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Fondo Nacional de Eficiencia Energética vs certificados de ahorro energético

La Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE del Parlamento y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética en el entorno de la Unión Europea, estableciendo los objetivos de ahorro acumulado en el periodo 2014-2020,  imponiendo a los Estados Miembros la obligación de justificar una objetivo de ahorro acumulado.

La transposición de la referida Directiva en España, supuso la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), creado por la Ley 18/2014, teniendo como finalidad la financiación de mecanismos de apoyo económico, financiero, asistencia técnica, formación, información u otras medidas, con el fin de aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores consumidores de energía.

El sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, materializado en el FNEE, comporta la asignación de una cuota anual de ahorro energético, que se traduce en una obligación de una contribución financiera anual por parte de los sujetos obligados: comercializadores de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gas licuados de petróleo al por mayor.

Hasta el momento, se ha descartado, la implantación de un sistema de certificados de ahorro energético, ya que aunque la Ley 18/2014 lo apuntaba, en línea con lo previsto en la Directiva 2012/27/UE, se ha dejado pasar la oportunidad de permitir a los agentes participar activamente en la consecución de objetivos de eficiencia energética, promocionando iniciativas que redunden en un ahorro de energía al consumidor final, sin posibilidad de reducir el importe de la aportaciones al Fondo.

Si ello es acorde o no con lo previsto en la Directiva 2012/27/UE lo acabará acordando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la decisión que se adopte en su momento a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, respecto a:

– Si es compatible con la Directiva una regulación nacional que contempla la posibilidad de cumplir las obligaciones de ahorro energético cuyo cumplimiento consiste en una contribución financiera anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

– Si es compatible con la Directiva una regulación anual que contempla la posibilidad de cumplir las obligaciones de ahorro energético mediante la acreditación del ahorro conseguido como una alternativa a la contribución financiera a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

-En caso de respuesta afirmativa, si la previsión de esta alternativa, es compatible con la Directiva, cuando su efectiva existencia depende de que el Gobierno la desarrolle discrecionalmente por vía reglamentaria.

– Si es compatible con la Directiva, una normativa de un Estado Miembro con un método de reparto de la financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que considera partes sujetas a las obligaciones de ahorro energético, únicamente a empresas comercializadoras de energía eléctrica y no a empresas distribuidoras de la misma.

Algo sin embargo está claro: Con independencia de lo que decida el TJUE, el objetivo de la Directiva es precisamente incrementar la eficiencia energética en la Unión Europea, como medio para superar determinados retos, como limitar el cambio climático y minimizar la dependencia de importaciones de energía.

Por lo tanto, no deberían frenarse iniciativas empresariales que vayan encaminadas de forma activa a conseguir un ahorro y eficiencia energética a nivel de usuarios finales, lo que en última instancia, nos lleva a defender la creación de un sistema de certificados de eficiencia energética.

Irene Bartol

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El TC abre nuevas posibilidades al Autoconsumo compartido

A principios de 2017, la Generalitat de Catalunya, siguiendo los pasos y motivos que ya le llevaron a interponer recurso de inconstitucionalidad contra, entre otros, el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE), promovió un nuevo conflicto positivo de competencia esta vez contra diferentes preceptos del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo (RD 900/2015), dictado en desarrollo del referido artículo 9 de la LSE.

El Tribunal Constitucional, en su reciente celebrada sentencia de fecha 25 de mayo de 2017, anula y declara contrario al orden constitucional de distribución de competencias el apartado 3 del artículo 4.

El artículo 4.3 disponía que “En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores”. A grandes rasgos, con este apartado se bloqueaba el llamado Autoconsumo Compartido, consistente en la implantación de instalaciones comunes de generación de las que pueden beneficiarse varios usuarios y que permiten compartir entre los mismos la energía generada.

Con ello pues, se impedía que los consumidores de comunidades de vecinos, urbanizaciones o grandes bloques de pisos compartieran instalaciones de generación, desincentivándose así la expansión de la generación de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovables como es la energía solar fotovoltaica.

Este bloqueo al Autoconsumo Compartido fue, además, uno de los aspectos más criticados en los trámites de audiencia otorgados durante la tramitación del Real Decreto, ya que argumentaban que esta prohibición, además de ser contraria a las directivas comunitarias en la materia, ignoraba los beneficios que podía aportar el autoconsumo y la generación distribuida a los consumidores.

Así pues, con la anulación de este apartado, el Tribunal Constitucional derriba una de las mayores barreras de entrada con las que se había encontrado el Real Decreto 900/2015. En este sentido, argumenta el TC en su Sentencia, siguiendo la misma línea que el Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya, que en ningún momento de la tramitación del referido Real Decreto “se evidencia razón alguna que justifique la necesidad de imponer una prohibición de este cariz”.

Destaca además el Alto Tribunal que esta prohibición incide en el ámbito de competencias atribuidas a la Generalitat de Catalunya, dificultándose por tanto la implantación y potenciación del autoconsumo, así como la consecución de los objetivos establecidos de eficiencia energética y medioambientales previstos en las Directivas comunitarias.

Por tanto, con estas conclusiones el TC altera el paradigma anterior y abre la posibilidad de que varios usuarios en una misma comunidad puedan aprovecharse de los beneficios que el Autoconsumo compartido puede suponer en sus facturas de consumo de energía eléctrica, así como en el reparto de los costes necesarios para implantar instalaciones de autoconsumo en sus hogares.

Sin embargo, la eliminación de la prohibición del Autoconsumo Compartido genera una situación alegal que precisará de un desarrollo normativo concreto por parte de las diferentes Comunidades Autónomas; por lo que cabrá estar a la regulación e impulso que éstas den al Autoconsumo Compartido, así como al régimen de autorización e implantación de estas instalaciones que, como ya apuntaba el Consejo de Estado en su informe relativo al Proyecto del Real Decreto 900/2015, es el sistema y modelo de generación de electricidad por venir.

La Sentencia del Tribunal Constitucional supone un gran avance para la implantación y expansión del Autoconsumo en España. No obstante, y como recuerda la Propia Comisión Europea, quedan aún muchos aspectos por mejorar en la regulación estatal del Autoconsumo, por lo que al legislador le queda un largo camino todavía por recorrer.

Jordi Sentís

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Fin de la disyuntiva sobre el precio de alquiler de los contadores inteligentes

El Tribunal Constitucional, en su reciente Sentencia de 2 de febrero de 2017, ha dado un giro inesperado en la controversia sobre el precio aplicable al alquiler de los contadores con capacidad de telemedida y telegestión, declarando que el cobro por la instalación de los nuevos contadores no depende de la efectiva integración del equipo.

Haciendo una retrospectiva, en 2006, el RD 1634/2006 estableció la obligación de sustituir los contadores analógicos, existentes hasta el momento, por contadores electrónicos en todos los puntos de suministro de energía eléctrica hasta una potencia contratada de 15 kW, de acuerdo con el plan de substitución de contadores aprobado por la CNMC. La instalación de los llamados “contadores inteligentes” empezó en 2010 y está previsto que todos los hogares cuenten con uno antes del 2019.

Del mismo modo, quedó fijado reglamentariamente el precio de alquiler de los referidos contadores, hasta la aprobación del precio definitivo, estableciendo para los antiguos contadores analógicos monofásicos sin discriminación horaria y sin telegestión el precio de 0,54 euros/mes (más IVA) y para los contadores electrónicos monofásicos con discriminación horaria y con posibilidad de telegestión para consumidores domésticos  0,81 euros/mes (más IVA).

No obstante, la normativa no distingue en ningún precepto el precio de alquiler de aquellos contadores con capacidad de telemedida y telegestión “efectivamente integrados”, cuyas funcionalidades quedan a disposición de los usuarios, de aquellos “no  efectivamente integrados”, es decir, no habilitados con las prestaciones propias de la telegestión.

La omisión de tal distinción de precio, provocó la disyuntiva entre si era justo o no el cobro del alquiler de los contadores no efectivamente integrados del precio establecido para aquellos contadores con la totalidad de funcionalidades.

Las soluciones adoptadas por los distintos organismos fueron dispares. Así es, que en 2014 la CNMC, en un informe solicitado por la Secretaria de Estado de Energía, señaló que se estaba aplicando una Tarifa “indebida” a aquellos usuarios que no se estaban beneficiando de las funcionalidades de la telegestión, como la discriminación horaria, la lectura remota y la disponibilidad de información referente a su consumo.  La CNMC ha mantenido su posición en diversas ocasiones frente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, sosteniendo que el precio que se debería cobrar por el alquiler de contadores monofásicos no efectivamente integrados es el correspondiente a los antiguos contadores analógicos monofásicos (0,54 €/mes). Igualmente, este mismo criterio ha sido sostenido por diversas Administraciones Públicas Autonómicas, así como por Asociaciones de Consumidores y Usuarios, habiéndose incoado numerosos expedientes sancionadores a aquellas empresas distribuidoras que hubiesen efectuado cobros por el alquiler de contadores no estando plenamente operativos.

Recientemente, en contraposición al criterio de la CNMC, el Tribunal Constitucional ha declarado, en el marco de un proceso de conflicto de competencias, que el precio medio del alquiler de contadores telegestionados “incluye, no solo el precio del propio equipo, sino también los costes asociados a su instalación y verificación, así como la operación y el mantenimiento” y que la “falta de integración efectiva de los contadores en los sistemas de telegestión y telemedida no afecta a ninguna de las partidas mencionadas”.

La pronunciación del Alto Tribunal da una clara respuesta a la expresada disyuntiva, estableciendo que se deberá realizar el mismo cobro para el alquiler de todos los nuevos contadores, independientemente de la total integridad efectiva de los mismo, ya que “los parámetros considerados para establecer el precio no incluyen la circunstancia de estar o no estar efectivamente integrados en el sistema de telemedida y telegestión”, lo que implica que “el precio de alquiler de los equipos de medida debe determinarse en función de los costes en que incurren las empresas distribuidoras para su instalación y gestión”.

Consecuentemente, la decisión del Constitucional debería conllevar que los cobros en concepto de alquiler de contadores telegestionados efectuados por las empresas distribuidoras, en aquellos casos en que los equipos no se encontraran “efectivamente integrados”, se considerasen legítimos y por tanto, debidos.

 

Marta Campos

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Coches locos

El margen de comercialización fijo en el pvpc: metodologías, precios y provisionalidades

El Tribunal Supremo ha vuelto a llamar la atención al Gobierno, por haber fijado nuevamente el margen de comercialización fijo (MCF) de las comercializadoras de referencia (COR) para el suministro de energía a precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) sin disponer previamente de una metodología de cálculo.

No es la primera vez que el Gobierno recibe la advertencia del Tribunal Supremo, ya que en fecha  3 de noviembre de 2015, el Tribunal declaraba nulo el valor de 4€/kW fijado en el RD 216/2014, por haberse fijado sin la previa aprobación de la necesaria metodología de cálculo. Consecuentemente, condenaba al Gobierno aprobar una metodología para fijar este margen y regularizar las cantidades derivadas de la actividad de comercialización de conformidad con el valor así resultante, desde el 1 de abril de 2014.

No obstante, haciendo caso omiso a la obligación impuesta por el Tribunal Supremo, el MINETAD volvía a instaurar el mismo margen comercial anulado en la referida Sentencia, de manera provisional, en la Orden IET/2735/2015 hasta que no hubieran entrado en vigor las disposiciones relativas a la metodología y fijación del valor del MCF.

Consecuencia de esta reiteración y al aplicar una clausula declarada nula, el mismo Tribunal, ha vuelto a dictar Sentencia el 17 de abril de 2017, anulando por segunda vez la disposición y volviendo a advertir de la indispensable aprobación de la metodología de cálculo, para que dicho margen comercial sea acorde con la normativa eléctrica y preserve los principios de objetividad, trasparencia, racionalidad e interdicción de la arbitrariedad.

El Tribunal fundamenta la anulación en que la fijación del precio de la electricidad que deben abonar los clientes finales, se debe basar en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, con el fin de asegurar un mercado de electricidad competitivo, eficiente, seguro, equitativo, accesible y sostenible.

Es cierto que a finales del año pasado, el MINETAD decidió avanzarse y en orden a dar cumplimiento al referido mandato, dictó el RD 469/2016, que establece la metodología para el cálculo de los costes de comercialización de las COR a incluir en el PVPC, así como la Orden que desarrolla el referido cálculo, que se encuentran actualmente en vigor.

Finalmente, a pesar de la aprobación del método de cálculo que asegura la transparencia  del margen de comercialización fijo, el Gobierno no ha podido esquivar otra advertencia del Tribunal Supremo.

 

Marta Campos

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El papel de los organismos reguladores y su independencia

La actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), creada al amparo de la Ley 3/2013, como fruto de la fusión de ocho reguladores sectoriales, nació con la vocación de disponer, para el cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno.

La constitución del nuevo Consejo del macroorganismo regulador, y el consabido cese de los consejeros de la extinta CMT,  supuso la impugnación del cese, por parte del anterior Presidente de la CMT y uno de los consejeros, ante los Tribunales (TS), alegando infracción de la Directiva marco de telecomunicaciones, al haber sido cesados en sus funciones antes de la expiración de sus mandatos, sin que existiera causa legal taxativamente prevista en el Derecho nacional.

Expuesto el litigio principal y con vistas a su resolución, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respuesta a dos cuestiones prejudiciales referentes a la interpretación de la Directiva Marco.

El TJUE, en su sentencia de  19 de octubre de 2016, declaró que la Directiva Marco debe interpretarse en el sentido de que “no se opone a una norma nacional que consiste en fusionar distintos reguladores nacionales de diversos sectores, para crear un organismo de reglamentación multisectorial, siempre que éste cumpla los requisitos de competencia, independencia, imparcialidad y transparencia

establecidos por la Directiva Marco y que las decisiones que adopte puedan ser objeto de un recurso efectivo ante un organismo independiente de las partes implicadas”.

Respecto del cese de los cargos, ordenado antes de la finalización de sus mandatos, el TJUE establece que  resulta contrario a la Directiva marco el hecho de que el Presidente y un Consejero, miembros del  órgano colegial que dirige la autoridad de reglamentación fusionada, sean cesados antes de la finalización de sus mandatos, siempre que no estén previstas reglas que garanticen que tal cese no menoscaba su independencia e imparcialidad”.

De este modo resalta el TJUE que “Si se admitiera el riesgo de cese inmediato por una razón distinta de las previamente establecidas por la ley, podría generar dudas razonables en cuanto a la neutralidad de la autoridad regulatoria afectada y a su impermeabilidad a los factores externos y menoscabar su independencia, su imparcialidad y su autoridad”.

Avalada por el TJUE la posibilidad de fusionar en una única autoridad de reglamentación diversas autoridades nacionales de reglamentación, -siempre que se garantice su independencia- resulta inevitable cuestionarse si se diluirá como azucarillo en el agua, el pacto que en parte, sustentó en fecha 28 de agosto de 2016, la formación del Gobierno en España:

Así pues, la incógnita es si existirá una Autoridad Independiente de los Mercados que asumirá las funciones de supervisión y control de los distintos sectores económicos regulados (energético, telecomunicaciones, audiovisual, transportes, servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos.”

Y por otra parte,  una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado.

A ello se suma, la amenaza de sanción de la Comisión Europea al Gobierno de España, por incorrecta transposición de la Directiva 2009/72/CE sobre mercado interior de la electricidad, en relación con la independencia de la autoridad nacional de reglamentación, lo que obligaría a traspasar al regulador la fijación de los peajes eléctricos, y no sólo la función de establecer la metodología de peajes.

Por tanto se anticipan cambios en la casa del Regulador, de momento con un futuro incierto y en el que aún quedan algunas cuestiones por resolver. ¿Se llevará a cabo la separación de la CNMC en dos entidades? ¿Cuándo? ¿Se le garantizará la debida independencia? Porque, claro está, que al regulador se le denomine “Autoridad Independiente” no es de por sí, ni garantía, ni plena, de su debida independencia.

Irene Bartol

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Penalizaciones para los consumidores por cambio de suministrador de energía eléctrica

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La reciente publicación de la sanción impuesta por la CNMC a una empresa comercializadora de energía eléctrica, imponiéndole una multa de 900.000 € como responsable del incumplimiento de las medidas de protección a los consumidores, ha vuelto a poner sobre la mesa una importante cuestión: las penalizaciones a los consumidores por rescisión anticipada de los contratos, lo que se encuentra estrechamente ligado a los procesos de cambio de comercializador de energía eléctrica.

De inicio, debemos atender al modo en que esta cuestión viene regulada en la normativa eléctrica vigente.  Stricto senso, por los cambios de comercializador no cabe en sí imponer penlización alguna. No obstante, debemos estar a lo dispuesto en el Real Decreto 1435/2002, por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión, que establece expresamente:

1º La duración máxima de un año de los contratos y la posibilidad de que se prorroguen tácitamente por períodos de un año.

2º La posibilidad, en caso de que el consumidor decida rescindir anticipadamente el contrato antes de iniciada la primera prórroga -esto es, únicamente para el primer año- de que el comercializador pueda aplicarle una penalización ¡OJO! únicamente cuando esta rescición le cause daños al comercializador y ¡OJO! fijando como límite que la penalización no exceda del 5% del precio del contrato por la energía estimada pendiente de suministro.

3º La posibilidad de que el consumidor rescinda las prórrogas del contrato, con un preaviso de quince días de antelación, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización por rescisión de contrato.

Más allá de estos límite de aplicación -contratos de energía eléctrica en baja tensión- la normativa no establece regulación alguna, por lo que para los contratos en alta tensión deberá estarse a lo que libremente las partes decidan pactar, en aplicación del principio de autonomía de la voluntad.

Ahora sí, fijados los límites del marco normativo aplicable, cabe destacar las circunstancias relevantes de la sanción impuesta por la CNMC, en tanto que:

  • las penalizaciones contempladas por la comercializadora en sus contratos, objeto del procedimiento sancionador, lo eran por rescisión del contrato iniciadas ya las prórrogas del mismo (lo que ya no resulta amparado por la normativa referida); y además
  • se imponía a los consumidores la obligación de comunicar la voluntad de rescindir el contrato con una antelación mínima de dos meses.

En la fundamentación de su decisión, la CNMC se sirve de un concepto amplio de consumidor. De este modo, considera que las medidas de protección a los consumidores establecidas en el RD 1435/2002 son de aplicación a todos los consumidores que adquieren energía eléctrica en baja tensión, bien sean personas físicas, bien sean personas jurídicas. Además, la Comisión nos recuerda que nos encontramos ante contratos de adhesión, en los que las cláusulas están predispuestas por el comercializador para su adhesión por el consumidor, sin margen de negociación.

Sea como fuere, todo cuanto subyace de fondo es la cuestión de la defensa y fomento de de la competencia; en palabras de la Comisión “impedir que los comercializadores puedan restringir la libertad de elección de los consumidores vinculándolos en contratos con largos períodos de duración o en los que se limiten las facultades del rescisión de los consumidor”.

Algo que, por otro lado, entronca con los perjuicios que realmente pudieran derivarse para las comercializadoras, ante las finalizaciones anticipadas de los contratos de suministro, por cuanto para garantizar el suministro comprometido realizan compras de energía a plazo, con las correspondientes coberturas y garantías.

Sea como fuere, por nuestra parte defendemos la posibilidad de que, en contratos en alta tensión con personas jurídicas (y especialmente en casos de grandes empresas con elevadas demandas de consumo, con mayor capacidad de negociación, en los que una rescisión anticipada puede causar evidentes perjuicios a la comercializadora), puedan preverse estas penalizaciones en los contratos, aún más allá del primer año de duración de los mismos. Siempre y cuando dichas penalizaciones estén bien delimitadas, y la cuantía de las mismas no sea desproporcionada.

Solo de este modo puede garantizarse la convivencia de la defensa de la libre competencia con la adecuada salvaguarda de los intereses de las empresas en el ejercicio de una actividad como es la de comercialización de energía eléctrica.

Sabrina Lavado

Abogada PR Advocats

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Más bono social, A la tercera va la vencida?

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Las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo declarando inaplicable el mecanismo de financiación del coste del bono social previsto en el artículo 45.4 de la Ley del Sector eléctrico, por resultar discriminatorio, han traído, como regalo de Navidad, el nuevo intento del Gobierno -el  tercero- de establecer un mecanismo de financiación respetuoso con la Directiva 2009/72/CE, aprobado mediante el Real Decreto-Ley 7/2016.

Con la nueva regulación, serán las empresas comercializadoras, o las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización, las que deberán asumir el coste, estableciendo el propio RDL -como ley autoaplicativa- los porcentajes de todas y cada una de las empresas, si bien con carácter transitorio, hasta la aprobación de su desarrollo reglamentario que debe efectuarse en el plazo de tres meses.

La justificación del nuevo mecanismo de financiación -impuesto como obligación de servicio público- se razona en el RDL con el argumento de que el bono social, al dirigirse directamente a determinados consumidores y traducirse en el abono de un precio inferior, se encuentra plenamente ligado con la actividad de comercialización.

Si de acuerdo con la Directiva 2009/72/CE las obligaciones de servicio público deben definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas  eléctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones a los consumidores nacionales, más de una duda nos surge respecto de la bondad del RDL 7/2016, y no sólo respecto del mecanismo de financiación sino también sobre el conjunto de medidas de protección al consumidor vulnerable, previstas:

  • La obligación de asumir el coste se impone a todas las empresas comercializadoras, pero en cambio sólo a los comercializadores de referencia (8 empresas) se les permite el acceso a los consumidores vulnerables, lo que puede ser asimismo contrario a la Directiva de electricidad.
  • La contribución de cada empresa se establece en función de la cuota de mercado, esto es del número de clientes a los que suministran. Sin embargo, no se atiende al volumen de negocio, por lo que será inevitable el análisis de la proporcionalidad a los efectos de valorar si concurre arbitrariedad y por ende, puede resultar discriminatorio.
  • Cabría por otra parte pensar que la mayoría de comercializadores trasladarán su coste al resto de consumidores, pero no así los comercializadores de referencia, quienes suministran a precio “regulado” (PVPC) y por tanto, en puridad y desde la perspectiva del desarrollo de la actividad de comercialización, no disponen de tal posibilidad.

Por último y con respecto a la definición de consumidor vulnerable, así como sus categorías y requisitos que deben cumplir, que el RDL delega -de nuevo- a un posterior Reglamento, no podemos dejar de preguntarnos si esta vez se cumplirá con el mandato, puesto que ningún Gobierno ha querido afrontar seriamente el tratamiento de los consumidores vulnerables, ya que la  lógica  fijación de la renta per cápita familiar se ha esfumado desde la creación del bono social en el año 2009.

Irene Bartol

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Winter Package “Clean Energy for all Europeans”

El pasado 30 de Noviembre la Comisión Europea publicó su  tan esperado “Winter Package” ´. Bajo el título “Clean Energy for all Europeans” se recogen ocho  propuestas legislativas, con la intención de llevar a cabo una verdadera transformación del sistema energético europeo. Las propuestas incluyen la revisión de las Directivas de Electricidad, Eficiencia Energética  Eficiencia Energética de los edificios y Energías Renovables, el Reglamento de Electricidad, el Reglamento de seguridad del suministro de electricidad, el Reglamento de la Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores  de Energía y el Reglamento de Gobernanza.

Su objetivo es asegurar la transición desde un modelo de sistema energético centralizado y basado en combustibles fósiles hacia un sistema descentralizado y dinámico en el que los Estados Miembros cooperen y se apoyen los unos a los otros y en el que los consumidores desempeñen un rol activo gestionando su consumo energético, gracias a los contadores inteligentes y demás posibilidades que estos ofrecen, así como a través de la autogeneración de electricidad renovable a la vez que obtienen una remuneración por el excedente de electricidad producida y vendida a la red.

La propuesta comunitaria incrementa, con carácter vinculante, el objetivo de eficiencia energética del 27% al 30% para el año 2030. Se obligará a los Estados Miembros a presentar a partir del año 2018  sus Planes nacionales de energía y clima para alcanzar el objetivo comunitario.

Asimismo Bruselas propone terminar con las subvenciones a las energías renovables, las cuales  deberán paulatinamente integrarse y competir en el mercado junto a otras tecnologías con el fin de minimizar posibles distorsiones en los mercados. También se limita para las nuevas instalaciones y en función de su potencia el derecho del que gozaban de prioridad en el despacho.

La Comisión  permitirá a los Estados Miembros hacer uso de los llamados “mecanismos de capacidad” pero únicamente como último recurso y en cumplimiento de principios europeos basados en reglas de mercado, tecnológicamente neutros y abiertos a la participación transfronteriza, todo ello con el fin de evitar que dichos mecanismos se conviertan en una puerta abierta a subsidios para combustibles fósiles.

Con este paquete legislativo se  pretende conseguir una gestión  más flexible de las redes de electricidad por parte de los operadores de redes y los comercializadores de energía de forma que sea posible una mayor integración de las energías renovables en el sistema energético. Se destaca el prominente rol de los gestores de la red de distribución en esta transición energética en la que las redes locales adquirirán una mayor relevancia y se proponen criterios y principios para modernizar la estructura para la remuneración de estos agentes con el fin de incentivar la innovación y una gestión más activa y eficiente de la red.

Se inician a partir de ahora las negociaciones en el Parlamento Europeo y en el Consejo hasta la adopción de este paquete legislativo, proceso que bien podría  durar unos dos años.

Carmen Gimeno

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El IAE y las comercializadoras de energía eléctrica: nuevas tormentas locales

En los últimos meses muchas empresas comercializadoras de energía eléctrica están recibiendo requerimientos de Ayuntamientos en cuyos municipios comercializan electricidad, exigiéndoles el pago de la cuota del IAE, pese a no disponer de local en su municipio.

El argumento dado por los Ayuntamientos, siguiendo a la Dirección General de Tributos, es el siguiente: a falta de epígrafe específico relativo a la actividad de comercialización de energía eléctrica, procede aplicar aplicar epígrafes de actividades no clasificadas en otras partes (n.c.o.p). En concreto, el epígrafe 619.9 para el comercio al por mayor de energía eléctrica y el epígrafe 659.9 para el comercio al por menor de energía eléctrica (RDLeg 1175/1990). Ambos referidos, exclusivamente, a cuotas municipales, sin prever la posibilidad de tributar por cuota provincial o estatal.

Si tenemos en cuenta que los márgenes de comercialización cada vez son más reducidos, las consecuencias pueden ser nefastas para comercializadoras con escasa presencia en un municipio, hasta el punto de que la cuota a pagar podría exceder del beneficio obtenido en dicho municipio.  O sea, con pocos clientes en un municipio concreto, y poco margen comercial, puede que ejercer la actividad de comercialización de energía eléctrica cueste dinero, es decir, que se trate de una actividad a pérdida.

Surge la duda (o no) de si en este caso el IAE se estaría convirtiendo en un impuesto confiscatorio, que agota la renta gravable, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva. Cierto que la Constitución de 1978 se refiere a la no confiscatoriedad del sistema tributario español, y no a la de un impuesto en concreto, pero en cualquier caso, esto no parece razonable. Y trascendiendo del ámbito tributario, los efectos también serían perniciosos para fomentar la libre competencia, ya que de facto muchos ciudadanos dejarían de tener acceso a comercializadoras de fuera de su zona, que rechazarían tenerlos como clientes por no poder obtener ningún beneficio con ellos, por mínimo que fuese.

Quizá si la normativa  reguladora del IAE (en este caso, el RDLeg 1175/1990) se hubiese actualizado, tomando en consideración que desde 1997 (Ley 54/1997) la comercialización de energía eléctrica es una actividad diferenciada, este conflicto habría podido evitarse.

Una vez más, nos toca esperar las resoluciones de los Tribunales de Justicia, que sabemos que llegarán puesto que ya hay procedimientos en curso. Pero tardarán. Y en todo caso, ¿no sería mejor una normativa actualizada, que diese respuesta a todas las circunstancias en las que pueden encontrarse las empresas comercializadoras, permitiendo el libre ejercicio de su actividad en cualquier municipio?

Isabel Bassas, Abogada y Profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra

 

 

 

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El Gobierno tropieza de nuevo con el bono social

El Tribunal Supremo ha vuelto a declarar inaplicable el mecanismo de financiación del Bono Social, actualmente previsto en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico (LSE), en ocasión de los recursos interpuestos por dos eléctricas contra el ‘’Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. ’’

Para obtener la declaración de inaplicación del mecanismo de financiación, la cuestión ha tenido que llegar al Tribunal Supremo, pues no olvidemos que la Audiencia Nacional, contra todo pronóstico, optó por validar el régimen de financiación del Bono Social establecido en el art. 45 LSE, hoy declarado nulo.

A estos efectos, debe matizarse que dicha declaración de inaplicación por parte del Tribunal Supremo no afecta a la prestación del Bono Social en sí misma –la cual se mantiene a favor de los colectivos que tienen derecho al mismo-, sino únicamente a su régimen de financiación.

Siendo sinceros hemos de decir que poco nos sorprende esta decisión ya que la configuración actual del bono social, así como el mecanismo de reparto de su coste -establecido en el Real Decreto-Ley 9/2013 y el art. 45 de la LSE-, resulta prácticamente idéntico al sistema de financiación que en su día recogía el Decreto-Ley 6/2009 y que fue declarado nulo por el mismo Tribunal Supremo en su Sentencia de 7 de febrero de 2012.

La única diferencia es que en el RDL 6/2009 la asunción del coste del bono social se hacía recaer en exclusiva sobre las grandes empresas de generación de energía eléctrica, mientras que en el RDL 9/2013 dicha obligación se imponía a las ‘’matrices de las sociedades o grupos de sociedades que realicen simultáneamente actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica’’.

Sin embargo, el hecho de haber ampliado –con carácter limitado–  los sujetos obligados a financiar el Bono Social no ha servido, a efectos de discriminación, para contar con una justificación razonable y suficiente que justifique un tratamiento diferenciado entre empresas.

En esta ocasión, La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado la inaplicación del mecanismo de financiación del Bono Social establecido en el art. 45.4 LSE, por ser contrario a la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que establece que “las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales”.

A estos efectos, el Supremo ha considerado que vulnera el principio de proporcionalidad, “en cuanto que hace recaer la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria”.

De esta forma, ha concluido la Sala, que el sistema de financiación del Bono Social  es discriminatorio y desproporcionado en la medida en que se hace recaer sobre determinados agentes del sistema eléctrico, ‘’algunos de ellos con muy escaso peso específico en el conjunto del sector’, eximiendo de dicha carga a otras entidades o grupos empresariales que pueden estar en mejores condiciones para asumir aquel coste, sea por su volumen de negocios o por su importancia relativa en algunos de los sectores de actividad.

Pues bien, sobre la base se dicha argumentación, el Tribunal Supremo ha declarado la inaplicabilidad del régimen de financiación del Bono Social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, así como de los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, reconociendo el derecho de las recurrentes a ser indemnizadas por las cantidades abonadas en concepto de Bono Social en aplicación del mencionado Real Decreto.

Es de destacar que, para resolver ambos recursos, el Tribunal Supremo se ha sustentado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recogida en la reciente Sentencia de 7 de septiembre de 2016 (Asunto C121/15, Anode), haciendo una extrapolación al sector eléctrico de las consideraciones efectuadas por el TJUE con respecto al artículo 3.2 de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, en lo que se refiere a la necesaria observancia del principio de proporcionalidad como las relativas a la exigencia de que las obligaciones de servicio público sean claramente definidas, transparentes, no discriminatorias y controlables.

Tras este varapalo del Tribunal Supremo, sólo nos queda esperar como resolverá el Gobierno, esta vez, la cuestión del mecanismo de financiación del Bono Social.

Quizás sea una pista que el propio Tribunal Supremo apunte que ‘’el legislador podría configurar la financiación del bono social como coste del sistema eléctrico, y, también, podría prever su financiación mediante la creación de un fondo social a cargo de los Presupuestos del Estado’’.

Olga Majoral Bustos                                                                                                                                             Abogada

 

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