implantar  a las empresas comercializadoras de último recurso de electricidad para conseguir el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 12.3 de la Ley del Sector Eléctrico (LSE); consistente en que dichos agentes no creen confusión a los consumidores en la remisión de información, presentación de marca, imagen de marca y denominación corporativa respecto de las filiales de su mismo grupo que realicen actividades de comercialización.

Las medidas instrumentadas por las empresas han consistido por una parte, en  modificaciones formales, como la modificación de su denominación social y logos e imágenes de marca; hasta modificaciones operativas y de funcionamiento, tales como la creación de páginas web, aplicaciones para teléfono móvil y teléfonos de atención al cliente independientes y diferenciadas para cada actividad, o la adaptación de contratos, facturas y comunicaciones escritas con los nuevos logos y denominaciones sociales acordadas, la creación de nuevos correos electrónicos con dominio propio e independiente para cada actividad, etc.

La  CNMC  venía constatando la persistencia de confusión entre los consumidores – sobre todo los domésticos – al identificar las empresas que intervienen en  la actividad de suministro, sean comercializadoras en el mercado libre o de último recurso, o las distribuidoras de energía eléctrica; llegando a la conclusión que eran necesarias medidas que permitan al consumidor diferenciar claramente cual es su empresa distribuidora, y cual es su empresa comercializadora -ya sea en mercado libre, o mercado regulado-.

Desde el punto de vista del Regulador, tal falta de diferenciación de los signos distintivos de las empresas en función de su actividad, influye y dificulta en gran medida al consumidor en la elección clara de comercializador; además de incrementar la dificultad de captación de clientes por parte de los nuevos agentes entrantes en el mercado.

Medidas que persigan aportar transparencia en el funcionamiento del Mercado eléctrico y las empresas que intervienen en la cadena de suministro son acertadas. No en vano, la Directiva (UE) 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, pone al consumidor en el centro del nuevo diseño de Mercado. Por ello, la transparencia juega un papel importante para que el consumidor pueda elegir libremente el suministrador.

Siendo así, lanzamos una serie de preguntas, para que nos hagáis llegar vuestras reflexiones:

1. ¿Existe realmente una efectiva dificultad del consumidor doméstico en distinguir  entre una empresa comercializadora en el mercado libre, una empresa comercializadora en el mercado regulado -COR- y una empresa distribuidora?

2. ¿Han conseguido las medidas implantadas disminuir la supuesta confusión  en relación a los diferentes operadores del mercado que intervienen en el suministro  eléctrico?

3. ¿Debe avanzarse en la puesta a disposición de información que permita incrementar la posibilidad de comparabilidad de ofertas a los consumidores?

Y es que, al margen de garantizar la debida transparencia para un óptimo funcionamiento del Mercado, debería hacerse hincapié en combatir  aquellas prácticas engañosas -para captación de clientes- o de cambios de comercializador sin consentimiento por parte del consumidor, por el daño que dichas prácticas tienen para la imagen de las empresas, a los ojos del consumidor.

Y una última reflexión: no deberíamos intentar que la Energía  despierte  emociones en el consumidor? La transición energética, el cambio climático y el nuevo marco normativo definido por el «Clean Energy Package»  supone sin duda, una oportunidad.

¡Anímense y opinen!

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Las obligaciones de servicio público en el sector de la electricidad: el bono social

En octubre de 2018, el Tribunal Supremo (TS) declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la LSE -se trata del segundo mecanismo de financiación, que fue introducido por RDL 7/2016-  por resultar incompatible con la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.

En aquella ocasión, el TS, en aplicación de la doctrina del “acto aclarado”, ampliamente aceptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), expuso los motivos concretos que le llevaron a inaplicar una norma legal interna por vulneración de normativa europea sin necesidad de plantear cuestión prejudicial ante el propio TJUE.

Con motivo de aquella declaración, los sujetos obligados a financiar el mecanismo –las matrices de las sociedades o grupos que sociedades que realicen simultáneamente actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y que tengan el carácter de grupos verticalmente integrados– recuperaron las cantidades abonadas en su día por este concepto.

Sin embargo, recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado Sentencia otorgando el amparo solicitado por el Abogado del Estado contra la Sentencia del TS que declaraba inaplicable el mecanismo de financiación.  Lo que obliga al Tribunal Supremo a revisar de nuevo el tema.

En sede del recurso amparo, el TC, modificando la doctrina que hasta ahora aplicaba al respecto del planteamiento de cuestiones prejudiciales, concluye que el TS no estaba exonerado de plantear tal cuestión si bien no concurrían los presupuestos necesarios para aplicar la doctrina del “acto aclarado”.

El pronunciamiento del TC ha causado cierto revuelo por recuperar así la doctrina del “doble canon de enjuiciamiento, ya superada. Y es que, el TC introduce de nuevo la posibilidad de no sólo controlar si la motivación que ofrece el TS en su Sentencia es suficiente para entender innecesario el planteamiento de la cuestión prejudicial, sino que, como sucede, le permite valorar si en acogimiento de los pronunciamientos de TJUE debió plantearse dicha cuestión antes de inaplicar una ley nacional.

Ahora, le corresponderá al TS, pronunciarse de nuevo en al respecto del mecanismo de financiación del bono social y su normativa de desarrollo, debiendo plantear con anterioridad cuestión prejudicial ante el TJUE.

El Tribunal Constitucional ofrece los motivos por los que considera debe otorgar el amparo: sin embargo y aunque  ahora el TC  admite un Recurso de Amparo, y lo concede, debe recordarse que  previamente -en el año 2012- había inadmitido el Amaparo planteado contra la sentencia dictada en el año 2012, planteada en los mismos términos que la actual.

El análisis del mecanismo de financiación del bono social está todavía abierto, con posibilidad de plantear cuestión prejudicial al TJUE: de nuevo, ¿es contrario a la Directiva comunitaria  2009/72/CE un mecanismo de financiación que impone la carga a unas empresas en concreto, sin explicitar los motivos por los que se dispensa al resto de actividades?

No sería más sensato que el coste del bono social pasara a ser financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado, en la medida que es una medida de protección social?

 

 

 

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Real Decreto 244/2019, de autoconsumo

Soplan vientos en favor del autoconsumo:  El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril,  establece el  nuevo marco regulatorio del autoconsumo, con diferencias sustanciales respecto al anterior marco, definido en su momento por el RD 900/2015.

1.- La primera novedad es la propia definición de «autoconsumo», en la medida que se define como el consumo de energía eléctrica, por parte de uno o varios consumidores,  proveniente de instalaciones «próximas a las de consumo y asociadas a los mismos». ¿Qué se entiende por ello?

Por una parte: a) las instalaciones de producción próximas de red interior, esto es, conectadas a la red interior de los consumidores asociados, o unidas a través de líneas directas, y b) las instalaciones próximas a través de red: cuando las instalaciones se conecten a redes de baja tensión derivada del mismo centro de transformación; o se conecten -instalación y consumidor-  a una distancia entre ellos inferior a 500 metros, o estén ubicados en la misma referencia catastral -14 dígitos-, estos es, dentro de la misma finca y parcela.

2.- Las modalidades de autoconsumo se concretan en dos: SIN excedentes -la instalación de un mecanismo antivertido impide la inyección de energía a la red-, y CON excedentes –además de suministrar energía para el autoconsumo, se permite la inyección de energía a la red-. A su vez, las instalaciones CON excedentes, pueden subdividirse en: instalaciones CON excedentes acogidas a compensación, o instalaciones no acogidas a compensación.

3.- Mecanismo de compensación simplificada: Para las autoconsumidores con excedentes acogidos a compensación se contempla un mecanismo de compensación simplificada -que vendría a ser el sistema de tarificación de factura neta-.

De esta forma, se efectúa una compensación -sólo de energía- a efectos de facturación: por un lado,  se determina el valor de la energía consumida de la red (A) y el valor de la energía vertida a la red (B). Mensualmente, sobre las cantidades que se deben facturar antes de impuestos, se deberá descontar del término de energía, la valoración económica de la energía excedentaria.

Debe tenerse en cuenta que, en ningún caso, a efectos de compensación, el valor de la energía horaria excedentaria puede ser superior a la consumida. De esta manera, se evita considerar que haya «actividad económica», y por tanto  la energía excedentaria no está sujeta al impuesto sobre el valor de la producción (7%) ni al peaje de generadores (0,5 €/ Mwh). Una vez efectuada la compensación, y sumado el importe correspondiente a los peajes -sobre la energía consumida de la red-, se aplican  los impuestos correspondientes -impuesto sobre la electricidad y el IVA-.

4.- Se regula el autoconsumo colectivo, que no era permitido con el RD 900/2015, permitiéndose por tanto que un grupo de consumidores  se alimenten, de forma acordada, de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo. Por tanto, se permite en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales. Ello es el primer paso para la creación de las comunidades locales de energía.

Por otra parte, para el autoconsumo colectivo sin excedentes se plantea la posibilidad de efectuar un reparto de la energía entre los consumidores implicados, mediante acuerdo, según los criterios de reparto estáticos fijados en el Anexo I del RD. En el futuro, el propio RD abre la puerta a que se regulen criterios de reparto dinámicos.

5.- Otro aspecto novedoso del RD es que se contempla una disociación entre titularidad y propiedad, de tal forma que en cualquier modalidad de autoconsumo el consumidor y el propietario de la instalación de generación podrán ser personas físicas o jurídicas independentes. Ello abre la puerta a diferentes modelos de negocios en el ámbito del autoconsumo.

6.- Ya lo establecía el RDL 15/2018, pero en todo caso cabe recordar que la energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos está exenta de todo tipo de peajes y cargos.  Sin embargo, en la modalidad de autoconsumo con excedentes no acogida a compensación, los titulares de las instalaciones de producción están obligados a satisface los peajes a la generación (0,5 €/MWh).

7.- Desde el punto de vista de la medida, se contempla la obligación, por parte del consumidor, de disponer de un contador bidireccional en el punto frontera,  y para las instalaciones de generación, un contador  para el registro de generación neta -en los supuestos de: i) autoconsumo colectivo, ii) instalación «próxima de red», iii) instalaciones de generación de potencia nominal igual o superior a 12 MVA, iv) si la tecnología de la instalación de generación no es renovable, cogeneración o residuos y v) las instalaciones con excedentes no acogidas a compensación, si los servicios auxiliares y el consumo asociados no disponen de un único contrato de suministro.

8.- Se organiza un Registro estatal simplificado -gestionado por el MITECO- para fines estadísticos, con el fin de poder observar la evolución del autoconsumo. A tal efecto, se encomienda a la CNMC la labor de monitorización de su  desarrollo, debiendo remitir  al MITECO un Informe anual de seguimiento de las modalidades de autoconsumo y supervisión y control de impactos económicos.

No en vano, el artículo 21 de la Directiva UE 2018/2001 de renovables, relativo al autoconsumo, cuyo contenido  ha sido transpuesto mucho antes del plazo límite  previsto, esto es, 30 de junio de 2021, -establece que los Estados Miembros podrán aplicar cargos y peajes por la electricidad autoconsumida, a partir de 2026, si la cuota de autoconsumo supera un 8% la capacidad total instalada y se ve comprometida la viabilidad del sistema.

Sin duda, la nueva regulación supondrá un impulso para el autoconsumo, que supone otorgar a los consumidores la posibilidad de tener  un papel más activo en la gestión de la demanda. A su vez, supone una herramienta eficaz para el tránsito a una economía descarbonizada.

Del diseño que se haga de la metodología de los peajes y de los cargos -pendientes-dependerá su evolución. En todo caso, es necesario un diseño que dé las señales adecuadas y que evite se se produzcan distorsiones en la asignación de costes entre consumidores.

 

 

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La jornada laboral de ocho horas y su origen

El próximo 3 de abril se cumple el centenario del Decreto gubernamental, que fijó la jornada laboral en ocho horas. Esta efeméride no tendría cabida en este blog si no fuera que la misma está íntimamente ligada con el sector eléctrico o, mejor dicho, tuvo su origen en una empresa de este sector.

Para ello debemos remontarnos a la Barcelona de principios de siglo XX y a los hechos que desembocaron en la fijación de la jornada laboral tal y como la conocemos en nuestros días.

Aquí aparece una protagonista muy conocida por aquel entonces, la desaparecida “Barcelona Traction, Light and Power Company Limited “que por haber sido fundada en Canadá era popularmente conocida como “la canadenca “(La Canadiense). La “Barcelona Traction” era un holding de empresas de producción y distribución de electricidad, así como de tranvías y ferrocarriles eléctricos. Su objetivo era producir electricidad y distribuirla en el área metropolitana de Barcelona (en su poder contaba con centrales eléctricas, saltos de agua y empresas de transporte como “Tranvías de Barcelona” y “Ferrocarrils de Catalunya”).

La Primera Guerra Mundial, y la muerte del fundador de la empresa en el hundimiento del transatlántico Lusitania (alcanzado por un submarino alemán), provocó que la empresa sufriera graves problemas financieros, pasando posteriormente a manos de un grupo inversor belga, que logró sanear la misma.

Pero los hechos más relevantes para este artículo se sucedieron a principios de 1919, cuando una filial de la “Barcelona Traction “, la empresa de producción eléctrica “Riegos y Fuerzas del Ebro” introdujo cambios en las condiciones laborales de sus trabajadores, lo que a su vez implicaba una reducción de su salario. Ello condujo a una protesta del personal afectado, con el despido de ocho trabajadores. Como si de una bola de nieve se tratara, la huelga inicial de una parte de la empresa y despido de trabajadores fue secundada por la totalidad de los trabajadores de esta y posteriormente por los de las empresas participadas por la “Barcelona Traction”. El descontento y seguimiento de la huelga fue creciendo hasta lograr un paro de todos los trabajadores de todas las empresas del sector.

Tal fue la incidencia que Barcelona quedó sin luz, los tranvías no circulaban y las protestas se generalizaron. Ante la gravedad de la situación, el Capitán General de Barcelona declaró el estado de guerra; se sucedieron más de tres mil detenciones y encierro de los detenidos en el Castillo de Montjuic. La escalada del conflicto condujo finalmente a una huelga general de todos los sectores paralizando por completo la ciudad.

Para reconducir la situación, el Gobierno se vio en la necesidad de pactar con el comité de huelga, integrado por los líderes sindicales del momento. Tras dos días de negociación, el día 17 de marzo, se alcanzó un acuerdo entre las partes. Se dejaría en libertad a los detenidos, se readmitiría a los huelguistas, se pagarían la mitad de los salarios dejados de percibir y la medida estrella antes mencionada: se establecería una jornada laboral de ocho horas.

Ratificados los acuerdos por las partes, el 3 de abril de 1919 el Gobierno dictó el Decreto que hacía extensible la jornada laboral de ocho horas a todos los sectores, que ha perdurado hasta la actualidad.

El final de la “Barcelona Traction”, su adquisición por FECSA por el 1 por 1000 del valor real de la compañía y la curiosa resolución del Tribunal de La Haya que no contravino tal decisión, forman parte de otro capítulo.

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Clean Energy Package: Concluyen dos largos años de negociaciones

Con el acuerdo final alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo en el dossier sobre “Diseño del Mercado Energético” (Directiva y Reglamento de Electricidad), concluyó el pasado 18 de Diciembre la negociación de la propuesta de la Comisión Europea “Clean Energy Package” publicado casi dos años antes, el 30 de Noviembre de 2016. Una propuesta ambiciosa formada por 4 propuestas de Directiva – Renovables, Eficiencia Energética, Eficiencia Energética de los Edificios y Electricidad y 4 propuestas de Reglamento – ACER, Seguridad del suministro eléctrico, Gobernanza y Electricidad.

Este acuerdo político deberá ser debidamente ratificado por ambas instituciones y entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante, DO) – lo que puede tardar algunos meses. Mientras que el Reglamento de Electricidad es de inmediata aplicación en todos los Estados Miembros, la Directiva de Electricidad deberá transponerse en la legislación nacional en un plazo de 18 meses.

A su vez las Directivas de Renovables y Eficiencia Energética, así como el Reglamento para la Gobernanza entraron en vigor el pasado 24 de Diciembre tras su publicación en el DO del 21 de diciembre de 2018.

Destacamos a continuación algunos de los puntos más relevantes del acuerdo alcanzado en la Directiva y Reglamento de electricidad, a la espera de tener más detalles una vez se publiquen los textos. Los dos temas más controvertidos en esta negociación han sido sin duda, la limitación de los mecanismos de capacidad y su supervisión por la Unión Europea – de hecho, el Consejo liderado por Polonia se opuso firmemente a limitar o suprimir las subvenciones a los combustibles fósiles -y, la supresión de los precios regulados.

  • El nuevo diseño del mercado energético pone un límite a las subvenciones al carbón introduciendo un estándar de rendimiento de emisiones de CO2 de 550g/Kwh en todas las nuevas centrales eléctricas. La regla 550 es la piedra angular del acuerdo y descarta efectivamente la ayuda estatal para el carbón. El estándar se exigirá también a partir del 1 de julio de 2025 a las instalaciones de generación hoy ya existentes.
  • Precios regulados: en este caso Francia lideró la oposición llegando a amenazar con bloquear el acuerdo. Finalmente, el acuerdo es mucho menos ambicioso que la propuesta de la Comisión y recoge el principio de que los precios regulados deberán ser eliminados progresivamente sin fecha límite. Sin embargo, en consonancia con el Reglamento de gobernanza, los Estados miembros deberán informar periódicamente a la Comisión sobre la necesidad de mantener los precios regulados. En 2025, la Comisión evaluará los progresos realizados y, caso de ser necesario, hará una propuesta para la eliminación gradual de los mismos.
  • Prioridad de Despacho: será obligatorio para las pequeñas instalaciones renovables y proyectos de demostración previa aprobación de la autoridad reguladora. Seguirá siendo opcional para la cogeneración de alta eficiencia. El umbral de potencia será de hasta 400kW bajando a 200kW en 2026. Los Estados miembros podrán eliminar progresivamente el derecho de prioridad de despacho si cumplen los requisitos de acceso a los mercados para las energías renovables y la agregación o si la generación de electricidad a partir de energías renovables alcanza el 50% del consumo total de electricidad en el país.
  • Comunidades Energéticas Ciudadanas (CECs) – Comunidades Energéticas Locales según la propuesta de Directiva-: Las CECs participarán en igualdad de condiciones y normativa de acceso en todas las áreas del mercado de la electricidad. Las CECs también podrán compartir energía y suministro de energía renovable local y tienen derecho a obtener su energía renovable en el mercado manteniendo el derecho de despacho prioritario para las pequeñas instalaciones de energías renovables. Se deja a los Estados miembros la decisión sobre si autorizar o no a las CECs a poseer, construir, comprar o arrendar redes de distribución y gestionarlas autónomamente. En caso de que lo hagan, las CECs deberán cumplir con todas la normativa aplicable a otros distribuidores. Las CECs tendrán que contribuir adecuadamente a los costes de la red.
  • Establecimiento de una entidad para la cooperación de los distribuidores (DSOs) de electricidad en Europa – EU DSO entity: todos los distribuidores – con independencia de su tamaño- tienen el derecho a convertirse en miembros de la nueva entidad “EU DSO entity”. Dicha entidad tendrá como función principal el desarrollo de códigos de red en materia de distribución en cooperación con la entidad de transportistas europeos de electricidad, ENTSOE.
  • Se establecen principios generales sobre las tarifas de la red de distribución: las tarifas deberán incentivar a los distribuidores a innovar; promover la reflectividad de los costes; promover el desarrollo de servicios nuevos y competitivos; promover la respuesta a la demanda, la generación distribuida y un consumo energético más eficiente.
  • Los Estados Miembros deberán incentivar a los distribuidores para que obtengan servicios de flexibilidad, incluida la gestión de la congestión en su área de servicio para mejorar la eficiencia en las redes de distribución.
  • Las empresas de distribución de electricidad no podrán ser propietarias, construir, operar ni gestionar infraestructura de recarga de vehículo eléctrico ni instalaciones de almacenamiento de energía. Excepcionalmente podrán hacerlo previa autorización del regulador y únicamente si tras el correspondiente proceso de licitación no existen agentes del mercado interesados en ofrecer el servicio. La autorización concedida será revisada cada cinco años.
  • Gestión de datos: los Estados miembros desarrollaran un modelo para la gestión de los datos que respetará los principios recogidos en la directiva para garantizar que los datos puedan ser accesibles a todos los agentes del mercado sin discriminación para facilitar el desarrollo de nuevos servicios a la vez que se garantice la protección de los mismos.
  • Interoperabilidad: Se establecerán requisitos para facilitar la plena interoperabilidad de los datos para el desarrollo de servicios energéticos dentro de la UE.
  • Los sistemas de telegestión inteligente de nueva instalación y los que substituyan a otros, deberán cumplir con las funcionalidades y requisitos establecidos en la comunicación CE 2014/C 200/01. Los contadores inteligentes ya instalados podrán permanecer en funcionamiento durante un período transitorio de 12 años desde la entrada en vigor de la Directiva, tras el cual deberán adaptarse o substituirse para cumplir con los anteriores requisitos.
  • Se distinguen entre dos tipos de datos que se comunican desde el contador inteligente al cliente: «datos históricos de consumo validados» (después de ser procesados) y «datos de consumo casi en tiempo real no validados» (leídos directamente del contador).
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Acuerdo provisional en el Reglamento Europeo sobre la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)

Con el acuerdo provisional alcanzado en el Reglamento sobre ACER, seis de las ocho propuestas legislativas del “Clean Energy Package” de la Comisión Europea han sido ya acordadas políticamente por los colegisladores, entre éstas el Reglamento para la Gobernanza de la Unión de la Energía, las Directivas de Eficiencia Energética, Energía Renovable y Rendimiento Energético en Edificios así como el Reglamento sobre la Preparación de Riesgos. Ya sólo cabe esperar que la próxima semana se obtenga un acuerdo en la Directiva y el Reglamento de electricidad – los dosieres políticamente más comprometidos- para concluir la adopción del paquete antes de finalizar la Presidencia Austríaca de la Unión el próximo 31 de Diciembre.

El Reglamento dota a la Agencia de Cooperación de Reguladores de Energía, ACER con sede en Liubliana de un papel más importante en el mercado de la energía y en particular en cuanto a la seguridad del suministro. El Reglamento adapta las competencias de la Agencia a los nuevos retos del sector eléctrico.

La función principal de ACER actualmente se limita a la coordinación, el asesoramiento y el seguimiento de las respectivas acciones de los reguladores nacionales de energía, siendo el encargado de la supervisión regulatoria en situaciones dónde más de un Estado miembro se ve involucrado. Con el Reglamento acordado se han asignado a ACER competencias adicionales en aquellas áreas donde las decisiones nacionales individuales en temas de relevancia transfronteriza podrían causar problemas para el mercado interior de la energía. Por ejemplo, ACER supervisará los futuros «Centros de Coordinación Regional» que crearán los transportistas europeos (TSOs), donde los TSOs implicados podrán decidir sobre aquellos temas en los que las acciones nacionales fragmentadas y no coordinadas podrían afectar negativamente al mercado y a los consumidores. El enfoque propuesto también agilizará los procedimientos regulatorios -al introducir la aprobación directa por parte de ACER-, en lugar de aprobaciones separadas por todos los reguladores nacionales. Los reguladores nacionales, no obstante, continuarán participando plenamente en el proceso, al decidir a través de la votación en ACER por mayoría del 60% frente a la anterior exigencia de unanimidad en los acuerdos.

También se atribuyen a ACER funciones de supervisión de las entidades europeas de transportistas de electricidad y gas ENTSOE y ENTSOG así como de la nueva entidad para la coordinación de los distribuidores europeos de electricidad, EU DSO. También se ha reforzado la obligación de ACER de reportar al Parlamento Europeo.

Tras este acuerdo político provisional, el texto del Reglamento deberá ser aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo, para su posterior publicación en los próximos meses en el Diario Oficial de la Unión y entrada en vigor, siendo vinculante de inmediato para los Estados Miembros al tratarse de un Reglamento.

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Clean Energy Package

El 4º trílogo en el proceso de adopción del dossier sobre «diseño del mercado energético« que engloba la Directiva y el Reglamento de Electricidad enmarcados dentro del Paquete de Energías Limpias de la Comisión Europea, también llamado «Clean Energy Package», tuvo lugar entre la noche del pasado Lunes día 12 y ayer Martes día 13 de Noviembre en Estrasburgo bajo la Presidencia Austríaca del Consejo Europeo.

A continuación relacionamos brevemente los temas sobre los que se alcanzaron acuerdos de compromiso:

Directiva de Electricidad

Comunidades Locales de Energía (Artículo 16):

  • Las comunidades de energía pasarán a denominarse ‘Comunidades de Energía Ciudadana’.
  • En cuanto al uso compartido de electricidad, se acordó la siguiente redacción: “Cuando la electricidad se comparta a través de la red pública, esto se hará sin perjuicio de los cargos de red aplicables, en línea con un análisis transparente de coste-beneficio realizado bajo la supervisión de las autoridades competentes y que resulte en un efecto positivo de la generación distribuida ”.
  • Se ha rechazado la opción de balance neto virtual.
  • La propiedad y la gestión de la red por parte de las comunidades de energía sigue siendo opcional y será decidido por los Estados Miembros.

Telegestión (Artículo 19):

  • Los Estados miembros deberán reemplazar o actualizar los contadores para que cumplan con los requisitos / funcionalidades previstas en la Directiva a más tardar 12 años después de la entrada en vigor de la Directiva.
  • Los Estados Miembros -que aún no lo hayan hecho- deberán alcanzar el objetivo de despliegue del 80% de los contadores dentro de los 7 años posteriores a la conclusión de un análisis positivo de coste-beneficio y, cuando el despliegue ya haya comenzado, a más tardar en 2024.

Almacenamiento (Artículo 36):

  • No se alcanzó acuerdo en cuanto a las circunstancias excepcionales que permitirían una  derogación del régimen general previsto en materia de almacenamiento de instalaciones de energía para transportistas y distribuidores. Este tema será nuevamente discutido a nivel técnico.

Régimen legal para nuevas actividades a realizar por los distribuidores (Artículo 36 a)

  • Este artículo introducido como enmienda por parte del Parlamento y que prevé que el régimen general aplicable para cualquier nueva actividad a realizar por el distribuidor y no prevista en la Directiva sea el de ofrecer vía licitación a los agentes del mercado la realización de dicha actividad y únicamente en caso de no existir terceras partes interesadas el distribuidor pueda llevarlas a cabo previa autorización del regulador, ha sido defendido por el Parlamento y, en consecuencia un acuerdo no ha podido alcanzarse ya que el Consejo se muestra contrario a este precepto.

Reglamento de Electricidad

Únicamente el tema de los Mecanismos de Capacidad ha sido objeto de discusión y no así otros temas como la adopción de nuevos códigos de red o la organización de la nueva entidad para la cooperación de los distribuidores a nivel europeo,  the EU DSO entity.

El próximo trílogo – y último según la agenda prevista – tendrá lugar el 5 de diciembre. Mucho deberá trabajarse en las reuniones técnicas para que sea posible alcanzar un acuerdo definitivo en la Directiva y Reglamento de electricidad y concluir así dentro del calendario previsto la adopción del “Clean Energy Package”. No se descarta una última reunión antes de Navidad o, incluso, en muy última instancia que el acuerdo se alcance durante el mes de Enero bajo la recién estrenada Presidencia de Rumanía el próximo año. Sería sin embargo un duro golpe para la Presidencia austríaca que, no puede negarse, no ha escatimado en recursos y esfuerzos para concluir el paquete dentro de sus seis meses de mandato.

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Real Decreto-Ley 15/2018: medidas urgentes para la transición energética y protección de consumidores

Con el objetivo de contener el elevado precio de la electricidad y paliar sus consecuencias, el pasado 6 de octubre se publicó en el BOE, el Real Decreto Ley 15/2018 de 5 de octubre de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

El RDL introduce un paquete de medidas mediante modificaciones de la legislación vigente, algunas de carácter provisional a la espera del adecuado desarrollo legislativo.

Cinco son los bloques sobre les cuales pivotan las medidas:  pobreza energética y consumidores vulnerables,  protección de los consumidores, fomento  del autoconsumo,  transición energética y un último bloque relacionado con la fiscalidad para moderar la evolución de precios en el mercado mayorista.

En relación a la pobreza energética y protección de consumidores vulnerables: se amplia  el espectro de consumidores que tienen derecho al bono social eléctrico    (en cuanto a situaciones de dependencia reconocida y familias monoparentales ) así como la ampliación del cálculo del límite de energía sobre que se aplicará el bono social ; a su vez se introduce un nuevo colectivo cuyo suministro es considerado esencial y no puede ser interrumpido (unidad familiar con al menos un menor de 16 años, situación de dependencia en grado II o III, o con discapacidad reconocida igual o superior al 33%).

Se introduce como novedad el «Bono social térmico», como una ayuda directa  respecto a la energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. La financiación, a diferencia del bono social eléctrico, correrá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

En relación al Bloque de protección a los consumidores:  con la entrada en vigor, la exigencia de revisión de instalaciones de más de 20 años, y solicitud de nuevo boletín se exigirá únicamente para  para incrementos de potencia -no en el supuesto de disminución de potencia- .

Por otra parte, y con el fin de racionalizar la potencia contratada por parte del consumidor de hasta 15 kW de potencia, se le permite contratar la potencia en múltiplos de  múltiplos de 0,1 kW, si dispone de contador con discriminación horaria y telegestión.

En otro orden de cosas,  se prohíbe a las comercializadoras de electricidad y gas realizar campañas de captación de clientes domésticos mediante el sistema “puerta a puerta”, y se limita la posibilidad de las comercializadoras de acceder a la información sobre la empresa comercializadora que actualmente realiza el suministro.

En cuanto al Bloque destinado al Autoconsumo se realiza una redefinición del mismo y a fin de promocionar el mismo, se elimina el mal llamado  “impuesto al sol“, quedando la energía autoconsumida, exenta de todo tipo de cargos y  peajes . El RDL, en cumplimiento de lo que había dictaminado el Tribunal Constitucional, abre la puerta al desarrollo del autoconsumo compartido, incluso de distintas fincas si están conectados al mismo centro transformador.

Estas medidas están sujetas al desarrollo reglamentario de las mismas que deberá tener lugar en el plazo de tres meses.

En cuanto a las medidas para la transición energética y para la integración de renovables, se amplía el plazo de caducidad de los derechos de acceso y conexión otorgados antes de la entrada en vigor de la LSE hasta 31 de marzo de 2020.

A fin de impulsar la movilidad eléctrica, se elimina la figura del Gestor de Cargas, liberalizándose la actividad de recarga energética de vehículos;  solo para el caso en el que no existe interés por parte de la iniciativa privada se permitirá a las empresas distribuidoras ser titulares de último recurso de las infraestructuras para la recarga de vehículos.

Finalmente se introduce un bloque de medidas temporales que afectan a la fiscalidad, cuyo objetivo es moderar la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad. Así, se establece la exoneración durante un semestre del impuesto del valor de producción de energía eléctrica -IVPEE-, mediante una reducción del tipo al 0% (no computando a efectos de la base del impuesto el último trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019).

Y en ultimo termino se introduce una exención sin límite temporal en el Impuesto sobre Hidrocarburos para los productos energéticos destinados a la producción de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de electricidad y calor en centrales combinadas.

El jueves 18 de octubre se verá si se convalida  el Real Decreto-Ley, si se tramita como Proyecto de Ley, para la introducción de enmiendas, o si la geometría parlamentaria juega una mala pasada al Gobierno.

En todo caso, algo que puede pasar desapercibido, pero es sin duda relevante, es la anticipación, por parte del RDL, de un déficit de ingresos del sistema eléctrico para 2018 y 2019, puesto que se contempla (Disp Adic. Primera) que el superávit de ingresos de los años anteriores pueda aplicarse a cubrir los «desajustes temporales» de 2018 y 2019.

 

 

 

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