Clean Energy Package: Concluyen dos largos años de negociaciones

Con el acuerdo final alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo en el dossier sobre “Diseño del Mercado Energético” (Directiva y Reglamento de Electricidad), concluyó el pasado 18 de Diciembre la negociación de la propuesta de la Comisión Europea “Clean Energy Package” publicado casi dos años antes, el 30 de Noviembre de 2016. Una propuesta ambiciosa formada por 4 propuestas de Directiva – Renovables, Eficiencia Energética, Eficiencia Energética de los Edificios y Electricidad y 4 propuestas de Reglamento – ACER, Seguridad del suministro eléctrico, Gobernanza y Electricidad.

Este acuerdo político deberá ser debidamente ratificado por ambas instituciones y entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante, DO) – lo que puede tardar algunos meses. Mientras que el Reglamento de Electricidad es de inmediata aplicación en todos los Estados Miembros, la Directiva de Electricidad deberá transponerse en la legislación nacional en un plazo de 18 meses.

A su vez las Directivas de Renovables y Eficiencia Energética, así como el Reglamento para la Gobernanza entraron en vigor el pasado 24 de Diciembre tras su publicación en el DO del 21 de diciembre de 2018.

Destacamos a continuación algunos de los puntos más relevantes del acuerdo alcanzado en la Directiva y Reglamento de electricidad, a la espera de tener más detalles una vez se publiquen los textos. Los dos temas más controvertidos en esta negociación han sido sin duda, la limitación de los mecanismos de capacidad y su supervisión por la Unión Europea – de hecho, el Consejo liderado por Polonia se opuso firmemente a limitar o suprimir las subvenciones a los combustibles fósiles -y, la supresión de los precios regulados.

  • El nuevo diseño del mercado energético pone un límite a las subvenciones al carbón introduciendo un estándar de rendimiento de emisiones de CO2 de 550g/Kwh en todas las nuevas centrales eléctricas. La regla 550 es la piedra angular del acuerdo y descarta efectivamente la ayuda estatal para el carbón. El estándar se exigirá también a partir del 1 de julio de 2025 a las instalaciones de generación hoy ya existentes.
  • Precios regulados: en este caso Francia lideró la oposición llegando a amenazar con bloquear el acuerdo. Finalmente, el acuerdo es mucho menos ambicioso que la propuesta de la Comisión y recoge el principio de que los precios regulados deberán ser eliminados progresivamente sin fecha límite. Sin embargo, en consonancia con el Reglamento de gobernanza, los Estados miembros deberán informar periódicamente a la Comisión sobre la necesidad de mantener los precios regulados. En 2025, la Comisión evaluará los progresos realizados y, caso de ser necesario, hará una propuesta para la eliminación gradual de los mismos.
  • Prioridad de Despacho: será obligatorio para las pequeñas instalaciones renovables y proyectos de demostración previa aprobación de la autoridad reguladora. Seguirá siendo opcional para la cogeneración de alta eficiencia. El umbral de potencia será de hasta 400kW bajando a 200kW en 2026. Los Estados miembros podrán eliminar progresivamente el derecho de prioridad de despacho si cumplen los requisitos de acceso a los mercados para las energías renovables y la agregación o si la generación de electricidad a partir de energías renovables alcanza el 50% del consumo total de electricidad en el país.
  • Comunidades Energéticas Ciudadanas (CECs) – Comunidades Energéticas Locales según la propuesta de Directiva-: Las CECs participarán en igualdad de condiciones y normativa de acceso en todas las áreas del mercado de la electricidad. Las CECs también podrán compartir energía y suministro de energía renovable local y tienen derecho a obtener su energía renovable en el mercado manteniendo el derecho de despacho prioritario para las pequeñas instalaciones de energías renovables. Se deja a los Estados miembros la decisión sobre si autorizar o no a las CECs a poseer, construir, comprar o arrendar redes de distribución y gestionarlas autónomamente. En caso de que lo hagan, las CECs deberán cumplir con todas la normativa aplicable a otros distribuidores. Las CECs tendrán que contribuir adecuadamente a los costes de la red.
  • Establecimiento de una entidad para la cooperación de los distribuidores (DSOs) de electricidad en Europa – EU DSO entity: todos los distribuidores – con independencia de su tamaño- tienen el derecho a convertirse en miembros de la nueva entidad “EU DSO entity”. Dicha entidad tendrá como función principal el desarrollo de códigos de red en materia de distribución en cooperación con la entidad de transportistas europeos de electricidad, ENTSOE.
  • Se establecen principios generales sobre las tarifas de la red de distribución: las tarifas deberán incentivar a los distribuidores a innovar; promover la reflectividad de los costes; promover el desarrollo de servicios nuevos y competitivos; promover la respuesta a la demanda, la generación distribuida y un consumo energético más eficiente.
  • Los Estados Miembros deberán incentivar a los distribuidores para que obtengan servicios de flexibilidad, incluida la gestión de la congestión en su área de servicio para mejorar la eficiencia en las redes de distribución.
  • Las empresas de distribución de electricidad no podrán ser propietarias, construir, operar ni gestionar infraestructura de recarga de vehículo eléctrico ni instalaciones de almacenamiento de energía. Excepcionalmente podrán hacerlo previa autorización del regulador y únicamente si tras el correspondiente proceso de licitación no existen agentes del mercado interesados en ofrecer el servicio. La autorización concedida será revisada cada cinco años.
  • Gestión de datos: los Estados miembros desarrollaran un modelo para la gestión de los datos que respetará los principios recogidos en la directiva para garantizar que los datos puedan ser accesibles a todos los agentes del mercado sin discriminación para facilitar el desarrollo de nuevos servicios a la vez que se garantice la protección de los mismos.
  • Interoperabilidad: Se establecerán requisitos para facilitar la plena interoperabilidad de los datos para el desarrollo de servicios energéticos dentro de la UE.
  • Los sistemas de telegestión inteligente de nueva instalación y los que substituyan a otros, deberán cumplir con las funcionalidades y requisitos establecidos en la comunicación CE 2014/C 200/01. Los contadores inteligentes ya instalados podrán permanecer en funcionamiento durante un período transitorio de 12 años desde la entrada en vigor de la Directiva, tras el cual deberán adaptarse o substituirse para cumplir con los anteriores requisitos.
  • Se distinguen entre dos tipos de datos que se comunican desde el contador inteligente al cliente: “datos históricos de consumo validados” (después de ser procesados) y “datos de consumo casi en tiempo real no validados” (leídos directamente del contador).
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Acuerdo provisional en el Reglamento Europeo sobre la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)

Con el acuerdo provisional alcanzado en el Reglamento sobre ACER, seis de las ocho propuestas legislativas del “Clean Energy Package” de la Comisión Europea han sido ya acordadas políticamente por los colegisladores, entre éstas el Reglamento para la Gobernanza de la Unión de la Energía, las Directivas de Eficiencia Energética, Energía Renovable y Rendimiento Energético en Edificios así como el Reglamento sobre la Preparación de Riesgos. Ya sólo cabe esperar que la próxima semana se obtenga un acuerdo en la Directiva y el Reglamento de electricidad – los dosieres políticamente más comprometidos- para concluir la adopción del paquete antes de finalizar la Presidencia Austríaca de la Unión el próximo 31 de Diciembre.

El Reglamento dota a la Agencia de Cooperación de Reguladores de Energía, ACER con sede en Liubliana de un papel más importante en el mercado de la energía y en particular en cuanto a la seguridad del suministro. El Reglamento adapta las competencias de la Agencia a los nuevos retos del sector eléctrico.

La función principal de ACER actualmente se limita a la coordinación, el asesoramiento y el seguimiento de las respectivas acciones de los reguladores nacionales de energía, siendo el encargado de la supervisión regulatoria en situaciones dónde más de un Estado miembro se ve involucrado. Con el Reglamento acordado se han asignado a ACER competencias adicionales en aquellas áreas donde las decisiones nacionales individuales en temas de relevancia transfronteriza podrían causar problemas para el mercado interior de la energía. Por ejemplo, ACER supervisará los futuros “Centros de Coordinación Regional” que crearán los transportistas europeos (TSOs), donde los TSOs implicados podrán decidir sobre aquellos temas en los que las acciones nacionales fragmentadas y no coordinadas podrían afectar negativamente al mercado y a los consumidores. El enfoque propuesto también agilizará los procedimientos regulatorios -al introducir la aprobación directa por parte de ACER-, en lugar de aprobaciones separadas por todos los reguladores nacionales. Los reguladores nacionales, no obstante, continuarán participando plenamente en el proceso, al decidir a través de la votación en ACER por mayoría del 60% frente a la anterior exigencia de unanimidad en los acuerdos.

También se atribuyen a ACER funciones de supervisión de las entidades europeas de transportistas de electricidad y gas ENTSOE y ENTSOG así como de la nueva entidad para la coordinación de los distribuidores europeos de electricidad, EU DSO. También se ha reforzado la obligación de ACER de reportar al Parlamento Europeo.

Tras este acuerdo político provisional, el texto del Reglamento deberá ser aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo, para su posterior publicación en los próximos meses en el Diario Oficial de la Unión y entrada en vigor, siendo vinculante de inmediato para los Estados Miembros al tratarse de un Reglamento.

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Clean Energy Package

El 4º trílogo en el proceso de adopción del dossier sobre “diseño del mercado energético que engloba la Directiva y el Reglamento de Electricidad enmarcados dentro del Paquete de Energías Limpias de la Comisión Europea, también llamado “Clean Energy Package”, tuvo lugar entre la noche del pasado Lunes día 12 y ayer Martes día 13 de Noviembre en Estrasburgo bajo la Presidencia Austríaca del Consejo Europeo.

A continuación relacionamos brevemente los temas sobre los que se alcanzaron acuerdos de compromiso:

Directiva de Electricidad

Comunidades Locales de Energía (Artículo 16):

  • Las comunidades de energía pasarán a denominarse ‘Comunidades de Energía Ciudadana’.
  • En cuanto al uso compartido de electricidad, se acordó la siguiente redacción: “Cuando la electricidad se comparta a través de la red pública, esto se hará sin perjuicio de los cargos de red aplicables, en línea con un análisis transparente de coste-beneficio realizado bajo la supervisión de las autoridades competentes y que resulte en un efecto positivo de la generación distribuida ”.
  • Se ha rechazado la opción de balance neto virtual.
  • La propiedad y la gestión de la red por parte de las comunidades de energía sigue siendo opcional y será decidido por los Estados Miembros.

Telegestión (Artículo 19):

  • Los Estados miembros deberán reemplazar o actualizar los contadores para que cumplan con los requisitos / funcionalidades previstas en la Directiva a más tardar 12 años después de la entrada en vigor de la Directiva.
  • Los Estados Miembros -que aún no lo hayan hecho- deberán alcanzar el objetivo de despliegue del 80% de los contadores dentro de los 7 años posteriores a la conclusión de un análisis positivo de coste-beneficio y, cuando el despliegue ya haya comenzado, a más tardar en 2024.

Almacenamiento (Artículo 36):

  • No se alcanzó acuerdo en cuanto a las circunstancias excepcionales que permitirían una  derogación del régimen general previsto en materia de almacenamiento de instalaciones de energía para transportistas y distribuidores. Este tema será nuevamente discutido a nivel técnico.

Régimen legal para nuevas actividades a realizar por los distribuidores (Artículo 36 a)

  • Este artículo introducido como enmienda por parte del Parlamento y que prevé que el régimen general aplicable para cualquier nueva actividad a realizar por el distribuidor y no prevista en la Directiva sea el de ofrecer vía licitación a los agentes del mercado la realización de dicha actividad y únicamente en caso de no existir terceras partes interesadas el distribuidor pueda llevarlas a cabo previa autorización del regulador, ha sido defendido por el Parlamento y, en consecuencia un acuerdo no ha podido alcanzarse ya que el Consejo se muestra contrario a este precepto.

Reglamento de Electricidad

Únicamente el tema de los Mecanismos de Capacidad ha sido objeto de discusión y no así otros temas como la adopción de nuevos códigos de red o la organización de la nueva entidad para la cooperación de los distribuidores a nivel europeo,  the EU DSO entity.

El próximo trílogo – y último según la agenda prevista – tendrá lugar el 5 de diciembre. Mucho deberá trabajarse en las reuniones técnicas para que sea posible alcanzar un acuerdo definitivo en la Directiva y Reglamento de electricidad y concluir así dentro del calendario previsto la adopción del “Clean Energy Package”. No se descarta una última reunión antes de Navidad o, incluso, en muy última instancia que el acuerdo se alcance durante el mes de Enero bajo la recién estrenada Presidencia de Rumanía el próximo año. Sería sin embargo un duro golpe para la Presidencia austríaca que, no puede negarse, no ha escatimado en recursos y esfuerzos para concluir el paquete dentro de sus seis meses de mandato.

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Real Decreto-Ley 15/2018: medidas urgentes para la transición energética y protección de consumidores

Con el objetivo de contener el elevado precio de la electricidad y paliar sus consecuencias, el pasado 6 de octubre se publicó en el BOE, el Real Decreto Ley 15/2018 de 5 de octubre de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

El RDL introduce un paquete de medidas mediante modificaciones de la legislación vigente, algunas de carácter provisional a la espera del adecuado desarrollo legislativo.

Cinco son los bloques sobre les cuales pivotan las medidas:  pobreza energética y consumidores vulnerables,  protección de los consumidores, fomento  del autoconsumo,  transición energética y un último bloque relacionado con la fiscalidad para moderar la evolución de precios en el mercado mayorista.

En relación a la pobreza energética y protección de consumidores vulnerables: se amplia  el espectro de consumidores que tienen derecho al bono social eléctrico    (en cuanto a situaciones de dependencia reconocida y familias monoparentales ) así como la ampliación del cálculo del límite de energía sobre que se aplicará el bono social ; a su vez se introduce un nuevo colectivo cuyo suministro es considerado esencial y no puede ser interrumpido (unidad familiar con al menos un menor de 16 años, situación de dependencia en grado II o III, o con discapacidad reconocida igual o superior al 33%).

Se introduce como novedad el “Bono social térmico”, como una ayuda directa  respecto a la energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. La financiación, a diferencia del bono social eléctrico, correrá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

En relación al Bloque de protección a los consumidores:  con la entrada en vigor, la exigencia de revisión de instalaciones de más de 20 años, y solicitud de nuevo boletín se exigirá únicamente para  para incrementos de potencia -no en el supuesto de disminución de potencia- .

Por otra parte, y con el fin de racionalizar la potencia contratada por parte del consumidor de hasta 15 kW de potencia, se le permite contratar la potencia en múltiplos de  múltiplos de 0,1 kW, si dispone de contador con discriminación horaria y telegestión.

En otro orden de cosas,  se prohíbe a las comercializadoras de electricidad y gas realizar campañas de captación de clientes domésticos mediante el sistema “puerta a puerta”, y se limita la posibilidad de las comercializadoras de acceder a la información sobre la empresa comercializadora que actualmente realiza el suministro.

En cuanto al Bloque destinado al Autoconsumo se realiza una redefinición del mismo y a fin de promocionar el mismo, se elimina el mal llamado  “impuesto al sol“, quedando la energía autoconsumida, exenta de todo tipo de cargos y  peajes . El RDL, en cumplimiento de lo que había dictaminado el Tribunal Constitucional, abre la puerta al desarrollo del autoconsumo compartido, incluso de distintas fincas si están conectados al mismo centro transformador.

Estas medidas están sujetas al desarrollo reglamentario de las mismas que deberá tener lugar en el plazo de tres meses.

En cuanto a las medidas para la transición energética y para la integración de renovables, se amplía el plazo de caducidad de los derechos de acceso y conexión otorgados antes de la entrada en vigor de la LSE hasta 31 de marzo de 2020.

A fin de impulsar la movilidad eléctrica, se elimina la figura del Gestor de Cargas, liberalizándose la actividad de recarga energética de vehículos;  solo para el caso en el que no existe interés por parte de la iniciativa privada se permitirá a las empresas distribuidoras ser titulares de último recurso de las infraestructuras para la recarga de vehículos.

Finalmente se introduce un bloque de medidas temporales que afectan a la fiscalidad, cuyo objetivo es moderar la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad. Así, se establece la exoneración durante un semestre del impuesto del valor de producción de energía eléctrica -IVPEE-, mediante una reducción del tipo al 0% (no computando a efectos de la base del impuesto el último trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019).

Y en ultimo termino se introduce una exención sin límite temporal en el Impuesto sobre Hidrocarburos para los productos energéticos destinados a la producción de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de electricidad y calor en centrales combinadas.

El jueves 18 de octubre se verá si se convalida  el Real Decreto-Ley, si se tramita como Proyecto de Ley, para la introducción de enmiendas, o si la geometría parlamentaria juega una mala pasada al Gobierno.

En todo caso, algo que puede pasar desapercibido, pero es sin duda relevante, es la anticipación, por parte del RDL, de un déficit de ingresos del sistema eléctrico para 2018 y 2019, puesto que se contempla (Disp Adic. Primera) que el superávit de ingresos de los años anteriores pueda aplicarse a cubrir los “desajustes temporales” de 2018 y 2019.

 

 

 

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El TC confirma la constitucionalidad del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica

Desde su entrada en vigor, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) ha estado rodeado de polémica, en parte zanjada (o cerrada) por el reciente Auto del Tribunal Constitucional de fecha 20 de junio de 2018, que  confirma su adecuación a los principios constitucionales.

La configuración del IVPEE, que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico, de energía eléctrica, independientemente de cual sea su fuente de generación,  ha sido bendecida por el TC, que considera es acorde con  los principios constitucionales tributarios del art. 31 CE, esto es, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad.

En cuanto al principio de capacidad económica, el TC considera que  no queda lesionado por el hecho de que el IVPEE grave una manifestación de capacidad económica similar a la del IAE, ni del resto de normas que integran del bloque de constitucionalidad.

El motivo: se está analizando la relación entre un tributo estatal y un tributo local, y por tanto no existe el supuesto de doble imposición prohibido por el artículo 6 de la LOFCA (Ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas), que sí se daría entre un tributo estatal y otro de ámbito autonómico.

De hecho, el TC destaca que la relación entre el IVPEE y el IAE es análoga a la existente desde hace años respecto de otros tributos, por ejemplo: el IAE y el IRPF/IS/IRNR; el IRPF y el IIVTNU; el IRPF y el IBI.

Por el otro lado, en cuanto al principio de no confiscatoriedad, el TC reitera su consolidada doctrina de que su infracción es una cuestión de prueba a cargo de quien la invoca, descartándose tal imputación, al no considerar probada dicha circunstancia.

Así pues, podemos concluir que el TC ya ha confirmado la adecuación del IVPEE a los principios de seguridad jurídica e igualdad previstos en los artículos 9.3 y 14 CE (STC 183/2014) y a los principios constitucionales tributarios del art. 31 CE (Auto TC de fecha 20 de junio de 2018).

A mayor abundamiento, y para continua sorpresa de quienes consideramos que la lógica y la coherencia deberían ser requisitos ineludibles de toda norma, debemos destacar que el TC reitera que carece de cualquier relevancia constitucional la total contradicción entre la Exposición de Motivos del IVPEE, que lo califica de tributo con finalidad extrafiscal medioambiental, y la efectiva configuración material del tributo, que no incluye ni un solo elemento extrafiscal.

Por último,  tras este Auto, existe aún la posibilidad de que el IVPEE sea declarado contrario al Derecho Comunitario como consecuencia del planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece remota, por no decir casi imposible, puesto que el propio TC afirma expresamente su “convicción de que el IVPEE se ajusta al Derecho de la Unión” y por ello descarta el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ciertamente, todavía queda la posibilidad de que algún Tribunal Superior de Justicia la plantee, pero sin duda éstos considerarán el precedente el TC.

Parece, pues, que la industria de la generación eléctrica tiene que asumir el impuesto, sin que el TC haya entrado a abordar en qué grado el IVPEE presenta una finalidad extrafiscal y si ésta predomina o  no sobre su función recaudatoria.

En el horizonte aparece no obstante, la losa de la reconfiguración tributaria si la transición energética ha de ser una realidad: hay que abordar la reforma de la fiscalidad ambiental de los productos energéticos, de tal forma que se mejoren las señales de precio a los consumidores y se internalicen los daños ambientales derivados de las decisiones de producción y consumo de cada producto.

 

 

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Acuerdo para la Propuesta de Directiva sobre Energías Renovables

En la madrugada del 14  de Junio, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre la Propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre Energías Renovables, con un objetivo vinculante a nivel europeo para que el 32% de la energía consumida tenga origen en fuentes renovables en el 2030.

Ello constituye un punto de encuentro entre  el 27%, propuesto inicialmente por la Comisión y apoyado inicialmente por una mayoría del Consejo, y el ambicioso 35% defendido por el Parlamento. Sin duda los recientes cambios en los Gobiernos de España e Italia han facilitado el consenso entre ambas instituciones. El mencionado objetivo del 32% será revisado a la alza en 2023. Al ser el 32% un objetivo a nivel europeo, cada Estado Miembro puede aumentar libremente el porcentaje.

Además se fija un objetivo del 14% para las renovables en el transporte , estableciendo un límite máximo para  los biocombustibles de primera generación hasta 2030.

Otro importante aspecto a destacar es la apuesta por el autoconsumo  en esta Directiva que exime a las instalaciones con capacidad hasta 25kW del pago de cualquier cargo –, que en España resulta de de aplicación a las instalaciones con potencia superior a 10 kW. También es cierto que se prevé la posibilidad de imponer un peaje para autoconsumos de capacidad superior a 25kW a partir de 2023.

El compromiso alcanzado en la Directiva de  Renovables facilita el camino en la negociación y posible acuerdo en la Directiva de Eficiencia Energética  y que no fue posible conseguir en el Consejo de Ministros del pasado lunes 11 de Junio por diferencias en el objetivo – de nuevo el 27% fue propuesto por la Comisión mientras que el Parlamento reclama el 35%- . De nuevo esta Directiva se someterá a debate a finales de mes como último intento por parte de la Presidencia Búlgara del Consejo para alcanzar un acuerdo.

Si éste se consigue, podemos ser optimistas que el Paquete de Energía Limpia para todos los europeos de la Comisión Europea se finalice como está previsto a finales de este año bajo la Presidencia Austríaca de la Unión que comienza el próximo 1 de Julio. En su agenda está el acuerdo en la Directiva y Reglamento de electricidad y los Reglamentos ACER y de Gobernanza, que no es poco.

Desde aquí les deseamos unas muy fructíferas negociaciones.

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Transición energética y cambio climático

La Comisión de Expertos sobre Transición Energética presentó el pasado día 2 de abril el informe con propuestas para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La definición de una hoja de ruta para una economía hipocarbónica requerirá, según la Comisión de expertos, de un esfuerzo “colosal”  de todos los agentes: ciudadanos, actores económicos y gobiernos. Nos enfrentamos, por tanto, a un gran reto que exige una profunda reflexión, para encarar los tres vértices sobre los que gira la transición: emisiones, renovables y  eficiencia energética.

Resulta esencial, desde la óptica de los expertos, el establecimiento de señales  correctas de precio para consumidores, lo que exigiría reflexionar sobre la adecuada formación de precios en los mercados, la instrumentación de una verdadera fiscalidad ambiental, el correcto diseño de los peajes y la voluntad de otorgar un papel activo del consumidor.

En el ámbito de la fiscalidad,  se contempla que el eje vertebrador de la reforma debe ser la internalización de los costes medioambientales asociados a cada producto energético, lo que implicaría alinear la estructura fiscal con el objetivo pretendido, esto es, la descarbonización. El Informe  resulta concluyente al señalar que el sistema tributario actual, en lo que al   sector energético se refiere, adolece de problemas de consistencia y de falta de uniformidad.

Se plantea por ello que la reforma que deba acometerse evite la deslocalización geográfica de las industrias con presencia en el mercado internacional, que no suponga una pérdida de recaudación para las Administraciones Públicas y que no dé lugar a un incremento de la presión fiscal. Casi nada.

En cuanto al diseño de los peajes de acceso, se sugieren una serie de actuaciones para promover la asignación eficiente de los recursos energéticos.

En concreto, los costes relacionados con el suministro proporcionales a la capacidad que se desee disponer, deben recuperarse a través del término de potencia, mientras que aquellos proporcionales al volumen de energía consumida, deben  recuperarse a través del término variable.

Por otra parte, los costes no relacionados con el suministro deberían financiarse desde los Presupuestos generales del Estado, como serían aquellas relacionados con la protección de consumidores vulnerables. Y también deberían financiarse a través de las arcas públicas, los costes relacionados con el suministro pasado, como es la anualidad del déficit histórico.

Respecto al funcionamiento del Mercado eléctrico, el Informe destaca la necesidad de diseñar un nuevo mecanismo de capacidad, el impulso de la participación de la demanda, bien directamente, bien mediante agregadores, en los servicios de ajuste del sistema, y el rediseño del servicio de interrumpibilidad, para garantizar el equilibrio del sistema con distintos plazos y al menor coste posible.

En cuanto a la movilidad sostenible, se apunta que el mayor potencial de descarbonización vendrá impulsado por el transporte eléctrico, mientras que desde la óptica de la eficiencia energética, la Comisión se decanta por considerar que el apoyo público debería dirigirse a actuaciones de información, y no tanto basadas en ayudas económicas.

Finalmente, en un escenario de transición energética, se pone en valor el  papel de las redes, concluyendo que los escenarios energéticos presentes y futuros, en cualquier caso, demandan de las redes seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad.

De esta forma, las redes de distribución unidireccionales tendrán que pasar a ser bidireccionales como consecuencia del nivel de desarrollo que pueda alcanzar la generación distribuida o el autoconsumo, en combinación con los grandes centros de generación centralizada y con sistemas de almacenamiento conectados en muchos casos a redes de distribución.   Ello hará que las redes sean más flexibles e inteligentes y que cuenten con un nivel de desarrollo y fiabilidad compatible con las nuevas prestaciones que les sean requeridas.

Así pues, la Comisión de expertos ha hecho el trabajo que se le encomendó. Es un primer paso -importante- para abrir el debate, analizar las opciones y valorar las propuestas con el fin de tomar las decisiones adecuadas para impulsar el cambio de modelo energético. En todo caso, convendría articularse mediante un Pacto de Estado, y amplio consenso  de los agentes implicados.

 

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La actividad de comercialización y el IAE

La Comisión de Expertos  para la revisión del modelo de financiación local, concluyó en su Informe de julio de 2017 que el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) se adapta de forma deficiente a los principios tributarios rectores de un sistema fiscal moderno, generando distorsiones económicas y alterando decisiones fundamentales sobre la ubicación y organización de las actividades económicas.

La actividad de comercialización de energía eléctrica, concretamente las empresas que no están vinculadas a los grandes grupos empresariales del sector eléctrico, son un claro ejemplo de cómo esta regulación inadecuada está dañando la competencia en el sector.

Las Tarifas del IAE se diseñaron en el año 1990, cuando aún no existía la obligación de separación de actividades reguladas y liberalizadas. Pero a pesar de haber pasado ya casi una década (2009) desde que la comercialización se efectúa en exclusiva por compañías comercializadoras, esta situación aún no se ha plasmado en la regulación de los epígrafes del IAE, que se presenta a día de hoy completamente obsoleta.

La falta de un epígrafe específico para la actividad de comercialización de energía eléctrica  está generando  un problema para la competencia efectiva en el sector de la comercialización.

Así, la aplicación del epígrafe 659.9 correspondiente al comercio al por menor, al ser la actividad a la que por su naturaleza más se asemeja, determina la obligación de hacer frente una cuota municipal en aquel municipio donde tengan locales y/o clientes (ni que sea uno),  según se ha pronunciado la Dirección General de Tributos, siendo por otra parte el criterio seguido por  muchas Corporaciones locales y reiterada jurisprudencia.

Ello no obstante, debe reflexionarse si tal planteamiento,  además de poder resultar contrario a los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), puede resultar contrario a la competencia.

A propósito de ello, la CNMC, en dos informes recientes, ha propuesto equiparar la comercialización de energía eléctrica a otra actividad que tenga establecida una cuota nacional y, singularmente, a la de distribución de electricidad. Y aunque la Comisión no considera se produzca una eventual discriminación para los comercializadores entrantes (pues valora que la falta de epígrafe afecta a todos los comercializadores por igual), sí que aprecia la vulneración del principio de simplificación de cargas.

Al margen de lo anterior, lo más determinante es que la propia CNMC concluye que el planteamiento que evite a las comercializadoras satisfacer una cuota por cada municipio en que dispongan de un cliente, tendría efectos favorables en la competencia, y en particular mejoraría la capacidad de los operadores para competir, al poder hacerlo, sin limitación en todos los municipios del territorio nacional.

Otra alternativa, según una Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pamplona de 10 de marzo de 2017,   sería tributar por el epígrafe 663.9, referente a otras actividades de comercialización sin establecimiento permanente. A su juicio, las comercializadoras al por menor utilizan la red de distribución para el desarrollo de la misma y por consiguiente entiende que la citada actividad no se ejerce en local determinado.

Sea como sea, si lo que quiere en fomentar la competencia en el sector y otorgar al consumidor un derecho efectivo a la posibilidad de elegir suministrador, la solución debería plantearse seriamente, ya sea mediante la actualización de los epígrafes del IAE, ya sea mediante la interpretación de equiparar la actividad de comercialización a otra actividad con cuota nacional, resolviendo con ello definitivamente los problemas estructurales manifestados en su aplicación.

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La Comisión Europea aprueba el régimen de apoyo a las renovables, en España

El pasado mes de noviembre 2017, la Comisión Europea (CE) ha dictaminado en una reciente Resolución (State aid SA-40348), que el régimen español de apoyo a la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad y residuos es conforme con la normativa europea sobre ayudas estatales.

Tras evaluar las compensaciones que las instalaciones reciben a lo largo de su vida útil, la Comisión Europea ha decidido no formular objeciones puesto que el régimen aumentará el porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, de conformidad con el TFUE (Tratado de Funcionamiento de la UE) y los objetivos medioambientales de la UE, sin falseamientos indebidos de la competencia en el mercado único.

La problemática y disfunción recaía en el  hecho de que España implementara dicho régimen antes de notificarlo a la CE, infringiendo el artículo 108.3 del TFUE. La ayuda concedida, por lo tanto, hasta la adopción de esta decisión ha sido una ayuda indebida. Sin embargo, la CE ha decidido subsumir la antigua ayuda dada “régimen económico primado” bajo el presente nuevo régimen aprobado.

En virtud del “régimen retributivo específico”, fijado actualmente en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y que se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado y de los ingresos del sector eléctrico vía peajes y cargos, los beneficiarios reciben apoyo mediante una prima por encima del precio de mercado de la electricidad, de modo que deben reaccionar ante las señales del mercado.

El “régimen retributivo específico” tiene por objeto ayudar a estas instalaciones a compensar los costes que no puedan ser recuperados mediante la venta de electricidad y a obtener un margen de beneficio razonable de la inversión hecha en tecnologías medioambientalmente favorables.

El régimen está vigente desde 2014 y, a pesar de que su duración es indeterminada, no se aplicará más allá de 2024 sin la aprobación de la CE. Durante el primer período regulatorio que comprende hasta 2019, el régimen se aplica a los nuevos beneficiarios, así como a las centrales que se acogían al régimen anterior “régimen económico primado”.

Desde 2016, las ayudas a nuevas centrales se conceden a través de subastas competitivas. Diferentes tecnologías han competido entre sí en las últimas subastas de mayo de 2017 y de julio de 2017. En total, se adjudicaron ayudas a algo más de 8 gigavatios de capacidad, sobre todo a parques eólicos y solares. A raíz de estas subastas, los beneficiarios recibirán compensaciones únicamente si el precio de mercado cae en los próximos años a niveles muy inferiores a los precios de mercado actuales.

La Comisión europea considera que el régimen de soporte contribuirá a conseguir los objetivos de eficiencia y energía renovable fijados para el año 2020, a la vez que ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con ello, la Comisión reputa las ayudas a las renovables, necesarias, proporcionadas y apropiadas para conseguir el objetivo marcado.

Un alivio, sin duda, para el Estado español, ya que en caso de que la Comisión hubiera votado desfavorablemente, el sector habría quedado definitivamente tocado.

 

 

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No es “impuesto al sol”, es contribución a los costes del sistema

Dos años después de la aprobación del  Real Decreto 900/2015 de Autoconsumo, el TS en la reciente sentencia de fecha 13 de octubre,  ha bendecido la regulación del autoconsumo, así como  el mal llamado “Impuesto al Sol”, cuya entrada en vigor se rodeó de fuertes críticas.

El TS ha querido matizar, en primer lugar, que ” No hay por tanto y frente a la expresión que ha hecho fortuna, “impuesto al sol” propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso -como es lo habitual-, la consume efectivamente”, por lo que “paga, como el resto de consumidores, por el respaldo del sistema”.

Siguiendo con dicho razonamiento, no existe, según el TS, arbitrariedad alguna, ni inseguridad jurídica,  en el hecho de que, imponiéndose los cargos que el Real Decreto prevé, por los servicios de respaldo del sistema, no se haya aprobado todavía la metodología de cargos, para su determinación.

Adicionalmente, y en remisión a la regulación transitoria efectuada en la LSE (DT14) y el RD 900/2015 (DT1), el Tribunal defiende la existencia de procedimiento -transitorio- de fijación de dichos cargos, lo que permiten excluir las pretensiones de arbitrariedad e inseguridad jurídicas presentadas.

Concluye en consecuencia el Tribunal, que el autoconsumidor abastecido por la electricidad generada por sus instalaciones, pero que sigue conectado al sistema eléctrico, deberá hace frente a los mismos costes que el consumidor ordinario por el respaldo del sistema eléctrico.

Con respecto al régimen de infracciones que el RD contempla, por remisión a la LSE,  y cuyas sanciones pueden oscilar entre 600.001 y 6.000.001,  el TS concluye que las conductas previstas en el RD impugnado, cumplen con las exigencias constitucionales del principio de tipicidad, y la proporcionalidad.

Por último, y en la medida que el RD contempla un  procedimiento de conexión abreviado para las instalaciones de autoconsumo tipo 1 con potencia instalada igual o inferior a 10kW, es suficiente, a ojos del Tribunal, para desestimar la pretensión de resultar contraria al  derecho comunitario.

En consecuencia, la situación  puede resumirse de la siguiente manera: Actualmente, 1) es legal y posible autoconsumir energía, 2) el autoconsumidor, si está conectado a la red, debe  contribuir a los costes del sistema, como el resto de los consumidores, haciendo frente a los peajes y cargos correspondientes 3) el autoconsumo compartido vio levantada su prohibición con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de fecha 25 de mayo de 2017.

Con el tiempo veremos si el autoconsumo empieza a ser una realidad. De momento, el Clean Energy Package, actualmente en tramitación, apuesta por un empoderamiento real del consumidor, contemplado el derecho de los clientes finales a generar, almacenar, consumir y vender electricidad autogenerada en todos los mercados organizados, ya sea individualmente o a través de agregadores.

 

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